LA HABANA.- En Cuba continúa la «represión de la disidencia», las «trabas» a los defensores de derechos humanos, y la discriminación sigue «muy extendida», denunció Amnistía Internacional, en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos.
En 2023 continuó «la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas, integrantes de la oposición política y periodistas”, detalló el informe.
Asimismo, la ONG denunció que «se pusieron trabas y se atacó» a defensores de derechos humanos, que «en algunos casos seguían en prisión sin el debido proceso”, precisó el informe en su apartado sobre la isla caribeña.
Incluyó que persiste «la crisis humanitaria y económica, y hubo escasez de alimentos, combustible y electricidad”.
Discriminación «muy extendida»
Para Amnistía Internacional la discriminación en Cuba afecta a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, disidentes políticos y miembros de comunidades religiosas.
Sobre el contexto político, Amnistía Internacional resaltó que Cuba carece de «una institución nacional de derechos humanos conforme con los Principios de París”. Añadió que la isla permanece cerrada a organizaciones internacionales de derechos humanos y que los medios de comunicación internacionales tienen «impedimentos para hacer el seguimiento de los juicios de disidentes de la esfera política”, señaló.
En noviembre de 2023, la Unión Europea (UE) y Cuba mantuvieron su cuarto diálogo sobre derechos humanos, “en el que la UE expresó preocupación por las detenciones y las largas condenas de prisión relacionadas con las protestas de julio de 2021”.
También, el informe indicó que en 2023 se implementó un nuevo Código Penal «que mantenía la pena de muerte, así como disposiciones que limitaban los derechos humanos y se utilizaban para acallar y encarcelar a activistas».
Represión a disidentes
Acerca de la represión a la disidencia, Amnistía Internacional denunció que la vigilancia y el hostigamiento de activistas, opositores, periodistas y artistas seguían siendo generalizados.
“La detención arbitraria y los procesos penales sin las debidas garantías continuaban siendo prácticas habituales, y quienes se encontraban en situación de privación de libertad soportaban duras condiciones penitenciarias”, remarcó el texto.
De igual manera, citó estudios de la organización Justicia 11J, el cual dijo que al menos 793 personas seguían detenidas en relación con su participación en las protestas que ocurrieron en la isla el 11 de julio de 2021.
Mencionó que el 6 de mayo de 2023, “el gobierno reaccionó con fuerza excesiva ante la protesta por las malas condiciones de vida y la falta de derechos humanos que tuvo lugar en el municipio de Caimanera, Guantánamo. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron violencia física contra quienes participaban en el acto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la detención arbitraria de al menos cinco manifestantes y condenó la existencia de una constante represiva”.
De igual forma, el 26 de mayo, el órgano legislativo cubano “aprobó una ley sobre comunicación social que mantenía la prohibición de los medios de comunicación de propiedad privada y establecía restricciones excesivas en relación con la información pública y el uso de Internet”.
Esa ley, advirtió la ONG, otorgaba al régimen facultades “para ordenar a los operadores de telecomunicaciones que dejaran de prestar sus servicios a quienes publicaran información que se considerara perjudicial para el orden público o la moralidad”.
“José Daniel Ferrer García, activista político y líder opositor que lleva detenido desde julio de 2021 -fecha en la que también había sido sometido a desaparición forzada-, estuvo recluido en régimen de incomunicación mientras su salud se deterioraba. Al concluir el año, continuaba privado de libertad”, agregó el informe.
Durante 2023, fue habitual en Cuba «que la policía citara a interrogatorio a periodistas y activistas en relación con sus actividades lícitas». Citó el caso del periodista Yeris Curbelo Aguilera que en mayo de 2023 «fue interrogado por agentes de la seguridad del Estado» tras haber informado sobre las protestas en Caimanera.