MIAMI. Tres años y medio después de su llegada a la Casa Blanca, Joe Biden emitió una orden ejecutiva que restringe la entrada y otorgar asilo a migrantes indocumentados en Estados Unidos. La medida entró en vigencia la madrugada del 5 de junio, en medio de fuertes críticas en el contexto de un año electoral.
La disposición refleja un drástico cambio de timón de la política migratoria en EEUU debido al aumento del número de personas que cruzan la frontera, lo cual ha sido calificado como la más grande de la historia.
El presidente Biden anunció el cierre de la frontera sur a los inmigrantes que crucen de manera ilegal para solicitar asilo una vez que se alcance un límite de casos diarios. Los republicanos han calificado la orden ejecutiva tardía, insuficiente para resolver la crisis y con fines electorales.
Biden se postula a la reelección y el tema de la inseguridad fronteriza y la llegada de millones de indocumentados se ha convertido en el principal tema de la elección presidencial de noviembre próximo.
Millones de inmigrantes han arribado por cruces fronterizos durante la administración demócrata. El total de ingresos irregulares desde 2021 hasta el pasado mes de abril es de 9.905.422. La cifra no incluye a los que han logrado escapar de las autoridades.
El número de migrantes que han logrado fugarse de las autoridades federales en la frontera se ha disparado en los últimos tres años. El total se calcula en 1.664.203. El portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivarez, dijo que las cifras registradas en los últimos tres años no tienen precedentes y son preocupantes.
A continuación se abordan los puntos clave para entender esta nueva política que intenta frenar el masivo movimiento migratorio en la frontera sur de EEUU.
La nueva política migratoria se activará cada vez que las autoridades registren más de 2.500 detenciones por día durante una semana y se suspenderán si bajan a menos de 1.500 en el mismo periodo. Durante mayo, unos 3.800 migrantes cruzaron la frontera cada día. La frontera se reabriría a los solicitantes de asilo solo cuando el número de cruces disminuyera significativamente. La cifra tendría que mantenerse por debajo de una media diaria durante siete días seguidos, y la frontera se reabriría a los inmigrantes dos semanas después. Significa que cuando se llegue a ese número se cierra la frontera para indocumentados.
El decreto presidencial contempla que se agilice todo lo relacionado con deportaciones porque se otorga un mayor poder discrecional a los agentes de inmigración y prevé el aumento de vuelos de personas que serán deportadas a sus países de origen. El plan habla de una mayor cooperación con México, pero sin mayores detalles. Aquellas personas que solicitan protección por temor a regresar a sus países le exigirán más pruebas del que hasta ahora se sometían para pasar la prueba con ese argumento. Quienes sean expulsados no podrán ingresar al país en cinco años.
La nueva orden no afecta a las niñas y niños que ingresen a EEUU sin acompañantes, por lo que muchas organizaciones esperan que estás prácticas sigan en aumento. Están también exentas las víctimas de trata de personas o que su vida corra peligro en su país por amenazas que deben quedar demostradas. Los que tengan una urgencia grave médica también pasan la prueba. La orden no afecta el programa CBP One (por el que los migrantes pueden tramitar su cita para solicitar asilo mediante una aplicación móvil) ni al parole humanitario anunciado en enero de 2023 para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos.
Organizaciones que trabajan por los derechos de inmigrantes criticaron duramente la orden ejecutiva porque se necesitan soluciones para abordar los desafíos en la frontera, pero las acciones tomadas por el gobierno pondrán en riesgo miles de vidas, según ha expresado la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
A miles de migrantes, el anuncio les sorprendió en mitad de su travesía a EEUU. Mientras tanto, sigue aumentando el flujo por la Selva del Darién que hasta la fecha han llegado a Panamá 172. 936 personas, según Migración Panamá, todos ellos rumbo a su destino final: EEUU.
La orden presidencial se produce cinco meses antes de las elecciones del 5 de noviembre, en las que previsiblemente se enfrentarán Biden y el expresidente Donald Trump y en las que la inmigración irregular se presenta como uno de los asuntos de debate más expuestos. Las autoridades encargadas de gestionar la migración en los estados fronterizos de México temen que las medidas anunciadas causen una saturación de los albergues y mayor caos en los cruces fronterizos».