LIMA — La presidenta peruana, Dina Boluarte, enfrenta interrogatorios en medio de una pesquisa por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito, iniciada tras el descubrimiento de su posesión de 3 relojes de lujo no declarados, una violación a las regulaciones que exigen la transparencia en los activos de los funcionarios públicos.
En su reciente comparecencia en la sede de la fiscalía general, ubicada en el corazón de Lima, Boluarte se sometió a una hora de cuestionamientos sin brindar declaraciones a la prensa.
Las acusaciones en su contra abarcan desde presunto enriquecimiento ilícito hasta la omisión de bienes en sus registros oficiales, incluyendo la posible implicación en casos de cohecho pasivo impropio, que involucraría el recibimiento de ventajas indebidas por parte de funcionarios públicos.
Durante su primer testimonio ante la fiscalía el pasado 5 de abril, Boluarte atribuyó la posesión de los controvertidos relojes Rolex a un préstamo realizado por su amigo, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Sin embargo, de hallarse pruebas contundentes en su contra, Boluarte solo podría ser llevada a juicio una vez concluido su mandato, en julio de 2026, según lo estipulado por la Constitución.
Días atrás en un acto público en un puerto capitalino, la presidenta reafirmó su compromiso de permanecer en el cargo hasta el final de su mandato, programado para el 28 de julio de 2026, argumentando la legitimidad otorgada por el voto popular y el respeto a la institucionalidad.
El ascenso de Boluarte a la presidencia en diciembre de 2022, tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo por su intento fallido de disolver el Congreso, marcó un nuevo capítulo en la turbulenta historia política de Perú, caracterizada por la rápida rotación en el poder, con seis mandatarios en apenas ocho años, evidenciando la profunda crisis de estabilidad institucional que atraviesa el país.