WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH) exhortaron al legislativo de Chile a respetar los derechos fundamentales en materia de seguridad.
Este lunes 3 de junio, mediante un comunicado, ambas instancias manifestaron su preocupación por el debate en el Congreso de normas que podrían disminuir la rendición de cuentas y favorecer la impunidad de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
En ese contexto se refirieron al proyecto de ley No. 15.805-07 relativo al personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas, texto que fue remitido al Congreso. «Preocupa que se haya eliminado el principio de proporcionalidad (según el cual el nivel de fuerza utilizado debe guardar estricta relación con la gravedad de la amenaza o delito y el objetivo legítimo de orden público o de aplicación de ley que se persigue), y que se incluya una disposición (artículo 15) que establece nuevas presunciones para eximir de responsabilidad criminal a las personas funcionarias responsables de hacer cumplir la ley», indicaron la CIDH y la ONU.
Subrayaron también que el empleo de la fuerza por parte de agentes del Estado «debe operar con estricta observancia de los estándares internacionales de derechos humanos y rendición de cuentas a nivel individual e institucional, incluidos los altos mandos».
Retroceso en Chile
Asimismo, la CIDH y la ONU advirtieron que la ausencia del principio de proporcionalidad de la fuerza podría representar «un grave retroceso para los derechos humanos en Chile».
«La evidencia internacional demuestra que reducir la rendición de cuentas no es un camino efectivo para enfrentar la criminalidad y los lamentables hechos de violencia contra funcionarios de las fuerzas de seguridad. Una verdadera protección y fortalecimiento de la labor policial debe incluir mayor inversión en inteligencia policial, mejoramiento de incentivos y altos niveles de capacitación (por ejemplo, en derechos humanos), así como mejores condiciones laborales de las y los funcionarios, incluido el acceso a la salud mental», expresó el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.