CARACAS- En medio de una crisis sin precedentes en el sistema judicial venezolano, el derecho fundamental a la defensa privada enfrenta una amenaza inminente.
La imposición de restricciones por parte del régimen chavista ha dejado a los presos en una situación desesperada y despojados de opciones legales. El sistema judicial, arropado por intereses del chavismo, muestra una justicia parcial y sesgada, especialmente evidente en casos políticos donde los acusados carecen de una defensa legítima.
La flagrante violación del derecho a elegir una defensa propia, consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano y en tratados internacionales, se traduce en la asignación de supuestos defensores públicos que a menudo no cumplen con sus responsabilidades básicas.
Esta situación no solo afecta a los acusados políticos, sino también a los detenidos comunes, anulando el papel crucial del abogado defensor para garantizar un juicio justo e imparcial. La justicia venezolana, en lugar de proteger a los ciudadanos, se convierte en un instrumento de represión y control.
La sociedad venezolana sigue enfrentando los desafíos de un sistema judicial cuestionado, que pone en entredicho la vigencia del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el país
Especialista legal venezolana
La destacada abogada Blanca Rosa Mármol de León es reconocida como una figura prominente en el ámbito jurídico de Venezuela, gracias a su extensa trayectoria en el Derecho Penal, la cual ha dejado una huella perdurable en la jurisprudencia nacional. Durante su destacado periodo como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (2000-2012) y posteriormente como magistrada emérita, la doctora ha contribuido con numerosos votos y decisiones de relevancia. Respetada en el ámbito legal, su experiencia y conocimientos la posicionan como una invaluable fuente de sabiduría y orientación para la comunidad jurídica
En una entrevista publicada por el diario El Nacional, la jurista aseguró:
«No hay Estado de Derecho. Los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral están controlados por el régimen. En consecuencia, las leyes, las decisiones y los resultados de las elecciones se hacen siguiendo órdenes del Ejecutivo”, dijo Mármol de León.
Asimismo destacó “la mejor demostración de esto es la conducta de los funcionarios rectores del Consejo Nacional Electoral ante las próximas elecciones presidenciales, cuando no admitieron, sin base legal ni constitucional alguna, la candidatura de María Corina Machado, electa en las primarias por más de dos millones de venezolanos. Admitieron, una vez más, la candidatura de Nicolás Maduro, quien no cumple los requisitos constitucionales para optar a la Presidencia de la República, pues, en el mejor de los casos, tiene doble nacionalidad. La persecución de la disidencia política es otra evidencia de la ausencia de Estado de Derecho. Para decirlo claramente: En Venezuela no hay instancias ante las cuales acudir”, sostuvo la magistrada.
—¿Cuál es su opinión sobre la negación del gobierno venezolano de permitir la participación de abogados privados en la defensa de los detenidos?
—Es una violación de los derechos legales y constitucionales de las personas sometidas a juicios penales. El derecho a nombrar específicamente un abogado de confianza, como dice el Código Orgánico Procesal Penal, es inalienable y afecta indudablemente el derecho a la defensa del imputado al no permitirle el asesoramiento de su confianza. Indudablemente, es un atropello a los derechos de las personas sometidas a investigación penal y también al ejercicio profesional de los abogados en ejercicio al no permitirles realizar su trabajo profesional. El ejercicio efectivo del derecho a la defensa en el país queda evidentemente violentado.
—¿Cuáles son las implicaciones legales y constitucionales de esta negación en términos del respeto al debido proceso y los derechos humanos en Venezuela?
—El respeto al derecho humano a la defensa no existe y tampoco el del debido proceso.
—¿Cuáles podrían ser las razones detrás de esta política por parte del gobierno venezolano?
—Las razones son evidentemente políticas porque de esa forma controlan la presunta defensa del encausado ya que al defensor público, como a los demás funcionarios judiciales en este régimen, le impartirán órdenes evidentemente en aras a que el imputado sea condenado en virtud de una mala defensa. Habrá excepciones, no debemos descartar, pero los defensores públicos así ‘designados’ temerán ser destituidos de no acatar las instrucciones recibidas, siendo de notar que estos son casos de persecución política.
—¿Qué acciones legales pueden emprenderse para abordar esta violación de los derechos de los detenidos y garantizar el acceso a una defensa legal efectiva?
—Las acciones legales en estos casos se dificultan porque el imputado no tiene abogado, para decirlo claramente, pues la acción iría dirigida a revocar al que le han impuesto. Procedería un Amparo Judicial, dentro del país, con resultados previsiblemente negativos y luego recurrir a instancias internacionales denunciando la conducta del régimen.
—¿Qué recomendaciones podría hacer a nivel nacional e internacional para abordar esta situación y proteger los derechos de los detenidos en Venezuela?
—Las organizaciones de defensa de los DD HH juegan un rol importante en esta situación, correspondiendo la denuncia de esta situación. Igualmente podrían los familiares de los detenidos sumarse a ellas. Mención especial merece el que debe haber pronunciamientos de los Colegios de Abogados a nivel nacional por la naturaleza de la violación, derecho a la defensa en juicio, para el imputado, y violación del derecho al ejercicio de la profesión para los abogados. Ineludible hay que decir que el juez ante quien se realiza este nombramiento compulsivo del defensor debe impedirlo y está en la obligación de garantizar al procesado el derecho de nombrar libremente su defensor. Sólo que… aquí en Venezuela, los jueces tienen miedo. Miedo a ser destituidos y miedo hasta de ser enjuiciados y detenidos por sus decisiones.
Publicado originalmente en El Nacional