LUIS ZÚÑIGA,
Las ambiciones hegemónicas de China son cada día más abarcadoras. Por su importancia política, una prioridad es lograr el control de las instituciones internacionales. Ya hemos visto cómo ha usado sus programas de “asistencia” a los países en desarrollo para apoderarse de su voto y opiniones en Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de la Salud.
Ahora, usando esa influencia diplomática en Naciones Unidas, el régimen de Pekín ha tratado de dar “legitimidad internacional” a su anunciada invasión militar a Taiwán, argumentando que la Resolución 2758 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1971, sustenta “el derecho de soberanía” de China sobre la isla.
Incuestionablemente, esa torcida interpretación ha sido rechazada por la abrumadora mayoría de los gobiernos democráticos, pero, desafortunadamente, estos no constituyen mayoría en Naciones Unidas. Y ahí es donde se basa la maniobra de Pekín.
La Resolución 2758 fue aprobada bajo determinadas condiciones que posteriormente desaparecieron. En 1971, el régimen chino consiguió los votos necesarios, bajo el respaldo de la Unión Soviética, que contaba con innumerables gobiernos satélites que recibían subvenciones de Moscú. Como evidencia incuestionable está el hecho de que el país que presentó la resolución, Albania, era una brutal dictadura comunista.
La maniobra para otorgar el asiento en la ONU a la República Popular China comenzó en 1961, pero la Resolución 1668 estableció entonces que, para cambiar la representación china, se requerirían dos terceras partes. Tuvo 61 votos a favor y 34 en contra.
Diez años más tarde, el tema volvió a la agenda. Numerosas veces las votaciones reflejaron el dominio comunista sobre Naciones Unidas, oponiéndose a las propuestas de gobiernos democráticos de dar representación a ambas partes, como era usual entonces. Por ejemplo, Alemania tenía dos asientos, uno de la comunista y otro de la democrática. Todos los esfuerzos por lograr un entendimiento, fracasaron.
Pero todavía existía un impedimento: la Resolución 1668, que exigía las dos terceras partes para aprobar un cambio de asiento. Este obstáculo también lo removieron. De nada valieron los argumentos de Estados Unidos de que “no correspondía a Naciones Unidas decidir quién representaba al pueblo chino, puesto que estaba dividido desde hacía más de 20 años y ya tenían formas de gobierno diferentes y vidas separadas”.
También se ignoró el hecho de que la Pekín nunca había presentado su solicitud formal de ingreso a Naciones Unidas, como exige la Carta. Ni siquiera se respetó que Taiwán (República de China) era miembro fundador de la ONU.
Ante tanta arbitrariedad e imposiciones, el representante de Taiwán en Naciones Unidas declaró: “En vista del frenesí y la irracionalidad mostrada en este foro, la delegación de la República de China (Taiwán) ha decidido no tomar parte en ningún otro procedimiento de esta Asamblea General”. Y agregó: “Los ideales bajo los que fue fundada Naciones Unidas y su Asamblea General, han sido ahora traicionados”.
De esa forma se conjuró la salida de Taiwán. En ningún lugar la Resolución 2758 reconoce soberanía a la República Popular China sobre Taiwán. El mundo libre no puede permitir que Pekín use una falsedad para justificar su guerra de agresión imperialista contra una isla pequeña e independiente.
Luis Zúñiga es analista político y exdiplomático.