El intercambio de acusaciones que tiene lugar entre la exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz y el actual fiscal del régimen de Maduro, Tarek William Saab, figura como un nuevo capítulo en el historial de purgas que al parecer se ha desatado entre altos funcionarios chavistas que intercambian acusaciones y se achacan culpas en las que hasta hace muy poco actuaban en complicidad.
Ortega Díaz, sobre quien pesan tres investigaciones abiertas en el Ministerio Público (MP) venezolano por actividades de corrupción con millonarios contratos de construcción con la petrolera PDVSA, en estos momentos, desde su condición de exiliada del régimen, acusa a William Saab de haber utilizado cargos públicos para enriquecerse a través de una empresa constructora que mantiene una serie de contratos con el chavismo.
Mediante un video difundido en la red social X, antes Twitter, este lunes, Ortega Díaz denunció la vinculación del actual fiscal con la compañía constructora Conkor, de la cual asegura que es el verdadero propietario.
La exfiscal Ortega asegura que durante el mandato de Saab como gobernador del estado Anzoátegui, entre 2005 y 2012, Conkor fue “intencionalmente beneficiada con la adjudicación de 84 contratos para la ejecución de obras públicas” en la entidad.
Aunque aparecen como dueños legales Alejandro Josué Ruiz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, a quienes señaló como testaferros de Saab, la exfiscal afirma que tiene en su poder pruebas de estos contratos.
Aseguró que estas fueron obtenidas durante un allanamiento que se realizó a las oficinas de la constructora Conkor, como parte de la investigación del desfalco a la faja petrolífera del Orinoco.
Añadió que también se encontraron documentos que “evidencian todas las irregularidades de esos contratos, como adjudicación directa y sin licitación, obras inconclusas y contratos con sobreprecio”.
Ortega Díaz puntualizó que por otra parte se pudo obtener evidencias de que entre 2003 y 2017, la mencionada empresa mantuvo 59 contratos de obras y servicios con empresas filiales y mixtas de la estatal petrolera PDVSA.
Entre las cuales mencionó las filiales de la compañía estatal petrolera se encontrarían Petrocedeño, Pequiven, Petrodelta, Petrojunín y Petropiar, y enfatizó que todas tienen relación con actividades en la zona del Orinoco.
“En ese allanamiento también encontramos documentos donde se evidencian todas las irregularidades de esos contratos, como adjudicación directa y sin licitación, obras inconclusas y contratos con sobreprecio”, agregó.
La exfiscal general del país suramericano detalló que el valor acumulado de los contratos vinculados a Saab “superan los 1.000 millones de dólares”.
De acusada a denunciante
Ortega Díaz, ha sido acusada anteriormente de lo mismo por el actual fiscal. La exfuncionaria chavista permaneció en el cargo de Fiscal General de la nación por casi 10 años, periodo durante el cual fue acusada de haber perseguido judicialmente a venezolanos disidentes sin que pudiera probar cargos penales en contra de ellos.
En marzo de 2017, decidió mostrar sus diferencias con la dictadura venezolana, por lo que fue destituida del cargo señalada de traición, y se vio obligada a huir en agosto de ese año a Aruba y luego a Colombia.
Saab precisó que la investigación contra Ortega se desarrolla “por encabezar un esquema de pago de sobornos para no desarrollar investigaciones contra empresarios y funcionarios corruptos, mientras era la máxima autoridad del Ministerio Público de Venezuela”.
Investigada en EEUU
La fiscalía de la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos, abrió una investigación contra Ortega desde hace siete años, por delitos de soborno y obstrucción a la justicia. Tanto ella como su esposo fueron acusados de liderar un “cartel de extorsión”, junto a otros directivos del Ministerio Público.
En 2021, se dio a conocer que Luisa Ortega estaba implicada en un caso de corrupción que involucra a Carlos Urbano Fermín, un empresario venezolano acusado de haber pagado sobornos por el valor de un millón de dólares.
Este resultó condenado a 120 días de prisión y cinco años de probatoria en 2022, tras declararse culpable de haber pagado sobornos a un fiscal de alto rango, en conspiración para defraudar a Estados Unidos.
Anteriormente, ya había salido a la luz pública que la Fiscalía Federal de Miami llevaba adelante una acusación contra Luisa Ortega Díaz, por presuntos sobornos por parte de Urbano Fermín, con el fin de que fuese desestimado un caso de corrupción abierto contra sus empresas.