Washington condenó los cargos de sedición, terrorismo y conspiración que el sistema judicial de Bolivia bajo el mandato del socialista Luis Arce impuso contra la expresidente interina, Jeanine Áñez, para detenerla hace dos semanas.
En el Gobierno de Joe Biden hay “preocupación por los crecientes signos de comportamiento antidemocrático y la politización del sistema legal en Bolivia a la luz del reciente arresto y encarcelamiento preventivo de exfuncionarios del gobierno interino”, divulgó el secretario de Estado, Anthony Blinken, a través de su cuenta en Twitter.
«Acusaciones infundadas»
En un comunicado más extenso, su despacho afirma que los arrestos de los exfuncionarios del gobierno interino “desacreditan los extraordinarios esfuerzos de tantos votantes, candidatos y servidores públicos bolivianos que permitieron las elecciones nacionales de octubre de 2020, así como la votación subnacional del 7 de marzo”.
Blinken se pliega a los argumentos de la Unión Europea, la Conferencia de Obispos Católicos de Bolivia y las organizaciones bolivianas e internacionales de derechos humanos que plantean públicamente dudas sobre la legalidad de estas detenciones por basarse en “acusaciones infundadas, aparentes violaciones el debido proceso en su ejecución y la naturaleza altamente politizada de la persecución del Gobierno boliviano”.
Una revancha judicial
La detención de Jeanine Áñez es una muestra de los riesgos que entraña un sistema judicial que responde al poder de turno y la falta de independencia que se agravó durante los 14 años que el socialista Evo Morales estuvo en el poder.
Y todo indica que ese panorama no cambiará en corto plazo, considerando que en octubre del año pasado, Luis Arce, el candidato de las filas de Morales, ganó las elecciones presidenciales y poco después de su triunfo aseguró que la justicia era una “deuda” que los socialistas saldarían con una reforma.
“Hoy las declaraciones e iniciativas presidenciales parecen promesas vacías”, analiza José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en El País.
La imputación formal contra Jeanine Áñez y los dos exministros respaldan esta postura. En el expediente la Fiscalía alega que ella y dos de sus ministros, Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, han “promovido, creado, dirigido, formado parte y prestado apoyo” a organizaciones cuyo objetivo era quebrantar el “orden constitucional” del país. Sin embargo, en el documento no resulta claro cuál es la evidencia contra ellos.
Sin alternativa
Áñez asumió el cargo sin otra opción. Era la segunda vicepresidente del Senado y se convirtió en presidente interina el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de las cuatro autoridades socialistas que la precedían en la línea sucesoria. El Tribunal Constitucional declaró que se debía seguir la línea de sucesión y que Áñez era la presidente interina legítima de Bolivia.
Ahora las instituciones van en dirección contraria y el actual ministro de Justicia, Iván Lima, sostiene que es procesada en calidad de exsenadora y no como expresidente interina.
Fuente: PanamPost