WASHINGTON- Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos se mostraron reticentes a impedir que el gobierno federal contacte con las plataformas de redes sociales para que eliminar contenidos que considera «problemáticos» o «subversivos».
Tanto los jueces conservadores como los liberales del tribunal de nueve miembros parecieron reacios a respaldar el fallo de un tribunal inferior que limitaría severamente las interacciones del gobierno con las empresas de redes sociales.
El caso surge después de una demanda presentada por los fiscales generales republicanos de Louisiana y Missouri, en la que estiman que funcionarios gubernamentales fueron demasiado lejos en sus esfuerzos por combatir la desinformación sobre las vacunas y las elecciones. Y por otra parte, vendieron a la vez contenidos falsos, sin fundamentos sólidos y sólo por apreciaciones o intereses partidistas.
El año pasado, un tribunal federal inferior restringió la posibilidad de que algunos funcionarios y agencias del gobierno del demócrata Joe Biden interactuaran con compañías de redes sociales para moderar su contenido.
Fallo a favor de fiscales republicanos
El fallo, que la Corte Suprema suspendió hasta conocer el caso, fue una victoria para los conservadores que alegan que el gobierno presionó o se confabuló con plataformas como Facebook y Twitter para censurar contenidos de la derecha con el pretexto de luchar contra la «desinformación».
En representación del Departamento de Justicia ante la Corte Suprema el lunes, el procurador general adjunto Brian Fletcher dijo que existe una «distinción fundamental entre persuasión y coerción».
Pero parece que Fletcher no estuvo presente frente a todas las acciones de las empresas de redes sociales respecto a la inédita censura a la libertad de expresión del presidente de EEUU y de sus seguidores, al mejor modo de las dictaduras en el mundo. Tampoco pareció ver lo que ocurrió con la imposición de vacunación masiva obligatoria del gobierno de Biden.
El juez Samuel Alito, conservador, dijo que el expediente demostraba que los funcionarios del gobierno se habían dedicado a «molestar constantemente a Facebook y a algunas de las otras plataformas» tratándolos «como a sus subordinados».
Pero el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, también conservador, dijo que el gobierno federal no habla con una sola voz. «El gobierno no es monolítico», señaló Roberts. «Eso tiene que diluir significativamente el concepto de coerción, ¿no?».
Fletcher dijo que las interacciones entre los funcionarios de la salud y las plataformas tenían que ser vistas a la luz de «un esfuerzo para conseguir que los estadounidenses se vacunaran durante la pandemia».
Sin embargo, el gobierno de Joe Biden se puso de acuerdo con las plataformas y empresas de tecnología para censurar a científicos y Premios Nobel de Medicina que se opusieron a la vacunación masiva sin pruebas suficientes de la verdadera efectividad del tratamiento.
Desde un principio les mintieron a todas las personas al decirles que la vacuna les inmunizaba de contraer el virus llamado COVID-19 para que millones de individuos se vacunaran, algo que resultó ser totalmente falso. Y de esta forma vendieron la idea de que las personas se vacunaran sin quedar inmunizadas ni alertadas de los severos daños que ha casusado en cientos de miles de personas en todo el mundo.
Las vacunas crearon en ciertas personas minicoágulos de sangre, miocarditis, hipertensión y otros problemas registrados por investigadores y científicos, además de miles de registros médicos de personas que esas afrecciones le causaron la muerte.
Poco a poco y con información extremadamente controlada es que han salido a la luz las causas de muertes provocadas por las vacunas.
La censura durante pandemia y elecciones
«Había una preocupación de que los estadounidenses estaban recibiendo las noticias sobre la vacuna de estas plataformas y las plataformas promovían mala información», dijo Fletcher, y agregó que «las plataformas moderaron el contenido mucho antes de que el gobierno hablara con ellos».
J. Benjamin Aguinaga, procurador general de Louisiana, denunció lo que denominó «censura gubernamental». «No tiene cabida en nuestra democracia», afirmó.
La orden del tribunal inferior se aplicaba a la Casa Blanca y a una serie de agencias como el Buró Federal de Investigación (FBI), el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, así como a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
La decisión impedía que las agencias y funcionarios se reunieran con compañías de redes sociales o denunciaran contenidos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución sobre la libertad de expresión.
El fiscal general de Louisiana, Jeff Landry, acusó a los funcionarios de tratar de «dictar lo que los estadounidenses pueden y no pueden decir en Facebook, Twitter, YouTube y otras plataformas sobre el COVID-19, las elecciones, las críticas al gobierno y más».
Millones de estadounidenses fueron censurados en las plataformas de redes sociales por referirse sólo a lo que hablaban expertos sobre los riesgos de las vacunas que el gobierno y las farmacéuticas nunca dijeron a la población.
Por otra parte, antes de las elecciones de 2020 miles de personas fueron también censuradas en sus comentarios de apoyo al presidente Donald J. Trump y porque promovían las libertades de expresión y otras protegidas por la Constitución. Y después de los sucesos del Capitolio, ese nivel de censura fue al extremo, e incluyó hasta el propio presidente del país y cientos de miles de sus simpatizantes y colaboradores cercanos.
lmorales@diariolasamericas.com