Era cuestión de tiempo para que el aparato judicial de Brasil, bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, intensificara la persecución contra opositores. El detonante fue el ataque contra las sedes de los poderes públicos el 8 de enero de 2023, por el que el Supremo Tribunal Federal (STF), liderado por el magistrado Alexandre de Moraes, señaló al expresidente Jair Bolsonaro y a parte de su equipo de gobierno. Asignó responsabilidades, a pesar de que las pericias iniciales dejaban más dudas que respuestas sobre sus argumentos.
Este 8 de febrero el STF puso manos a la obra para alejar a Brasil de su modelo democrático de gobierno. Un operativo policial con 33 órdenes de registro y cuatro de prisión en decenas de estados contra exfuncionarios de Bolsonaro deja en evidencia lo que busca el aparato petista: quitar del camino a la oposición para afianzar su socialismo. Para justificar la orden, la Policía Federal menciona una “organización criminal que actuó en el intento de golpe de Estado”.
No solo se ordenó al expresidente Bolsonaro entregar su pasaporte y registraron la sede del Partido Liberal (PL); Filipe Martin, exasesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia y Valdemar Costa Neto, exdiputado federal quedaron detenidos. Además de ellos, hay otros objetivos en esta mega operación como Almir Garnier, excomandante de la Marina; Walter Braga Netto, antiguo jefe de Gabinete y ministro de Defensa; o Augusto Heleno, general de la reserva.
Oscura alianza entre el Poder Ejecutivo y Judicial
Mientras tanto, Lula da Silva viajó al estado Minas Gerais, de tendencia opositora, para anunciar obras en agua potable, vivienda y energía. Desde allí instó a “respetar las diferencias” y habló de “entender que la democracia es diversidad, tolerancia y respeto”. Pero en la práctica, cosas muy distintas están pasando.
Por si fuera poco, los amigos y aliados del mandatario socialista son premiados con altos cargos. Flavio Dino, su amigo cercano y exministro de justicia fue premiado con el cargo de magistrado en el STF al igual que Cristiano Zanin, su abogado defensor durante el caso Lava Jato y quien lo sacó de la cárcel. Tal como escribió en X el diputado Eduardo Bolsonaro, “la política brasileña hoy se hace en el Supremo Tribunal Federal”.
El pasado 26 de enero, el expresidente Bolsonaro declaró ante la policía y negó cualquier responsabilidad en el asalto contra las sedes de los Tres Poderes en Brasilia. En este sentido y a partir de la nueva arremetida, en la sociedad civil alertan por la grave situación.
“Ya no hay Estado de derecho en Brasil. Es algo similar a lo que sucede en Venezuela o Nicaragua (quizás con un grado de autoritarismo un poco menor). Es como si estuviéramos al inicio de la dictadura chavista. Es difícil definir el día exacto en que empezó la dictadura en Venezuela, ¿no? Lo que puedo decir es que hay una captura de las instituciones por un partido político hegemónico”, explica para esta nota Lucas Ribeiro, periodista con maestría en Política y Relaciones Internacionales.
“Lo que tenemos hoy es un régimen autoritario y un consorcio de poder entre el Partido de los Trabajadores (PT), el STF y los medios de comunicación hegemónicos. Ellos utilizan la narrativa de un ‘golpe de Estado’ hecho por Bolsonaro cuando, en verdad, son ellos mismos los que han dado un golpe de estado en silencio, pero que persigue a los opositores, persigue a la prensa, realiza operaciones policiales contra líderes de la oposición mientras dicen que defienden la democracia”, agrega.