La reimposición de sanciones estadounidenses a la dictadura de Nicolás Maduro parece algo cada vez más lejano. El gobierno de Joe Biden se mantiene en silencio frente a las últimas decisiones del régimen, que avanza con una farsa electoral y encarcela a opositores y defensores de derechos humanos. Mientras tanto, empresas petroleras que se han visto beneficiadas con las licencias temporales otorgadas por la Casa Blanca al petróleo y el gas venezolano parecen más interesadas en preservas sus intereses económicos que en ayudar al retorno de la democracia en Venezuela. Las razones son obvias. Chevron figura entre estas compañías al proyectar perforar hasta 30 pozos en la zona de crudo pesado de la Faja del Orinoco hasta el año 2025.
Se espera que con estas nuevas perforaciones aumente la producción general en tres empresas conjuntas entre Chevron y la estatal PDVSA “en 35 % hasta 250.000 barriles por día para 2025, lo que llevará a que se envíe más suministro a Estados Unidos”, indica un reporte de Bloomberg. Un trato que beneficia al gigante norteamericano, urgido por ese suministro. Los acuerdos firmados en Barbados quedan de lado, los mismos de los que EE. UU. prometió ser garante al establecer un plazo de seis meses para que Maduro cumpliera una serie de requisitos en pro de la celebración de elecciones realmente libres. Nada de eso se cumplió. El régimen ratificó la inconstitucional inhabilitación a la candidata opositora María Corina Machado y anunció un calendario electoral a la medida de Maduro.
Chevron blinda su acuerdo con Venezuela
En febrero trascendió que la Administración Biden permitió el retorno de bonos venezolanos a la serie Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de JPMorgan a partir del 30 de abril, cuando, en teoría, Washington restablecerá las sanciones al petróleo y el gas desde el 18 de abril, según anunció el Departamento de Estado.
El exsubsecretario de Estado de EE. UU., Otto Reich, dijo en una reciente entrevista con PanAm Post que grupos comerciales y compañías petroleras aprovecharían la ventana que concedió la Casa Blanca a Maduro para hacer negocios con el régimen chavista. No solo eso, buscarían además “presionar al gobierno de Biden para que no restaure las sanciones”. El pronóstico parece estarse cumpliendo. Maduro se ha venido burlando de Estados Unidos al emprender una nueva persecución judicial con la que activa la “puerta giratoria”, ocupando con nuevos presos políticos las celdas que había dejado vacías en diciembre, cuando logró que Washington le entregara al empresario Álex Saab, quien esperaba un juicio en EE. UU. por el lavado de unos 350 millones de dólares junto con la dictadura venezolana.
La perforación de los pozos petroleros está respaldada por una licencia otorgada a Chevron por el Tesoro de Estados Unidos en 2022. Así, esta se convierte en “una capa de protección” para la petrolera estadounidense y sus proveedores venezolanos en el hipotético caso de que se restablezcan las sanciones en abril.
Maduro no cumplió con lo establecido en la Licencia General 44 del Departamento de Estado que aliviaba las sanciones en materia de gas y petróleo hasta el 18 de abril a cambio de que el régimen “respete los principios de la hoja de ruta y garanticen que los actores políticos de la oposición tengan el derecho a elegir libremente a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024”, como reza el comunicado estadounidense. Por tal motivo, EE. UU. anunció que esta licencia no se renovará el próximo mes, como estaba previsto si se respetaba lo acordado en Barbados. Sin embargo, Chevron parece blindada para no verse afectada por esta decisión, lo que en parte sigue beneficiando a PDVSA y al régimen chavista.