El gobierno de Colombia planteó este miércoles a un tribunal de paz que expulse del Senado a dos excomandantes rebeldes que confesaron que las extintas FARC mataron en 1995 al líder y excandidato conservador Álvaro Gómez.
Durante un evento oficial en Bogotá, el presidente Iván Duque declaró que ante la gravedad de esa versión cualquiera «inmediatamente debería perder la connotación de miembro del Congreso».
El mandatario conservador, crítico del pacto de paz con la exguerrilla, agregó que los confesos deberían renunciar voluntariamente para no «revictimizar» a la familia del dirigente.
En caso contrario, dijo esperar que la justicia actúe y despoje de la «representación parlamentaria» a los exguerrilleros.
Más temprano, el consejero presidencial Miguel Ceballos pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -creada a partir de los acuerdos que condujeron al desarme de los rebeldes- que valore si hay «incompatibilidad» entre la confesión del magnicidio y la continuidad de Julián Gallo y Pablo Catatumbo en el Congreso.
Los dos llegaron al Legislativo como parte de los pactos de paz de 2016, junto a otros siete líderes del ya disuelto movimiento armado. El acuerdo con los guerrilleros fue propiciado por la dictadura de Cuba y fue suscrito por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Los crímenes de los exguerrilleros han quedado en la impunidad.
La exguerrilla abandonó las armas y aceptó someterse a la JEP a cambio de poder ejercer la política, confesar sus crímenes y reparar a las víctimas.
Los responsables que cumplan con esos compromisos recibirán penas alternativas a la prisión, si no, se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.
El martes, Gallo reconoció que él impartió la orden a sus hombres de matar a Gómez por instrucciones del antiguo mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Días antes el hoy partido de izquierda se había atribuido el asesinato del jefe conservador de 76 años -perpetrado por pistoleros a la salida de una universidad de Bogotá- en una carta firmada por Gallo y Catatumbo.
La confesión tomó por sorpresa a un país que por muchos años creyó que detrás del ataque estuvieron políticos rivales, militares o narcotraficantes. El caso fue declarado crimen de lesa humanidad y sigue en investigación.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) deberá ahora presentar pruebas de su culpabilidad, aunque de entrada Duque y la familia de Gómez pusieron en entredicho esa versión.
Para los allegados del dirigente se trata de una «gran mentira» con la que se quiere ocultar a los verdaderos responsables.
Según ellos, el crimen estuvo motivado por la oposición que ejerció Gómez al expresidente liberal Ernesto Samper (1994-1998), quien para la época enfrentaba un escándalo por la financiación del narcotráfico a la campaña que lo llevó al poder.
La FARC justificó el magnicidio por el histórico rechazo del dirigente a la rebelión comunista.
Fuente: Diario las Américas
En caso contrario, dijo esperar que la justicia actúe y despoje de la «representación parlamentaria» a los exguerrilleros.
Más temprano, el consejero presidencial Miguel Ceballos pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -creada a partir de los acuerdos que condujeron al desarme de los rebeldes- que valore si hay «incompatibilidad» entre la confesión del magnicidio y la continuidad de Julián Gallo y Pablo Catatumbo en el Congreso.
Los dos llegaron al Legislativo como parte de los pactos de paz de 2016, junto a otros siete líderes del ya disuelto movimiento armado. El acuerdo con los guerrilleros fue propiciado por la dictadura de Cuba y fue suscrito por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Los crímenes de los exguerrilleros han quedado en la impunidad.
La exguerrilla abandonó las armas y aceptó someterse a la JEP a cambio de poder ejercer la política, confesar sus crímenes y reparar a las víctimas.
Los responsables que cumplan con esos compromisos recibirán penas alternativas a la prisión, si no, se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.
El martes, Gallo reconoció que él impartió la orden a sus hombres de matar a Gómez por instrucciones del antiguo mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Días antes el hoy partido de izquierda se había atribuido el asesinato del jefe conservador de 76 años -perpetrado por pistoleros a la salida de una universidad de Bogotá- en una carta firmada por Gallo y Catatumbo.
La confesión tomó por sorpresa a un país que por muchos años creyó que detrás del ataque estuvieron políticos rivales, militares o narcotraficantes. El caso fue declarado crimen de lesa humanidad y sigue en investigación.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) deberá ahora presentar pruebas de su culpabilidad, aunque de entrada Duque y la familia de Gómez pusieron en entredicho esa versión.
Para los allegados del dirigente se trata de una «gran mentira» con la que se quiere ocultar a los verdaderos responsables.
Según ellos, el crimen estuvo motivado por la oposición que ejerció Gómez al expresidente liberal Ernesto Samper (1994-1998), quien para la época enfrentaba un escándalo por la financiación del narcotráfico a la campaña que lo llevó al poder.
La FARC justificó el magnicidio por el histórico rechazo del dirigente a la rebelión comunista.
Fuente: Diario las Américas