WASHINGTON — El gobierno del presidente Joe Biden impulsó una nueva norma que acelera la negación de asilo a migrantes que representan un peligro para «la seguridad nacional o pública», informó este jueves el Departamento de Seguridad Interior (DHS).
El cambio surge mientras el gobierno federal ha tratado de demostrar a los votantes que tiene tiene el control en la frontera sur en un año electoral en el que la inmigración es un tema clave. Los republicanos han criticado constantemente al gobierno de Biden por sus no acertadas políticas migratorias.
La nueva normativa se produce también en medio de la presión de otros demócratas y activistas proinmigrantes para que se apoye a los inmigrantes que ya están en Estados Unidos.
La migración preocupa sobremanera a los votantes, según las encuestas.
En un comunicado emitido para anunciar los cambios, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dijo que los migrantes considerados una amenaza pública son detenidos, pero que se determina si son elegibles para recibir asilo hasta más adelante en el proceso.
Hasta ahora los migrantes que presentan un riesgo para la seguridad nacional o pública permanecen bajo custodia del DHS mientras sus casos son remitidos a los jueces de inmigración, un proceso que puede durar años y es costoso.
La nueva regla permite denegar las solicitudes en cuestión de días si hay pruebas de que se les puede rechazar por motivos de «terrorismo, seguridad nacional o penales», explica el comunicado.
Funcionarios de asilo podrán decidir
Se determinaría durante las llamadas entrevistas de miedo creíble, en las que los funcionarios evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.
Se trata de identificar y expulsar «más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí», dijo el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas, citado en el comunicado.
La nueva norma, que pasará por un proceso de comentarios públicos durante el cual podría sufrir cambios antes de entrar en vigor, fue anunciada cuando faltan menos de seis meses para las elecciones presidenciales de noviembre.
En virtud de la regla propuesta, los funcionarios de asilo que escuchan casos en una etapa inicial de revisión —que se produce días después de que una persona llega al país— ahora podrán tomar en cuenta los antecedentes penales o los vínculos terroristas a la hora de decidir si alguien debe ser deportado del país.
El comunicado señala que «aunque la cantidad de migrantes que están sujetos a estas prohibiciones es pequeña», el reglamento permitiría al DHS expulsarlos rápidamente.
Expulsiones «expedita»
“Esto permitirá al DHS expulsar de manera expedita a individuos que representen una amenaza para Estados Unidos mucho antes de lo que es actualmente posible, protegiendo mejor la seguridad de nuestra frontera y de nuestro país”, señala el departamento en el comunicado, pese a que desde la llegada a la Casa Blanca la administración demócrata ha permitido el ingreso de millones de inmigrantes sin que se les investigue.
Bajo la ley actual, existen ciertas barreras obligatorias que hacen que las personas sean inelegibles para recibir asilo, por ejemplo, si han sido condenadas por un crimen particularmente grave. Pero normalmente entran en juego cuando un juez de migración toma una decisión final sobre si alguien recibe el asilo y ese proceso puede tomar años. Los migrantes suelen estar detenidos durante este tiempo, dijo el departamento.
“La norma propuesta permitirá a los funcionarios de asilo denegar solicitudes pocos días después de que una persona sea encontrada cuando haya pruebas de que la persona está excluido del asilo debido a una prohibición por terrorismo, seguridad nacional o delitos, lo que reduce significativamente el tiempo total entre el encuentro y la deportación de Estados Unidos”, dijo el departamento.
La agencia no proporcionó cifras sobre cuántas personas se verían afectadas por la determinación, pero indicó en el comunicado que era un número pequeño.
Millones siguen entrando a EEUU
Más de 1.7 millones de encuentros de migrantes reporta la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) durante el primer semestre del actual periodo fiscal (octubre a marzo), una tendencia que de continuar superaría los 3.2 millones de migrantes del año fiscal pasado.
Las cifras son alarmantes. Un total de 9.657,741 de encuentros de migrantes registra la CBP desde 2021 cuando el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca. La crisis fronteriza se ha convertido en una tema clave para las elecciones presidenciales de noviembre en las que toda indica que Biden y Trump se enfrentarán de nuevo en la carrera presidencial.
La crisis golpea las grandes ciudades como Nueva York que se ha declarado sin capacidad para recibir más migrantes. Los altos costos de atención recaen sobre los contribuyentes estadounidenses que verán mermados los servicios porque los recursos han sido destinados para atender a inmigrantes indocumentados.
Al menos 10 estados de la nación promueven leyes contra la inmigración indocumentada, con Texas y Florida a la cabeza.