BUENOS AIRES.- Este miércoles, inició el juicio por el intento de homicidio contra Cristina Fernández, ocurrido en septiembre de 2022, cuando ella se desempeñaba como vicepresidenta de Argentina. Tres personas se encuentran en el banquillo de los acusados: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.
El proceso judicial se centra en los actos de los acusados directos y deja de lado posibles implicaciones de ideólogos o financiadores, un aspecto que Fernández insiste en que se investigue y que se maneja en una causa separada. La primera audiencia, que comenzó con una hora de retraso, incluyó la lectura de los cargos por homicidio agravado en grado de tentativa, un delito que puede llevar hasta 25 años de prisión.
El tribunal oral federal 6 presentó pruebas clave extraídas de los teléfonos de los acusados, mostrando mensajes explícitos sobre los planes para asesinar a Fernández. Los mensajes revelaron la adquisición de un arma ilegal, intentos de alquilar una vivienda cercana al domicilio de la expresidenta y la planificación detallada del ataque. La querella afirmó que los acusados eran plenamente conscientes de sus acciones y de las posibles consecuencias.
El juicio, que se desarrollará con audiencias semanales, prevé la participación de unos 300 testigos, incluida la propia Cristina. Se estima que el proceso judicial podría prolongarse durante un año.
El incidente
Sabag Montiel, un vendedor callejero de dulces de 37 años, intentó disparar contra Fernández el 1 de septiembre de 2022 mientras ella saludaba a simpatizantes frente a su residencia en Buenos Aires. El acusado activó el gatillo dos veces sin éxito y fue detenido en el acto. Uliarte, su exnovia, lo acompañó hasta las cercanías del lugar y fue arrestada días después. Por su parte, Carrizo, empleador de ambos y señalado como el «planificador» del ataque, también fue detenido.
Sabag Montiel, portador de tatuajes con simbología filonazi, fue descrito por peritos como una persona con una personalidad narcisista y un discurso hostil hacia Fernández. Uliarte está acusada de coautoría e instigación, mientras que Carrizo enfrenta cargos de complicidad. Mensajes previos al ataque mostraron que Sabag Montiel planeaba el atentado con conocimiento y apoyo de Uliarte y Carrizo.
Reacciones políticas y sociales
El intento de asesinato provocó una ola de solidaridad internacional hacia la expresidenta argentina. Sin embargo, surgieron dudas sobre la autenticidad del ataque, las cuales fueron aclaradas por investigaciones posteriores. En medio de condenas públicas, algunos adversarios políticos de Fernández, como Patricia Bullrich, optaron por el silencio. Gerardo Milman, exjefe de campaña de Bullrich y actual diputado, es uno de los individuos que la expresidenta ha pedido investigar debido a comentarios que hizo sobre el ataque antes de que ocurriera.
A pesar de las pistas sobre un posible financiamiento externo, estas fueron desestimadas por el tribunal. En una carta pública, Fernández denunció que dividir las causas judiciales en partes más pequeñas era una estrategia para garantizar la impunidad.
El atentado fue un punto de inflexión en la política argentina, destacando los peligros de la polarización extrema. El gobierno declaró un feriado extraordinario al día siguiente del ataque, y miles de personas se manifestaron en todo el país para repudiar el atentado y expresar su preocupación por los límites cruzados en el ambiente político argentino.