Una corte ordenó que el expresidente Otto Pérez Molina continúe en prisión a poco más de un mes de que inicie el juicio oral en su contra por acusaciones de corrupción en el caso conocido como “La Línea” y que desencadenó en su renuncia y encarcelamiento en 2015.
La corte negó el martes un amparo en que se solicitaba la medida de casa por cárcel para Pérez Molina por problemas de salud. El rechazo al pedido de la defensa se da por temor a que pueda interferir en el caso, informó el jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
Según la investigación develada en 2015, más de 30 personas participaron de un esquema de corrupción, presuntamente lideradas por Pérez Molina y su entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, mediante el cual se desarrolló una defraudación millonaria a través de las aduanas del país. En el caso también habrían participado otros funcionarios públicos y particulares.
Pérez Molina y Baldetti serán juzgados por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo.
El caso es una de las investigaciones más importantes contra la corrupción en el país centroamericano realizada entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -un órgano de Naciones Unidas que durante 12 años desarticuló estructuras clandestinas y apartados de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco- y la Fiscalía Especial contra la FECI.
La investigación y acusación dio pie a que en 2015 miles de ciudadanos guatemaltecos salieran a las calles de forma pacífica a manifestarse durante meses en rechazo al gobierno de Pérez Molina. En septiembre de ese mismo año, Pérez Molina renunció al cargo y fue detenido. Desde entonces espera el proceso en reclusión.
A partir de la investigación de La Línea salieron a relucir otros hechos ilícitos que llevaron a la acusación y detención de más exfuncionarios y particulares. Entre esos el llamado caso “La Cooperacha”, en que un grupo de exministros allegados a Pérez Molina habría hecho colecta de dinero proveniente de las arcas del Estado, que cada uno administraba, para comprarle regalos en su cumpleaños al entonces mandatario, entre ellos una lancha, una casa de playa y un helicóptero.
Fuente: Diario las Américas
Pérez Molina y Baldetti serán juzgados por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo.
El caso es una de las investigaciones más importantes contra la corrupción en el país centroamericano realizada entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -un órgano de Naciones Unidas que durante 12 años desarticuló estructuras clandestinas y apartados de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco- y la Fiscalía Especial contra la FECI.
La investigación y acusación dio pie a que en 2015 miles de ciudadanos guatemaltecos salieran a las calles de forma pacífica a manifestarse durante meses en rechazo al gobierno de Pérez Molina. En septiembre de ese mismo año, Pérez Molina renunció al cargo y fue detenido. Desde entonces espera el proceso en reclusión.
A partir de la investigación de La Línea salieron a relucir otros hechos ilícitos que llevaron a la acusación y detención de más exfuncionarios y particulares. Entre esos el llamado caso “La Cooperacha”, en que un grupo de exministros allegados a Pérez Molina habría hecho colecta de dinero proveniente de las arcas del Estado, que cada uno administraba, para comprarle regalos en su cumpleaños al entonces mandatario, entre ellos una lancha, una casa de playa y un helicóptero.
Fuente: Diario las Américas