Hugo Marcelo Balderrama,
El 26 de junio, la poca tranquilidad que tiene la población boliviana fue interrumpida por el anuncio de un supuesto golpe de Estado. Los medios de prensa mostraban a una unidad militar tomando la plaza Murillo, la más importante de Bolivia, junto con una tanqueta derribando la puerta principal del Palacio Quemado, antigua oficina del presidente, hoy abandonada.
El general Juan José Zúñiga Macías, comandante general del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia designado por Luis Arce Catacora, comandaba el operativo. En una declaración incendiaria a la prensa dijo: «Exigimos la liberación de todos los presos políticos». También se hizo viral el cara a cara que tuvo con Luis Arce Catacora al interior del Palacio Quemado.
Justamente, esa es la conversación que tira para abajo la versión del golpe, pues el presidente y Zúñiga no usaron palabras subidas de tono, además que el general ni siquiera tenía un arma en la mano. Asimismo, los soldados desplegados estaban armados con balines de goma, gases lacrimógenos y bastones P44, armamento útil para contener disturbios callejeros, pero inútiles para tumbar un gobierno.
Minutos después, Arce Catacora estaba en la Casa Grande del Pueblo, la nueva y vigente oficina presidencial, nombrando un nuevo alto mando de las Fuerzas Armadas, es decir que el supuesto golpista le dio tiempo al presidente de regresar a su oficina, reunirse con otros militares y convocar a una conferencia de prensa.
El general de división, José Wilson Sánchez, nuevo comandante general del Ejército, a tan sólo minutos de su nombramiento, ordenó que todos los uniformados movilizados se replieguen a sus cuarteles. Cosa que sucedió de manera casi inmediata, ya que en diez minutos la plaza Murillo estaba invadida de los seguidores de Arce Catacora gritando: «Lucho no está sólo».
Pero, independientemente de todo el espectáculo que montó la dictadura, ¿qué pretendía el régimen con toda esta operación?
Primero, desviar la atención de los problemas económicos de Bolivia, puesto que todo esto sucede en el marco de una gran crisis que dejó a los bolivianos sin dólares, sin gas y hasta sin alimentos.
Segundo, quizás la parte más importante de la agenda, conseguir solidaridad internacional para un debilitado Arce Catacora, pues muchas voces llegaron a favor de «respetar» la democracia boliviana. Actitud muy vergonzosa de la comunidad internacional, ya que, en Bolivia, desde octubre 2003 y con mayor énfasis después de la aprobación de la constitución de carácter castrochavista el 2009, no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia.
Tercero, mostrar al mundo la supuesta gran aprobación que tiene Arce Catacora. Aunque, según CID GALLUP, el apoyo que tiene el presidente boliviano no pasa del 18 %. Por ende, la celebración de la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Paraguay brinda un escenario de resonancia inmediato a cualquier suceso extraordinario, como un «golpe de Estado».
Cuarto, según varios analistas y expertos en la temática, entre ellos, Carlos Sánchez Berzaín, toda la operación del 26 de junio es una estrategia que le daría a la dictadura la legitimidad para aplicar terrorismo de Estado. Una teoría nada disparatada, porque, en menos de 72 horas, ya han sido detenidas 21 personas, y las que todavía se vendrán.
Lo patético de la jornada fue ver a los voceros opositores oficiales apoyar a Arce Catacora. Actitud que revela, una vez más, que entre el Movimiento Al Socialismo y la oposición existe una relación incestuosa mutuamente beneficiosa para ellos, pero letal para la vida y la libertad de los bolivianos.
En conclusión, el 26 de junio es otra tragicomedia boliviana. ¡Pobre país!