La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha presentado este martes un informe elaborado por su Gobierno sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, que recoge la cronología de la crisis política que se desató por las «irregularidades» en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre reafirmando la tesis del nuevo Ejecutivo.
Áñez ha explicado que se trata de un informe redactado por el Ministerio de Justicia de 65 páginas, que «contiene información relevante y esencial para entender todos los acontecimientos ocurridos después del fraude de octubre del año pasado».
«Yo debo manifestar mi satisfacción por este trabajo que ha realizado el Ministerio de Justicia y todo el equipo, porque creo que es necesario que el pueblo boliviano conozca lo que realmente pasó«, ha dicho desde el Palacio de Gobierno, según informa la agencia de noticias oficial ABI.
La mandataria boliviana ha precisado que «el informe contiene una cronología de todos los hechos jurídicamente relevantes«, entre los que ha mencionado los «antecedentes antidemocráticos» de las elecciones presidenciales, «las irregularidades observadas en los comicios», las «protestas pacíficas» contra las mismas y «las amenazas y los ataques de Morales contra la sociedad civil», así como «los ataques terroristas de partidarios de Morales«.
Áñez ha hecho hincapié en que «el informe precisa por qué el ex presidente Evo Morales ha incurrido en la apología del odio, puesto que amenazó con ejecutar un cerco a las ciudades que protestaban contra las irregularidades de las elecciones».
El texto también narra la «sucesión constitucional» que catapultó a Áñez, hasta entonces vicepresidenta del Senado, a la Presidencia del país. «Relata con detalles cómo el 10 de noviembre a las 16.51 (hora local) Morales cesa en su mandato (…) dejando al Estado con una ausencia de Gobierno hasta el 12 de noviembre, fecha en que se produjo la sujeción presidencial conforme al artículo 169 de la Constitución», ha precisado.
La presidenta interna ha confiado en que este informe sirva para que la comunidad internacional sepa «cómo fueron todos los acontecimientos», en contra de la versión ofrecida por Morales, al que ha acusado de «distorsionar lo que realmente sucedió» para «justificar todo ese proceso violento«.
En este sentido, ha defendido que ella y su Gabinete se han limitado a «pacificar el país» en medio del vacío de poder dejado por el líder indígena. «Está claro que a Evo Morales no le interesa Bolivia, sino mantener el poder», ha aseverado.
Morales dimitió después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara «irregularidades» en el proceso electoral, confirmando de esta forma el «gigantesco fraude» que había denunciado la oposición boliviana.
El líder indígena considera que es «víctima» de un «golpe de Estado» porque dimitió después de que así se lo sugirieran las Fuerzas Armadas y la Policía. En un primer momento huyó a México pero, tras una breve estancia en Cuba, recaló en Argentina, donde está en calidad de refugiado.
El MAS de Morales y el nuevo oficialismo llegaron a un acuerdo en el Congreso para celebrar unas nuevas elecciones presidenciales el 3 de mayo vetando expresamente a Morales, por lo que se limitará a dirigir la campaña desde Buenos Aires.
Fuente: Diario las Americas
La mandataria boliviana ha precisado que «el informe contiene una cronología de todos los hechos jurídicamente relevantes«, entre los que ha mencionado los «antecedentes antidemocráticos» de las elecciones presidenciales, «las irregularidades observadas en los comicios», las «protestas pacíficas» contra las mismas y «las amenazas y los ataques de Morales contra la sociedad civil», así como «los ataques terroristas de partidarios de Morales«.
Áñez ha hecho hincapié en que «el informe precisa por qué el ex presidente Evo Morales ha incurrido en la apología del odio, puesto que amenazó con ejecutar un cerco a las ciudades que protestaban contra las irregularidades de las elecciones».
El texto también narra la «sucesión constitucional» que catapultó a Áñez, hasta entonces vicepresidenta del Senado, a la Presidencia del país. «Relata con detalles cómo el 10 de noviembre a las 16.51 (hora local) Morales cesa en su mandato (…) dejando al Estado con una ausencia de Gobierno hasta el 12 de noviembre, fecha en que se produjo la sujeción presidencial conforme al artículo 169 de la Constitución», ha precisado.
La presidenta interna ha confiado en que este informe sirva para que la comunidad internacional sepa «cómo fueron todos los acontecimientos», en contra de la versión ofrecida por Morales, al que ha acusado de «distorsionar lo que realmente sucedió» para «justificar todo ese proceso violento«.
En este sentido, ha defendido que ella y su Gabinete se han limitado a «pacificar el país» en medio del vacío de poder dejado por el líder indígena. «Está claro que a Evo Morales no le interesa Bolivia, sino mantener el poder», ha aseverado.
Morales dimitió después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara «irregularidades» en el proceso electoral, confirmando de esta forma el «gigantesco fraude» que había denunciado la oposición boliviana.
El líder indígena considera que es «víctima» de un «golpe de Estado» porque dimitió después de que así se lo sugirieran las Fuerzas Armadas y la Policía. En un primer momento huyó a México pero, tras una breve estancia en Cuba, recaló en Argentina, donde está en calidad de refugiado.
El MAS de Morales y el nuevo oficialismo llegaron a un acuerdo en el Congreso para celebrar unas nuevas elecciones presidenciales el 3 de mayo vetando expresamente a Morales, por lo que se limitará a dirigir la campaña desde Buenos Aires.
Fuente: Diario las Americas