Hablan los abogados y el PNH
También su organización política, el Partido Nacional de Honduras pidió que se respetaran los derechos humanos y el debido proceso en el caso, mediante un comunicado en el que la dirigencia del mismo expresó su solidaridad con el expresidente, al tiempo que lo felicitó por su decisión de «entregarse y someterse de forma voluntaria al procedimiento de extradición, decisión acertada y correcta que debe ser tomada en cuenta por los órganos de seguridad en este momento»[3].
En la víspera de su detención la Corte Suprema de Justicia confirmó la recepción de la solicitud y, a través de un comunicado, dio a conocer la convocatoria “a una sesión del pleno” cuyo objetivo tenía como “punto único” designar al “juez natural” que analizaría “la solicitud de extradición procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América y remitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional”[4].
Tal magistrado resultó ser Edwin Ortez, [un hombre señalado por estar supuestamente ligado al partido de Manuel Zelaya y de su mujer, ahora presidente, Xiomara Zelaya, Libertad y Refundación], quien procedió a dictar la orden de detención de inmediato.
Acto seguido el pedido se activaron los mecanismos judiciales y Tegucigalpa se convirtió en un hervidero ante las distintas versiones del caso que circulaban, hasta que el propio Hernández se pronunció a través de un mensaje grabado que difundió en Twitter en el que confirmó la petición de captura con fines de extradición formulada por Estados Unidos, un pedido al que dijo estar “presto y listo para colaborar”.
“Son las 5 y 44 de la mañana, les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos, muchísimas gracias. No es un momento fácil, a nadie se lo deseo, pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme“, expresó Hernández en su cuenta personal en la red social[5].
Un operativo que se vio coronado con el expresidente saliendo de su casa cubierto con una gorra azul y mascarilla, para ser inmediatamente esposado de pies y manos y ponerle un chaleco antibalas. Lo próximo fue subirlo a un vehículo blindado para trasladarlo a la Policía Nacional para rendir su declaración preliminar en el proceso judicial sobre su extradición[7].
Tan pronto las imágenes de quien había gobernado Honduras por ocho años se difundieron, se dejaron escuchar fuegos artificiales en Tegucigalpa, mientras una centena de manifestantes celebraban el arresto en las afueras de la residencia de JOH.
Ante la Corte
El objetivo de los abogados de JOH desde el momento en que se conoció el pedido de extradición y la disposición del gobierno de cumplirla, fue la de alcanzar las mejores condiciones para su representado. De este modo, el arresto domiciliario era la meta entretanto bregan para liberar a JOH de tener que enfrentarse a la justicia de EE. UU.
La aceptación de la apelación permitiría a Hernández dejar de cumplir prisión provisional o detención preventiva en la sede de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y someterse al arresto domiciliario. El pedido inicial ante el tribunal durante la primera audiencia resultó infructuoso[8].
Pero en la audiencia la situación fue otra y el magistrado Edwin Ortez, juez designado del caso, le informó a JOH los cargos que Estados Unidos le imputa, al tiempo que le dio a conocer los derechos que le asisten.
Ante el pedido de los abogados de Hernández para que se le concediera el arresto domiciliario, la corte descartó en razón de que el auto acordado aplicable a los procedimientos de extradición, no permite establecer una medida distinta a la detención provisional.
Se conoció que Hernández manifestó sentir temor tras lo ocurrido el día de su captura cuando fue trasladado al comando de Fuerzas Especiales y recibió el abucheo de un grupo de personas agolpados en la policía.
El juez Ortez anunció que la próxima audiencia se celebrará el 16 de marzo.
En las afueras de la corte
Mientras esto ocurría en la sala de audiencia, en las afueras de la sede de la Corte Suprema de Justicia se dieron cita seguidores de JOH para expresarle su apoyo.
“Juan Orlando estamos contigo” y “Estamos apoyando a Juan Orlando y su familia”, rezaban algunas de las pancartas que enarbolaban los miembros de este grupo, quienes asimismo criticaron la que calificaron como posición “cobarde” de los 44 diputados del partido de JOH en el Congreso Nacional.
Transcurrido el tiempo, en el lugar fueron caldeándose los ánimos entre simpatizantes y opositores del exmandatario, al extremo de llegar a los golpes y lanzamiento de piedras y botellas. Por unos diez minutos se mantuvo la trifulca que solamente amainó con la intervención policial[9].
JOH pide mediación de Israel
Una nota publicada por The Times of Israel refiere que Juan Orlando Hernández habría solicitado la intermediación de Israel para evitar su extradición a Estados Unidos.
También en noviembre de 2021, cuando el ministro israelí Eli Avidar visitó Honduras para participar en la apertura de una nueva embajada israelí en Tegucigalpa, Juan Orlando Hernández volvió a hablar del tema.
Sin embargo, la nota que cita informes del Canal 12, refiere que un aliado de Benjamin Netanyahu aseguró que “los hondureños nunca habían presentado ninguna solicitud para evitar la extradición de Hernández”[10].
Los preliminares
Previamente a todos estos acontecimientos, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Bob Menéndez, le solicitó al gobierno de Joe Biden, a través de sendas comunicaciones dirigidas, por una parte, al Secretario de Estado, Antony Blinken y, por la otra, a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, designar oficialmente a Juan Orlando Hernández como “traficante extranjero de narcóticos”.
El senador demócrata instó al gobierno a pedir al expresidente hondureño sobre su papel como co-conspirador e instó al gobierno a adoptar una posición firme en apoyo del estado de derecho en Centroamérica.
Bob Menéndez sustentaba su posición con el creciente cuerpo de evidencia incriminatoria existente en contra de Juan Orlando Hernández, las cuales hacen presumir su participación en actividades de narcotráfico[11].
Para esos mismos días, específicamente el 7 de febrero, el secretario de Estado, Antony Blinken, dio lo que pudiera interpretarse como una respuesta al pedido de Menéndez cuando informó que Estados Unidos había incluido a Juan Orlando Hernández en su lista de lista de “actores corruptos y antidemocráticos” del Triángulo Norte centroamericano, algo que había ocurrido a finales de enero antes de dejar su cargo como presidente.
Blinken refirió que ya el 1 de julio de 2021, el ahora expresidente hondureño fue incorporado al listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, tal como lo establece la ley que obliga al Departamento de Estado a reportar al Congreso estos casos haciéndolos no elegibles para visa o admisión a Estados Unidos
Fuente: Maibort Petit