Un fiscal encargado del caso pidió este jueves en Bogotá la libertad del expresidente colombiano Álvaro Uribe(2002-2010), quien se encuentra bajo arresto domiciliario y es investigado por presuntamente «sobornar» testigos en una disputa legal con el senador izquierdista Iván Cepeda.
El caso del exmandatario ha alimentado las divisiones políticas en la nación sudamericana, donde sigue siendo una figura influyente. Su legado político ha sido polémico, especialmente después de liderar la oposición al acuerdo de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos firmó con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, que ha permitido que los crímenes de los exguerrilleros queden en la impunidad y ocupar escaños en el Congreso sin ser elector.
Uribe y sus seguidores critican el acuerdo por darle a los exguerrilleros diez escaños en el Congreso y poca o ninguna pena de cárcel a cambio de decir la verdad.
La petición del jueves se dio durante una audiencia ante una jueza de garantías, quien debe decidir si el exmandatario puede quedar en libertad mientras se defiende en el proceso judicial en su contra. “Mi petición del día de hoy no es ninguna antesala de etapas procesales por venir. No habrá impunidad, habrá justicia,” dijo el fiscal Gabriel Ramón Jaimes.
La Corte Suprema de Justicia, encargada de juzgar a los congresistas, ordenó la detención preventiva del expresidente el pasado 4 de agosto, pues consideró que habían posibles riesgos de que obstruyera la justicia. Uribe había sido elegido como senador en 2014.
La decisión del alto tribunal quedó en un limbo jurídico cuando el exmandatario renunció a su curul en el Senado dos semanas después de su arresto, lo cual ocasionó un cambio de investigador, pues al dejar su fuero de congresista la corte perdió la potestad sobre su caso. La Fiscalía General de la Nación es ahora el órgano que lo investiga.
El cambio de investigador generó la duda de si Uribe debía ser investigado por la justicia penal ordinaria o por el sistema judicial que utiliza el alto tribunal para juzgar a congresistas. Fue esa misma corte la que decidió el 5 de octubre que Uribe debía ser investigado bajo la justicia penal ordinaria, dándole así potestad a la juez de garantías, Clara Jimena Salcedo, para decidir si el expresidente tiene el derecho de defenderse en libertad.
La defensa de Uribe argumenta que, al pasar el caso a la justicia penal ordinaria, el proceso contra el exmandatario debe comenzar desde cero, lo cual anularía cualquier decisión anterior del alto tribunal, incluyendo la orden de arresto domiciliario. El fiscal Jaimes rechazó parte de ese argumento asegurando que la fiscalía tendrá en cuenta los hallazgos de la investigación de la corte durante su proceso de investigación. No obstante, también dijo que, bajo su concepto, no es lo mismo un proceso de indagación ante el alto tribunal que un proceso de imputación llevado a cabo por la fiscalía, lo cual implica que Uribe tiene derecho a unas medidas de garantía que no se llevaron a cabo cuando la Corte analizaba su proceso.
Muchos colombianos ven a Uribe como un salvador que debilitó a los rebeldes izquierdistas como las FARC, mientras que sus detractores resaltan que durante su gobierno se llevaron a cabo algunos de los abusos de derechos humanos más graves en la historia del país. Algunos también lo acusan de tener vínculos con grupos paramilitares y carteles de droga.
El actual presidente, Iván Duque, ha defendido a Uribe, su mentor político, y ha lamentado la decisión de la Corte de privarlo de la libertad. Mientras tanto, la oposición al gobierno de Duque, incluido el senador Cepeda, ha elogiado esa decisión como una prueba de que en Colombia hasta los poderosos tienen que rendir cuentas.
Quien últimamente debe decidir en qué etapa queda el proceso de Uribe ante la fiscalía es la jueza Salcedo.
La audiencia ante la jueza se ha llevado a cabo durante tres días. Se espera que llegue a una decisión sobre la libertad del exmandatario y la etapa del proceso en los próximos días.
Fuente: Diario las Américas
La petición del jueves se dio durante una audiencia ante una jueza de garantías, quien debe decidir si el exmandatario puede quedar en libertad mientras se defiende en el proceso judicial en su contra. “Mi petición del día de hoy no es ninguna antesala de etapas procesales por venir. No habrá impunidad, habrá justicia,” dijo el fiscal Gabriel Ramón Jaimes.
La Corte Suprema de Justicia, encargada de juzgar a los congresistas, ordenó la detención preventiva del expresidente el pasado 4 de agosto, pues consideró que habían posibles riesgos de que obstruyera la justicia. Uribe había sido elegido como senador en 2014.
La decisión del alto tribunal quedó en un limbo jurídico cuando el exmandatario renunció a su curul en el Senado dos semanas después de su arresto, lo cual ocasionó un cambio de investigador, pues al dejar su fuero de congresista la corte perdió la potestad sobre su caso. La Fiscalía General de la Nación es ahora el órgano que lo investiga.
El cambio de investigador generó la duda de si Uribe debía ser investigado por la justicia penal ordinaria o por el sistema judicial que utiliza el alto tribunal para juzgar a congresistas. Fue esa misma corte la que decidió el 5 de octubre que Uribe debía ser investigado bajo la justicia penal ordinaria, dándole así potestad a la juez de garantías, Clara Jimena Salcedo, para decidir si el expresidente tiene el derecho de defenderse en libertad.
La defensa de Uribe argumenta que, al pasar el caso a la justicia penal ordinaria, el proceso contra el exmandatario debe comenzar desde cero, lo cual anularía cualquier decisión anterior del alto tribunal, incluyendo la orden de arresto domiciliario. El fiscal Jaimes rechazó parte de ese argumento asegurando que la fiscalía tendrá en cuenta los hallazgos de la investigación de la corte durante su proceso de investigación. No obstante, también dijo que, bajo su concepto, no es lo mismo un proceso de indagación ante el alto tribunal que un proceso de imputación llevado a cabo por la fiscalía, lo cual implica que Uribe tiene derecho a unas medidas de garantía que no se llevaron a cabo cuando la Corte analizaba su proceso.
Muchos colombianos ven a Uribe como un salvador que debilitó a los rebeldes izquierdistas como las FARC, mientras que sus detractores resaltan que durante su gobierno se llevaron a cabo algunos de los abusos de derechos humanos más graves en la historia del país. Algunos también lo acusan de tener vínculos con grupos paramilitares y carteles de droga.
El actual presidente, Iván Duque, ha defendido a Uribe, su mentor político, y ha lamentado la decisión de la Corte de privarlo de la libertad. Mientras tanto, la oposición al gobierno de Duque, incluido el senador Cepeda, ha elogiado esa decisión como una prueba de que en Colombia hasta los poderosos tienen que rendir cuentas.
Quien últimamente debe decidir en qué etapa queda el proceso de Uribe ante la fiscalía es la jueza Salcedo.
La audiencia ante la jueza se ha llevado a cabo durante tres días. Se espera que llegue a una decisión sobre la libertad del exmandatario y la etapa del proceso en los próximos días.
Fuente: Diario las Américas