MIAMI.- La administración Biden, actual gobierno de EEUU, insiste en estar dispuesto a aliviar las sanciones petroleras a Venezuela si el régimen de Nicolás Maduro responde “positivamente a medidas significativas” que conduzcan a la plena implementación del Acuerdo de Barbados, que contempla como punto central elecciones libres e inclusivas en el país sudamericano.
El embajador de la Oficina Externa para Venezuela de EEUU, Francisco Palmieri, expresó que la Administración de Joe Biden “sigue abierta” al alivio, luego de reunirse con empresarios estadounidenses, según señala en la cuenta de la institución diplomática en la red X.
Es la segunda ocasión en que el gobierno de Biden insta al régimen de Venezuela a cumplir el Acuerdo de Barbados, suscrito en octubre de 2023, luego de que el 18 de abril pasado informó su decisión de revertir parcialmente las sanciones, al señalar que Maduro estaría incumpliendo los compromisos electorales contraídos, de cara a las elecciones presidenciales.
El CNE asociado al régimen no permitió la inscripción de la candidata por primarias opositoras, María Corina Machado, por su ilegal inhabilitación; ni la de su designada, la académica Corina Yoris, el 25 de marzo, a pesar de cumplirse los tiempos establecidos en el cronograma electoral.
No obstante estos hechos, el gobierno Biden señaló en abril que “se evaluará el cumplimiento de los compromisos por parte del régimen de Maduro y se tomarán decisiones sobre cómo proceder”.
¿Hacia elecciones libres?
En el Acuerdo de Barbados se establece, entre los puntos fundamentales, que «permitirá las aspiraciones de cualquier actor político sin más limitaciones que las establecidas por la Constitución y la ley», además de la realización de elecciones en 2024 y la observación electoral en el país, previa realización de primarias con garantías.
A pesar de que el CNE aceptó, incluso fuera del lapso, la postulación e inscripción del diplomático Edmundo González Urrutia como candidato presidencial de la oposición unitaria, especialistas en el tema electoral han señalado inconsistencias e irregularidades a lo largo del proceso electoral organizado por el organismo, en detrimento de la celebración de elecciones libres y transparentes que garanticen la participación de fuerzas opositoras.
Además del incumplimiento del cronograma electoral que elaboró el propio CNE, y de la opacidad informativa, expertos resaltan los obstáculos para el Registro de electores en el exterior, propiciados por el régimen, a 82 días de los comicios.
Durante el mes que duró la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del Registro Electoral nacional y en el exterior, que culminó e 16 de abril, especialistas revelan datos desalentadores para el ejercicio del derecho político de venezolanos en el exterior.
De 4.5 millones de electores inscritos y residentes en el exterior, 1.851.508 aproximadamente podrán votar. Sin embargo, más del 40% no podrán ejercer su derecho al voto debido al cierre de sedes diplomáticas de Venezuela. Entre ellos se encuentran 37.000 en EEUU y 5.000 en Canadá, países con los que el país no tiene relaciones diplomáticas. A estos se agregan los votantes residentes en Ecuador, donde el régimen cerró sus consulados tanto en en la ciudad de Quito, como en Guayaquil.
Además, solamente 508 nuevos electores lograron inscribirse y a 6.000 se le tramitó el cambio de residencia, según precisaron especialistas.