WASHINGTON — Los niños migrantes que esperan a ser procesados por la Patrulla Fronteriza en campamentos improvisados en la frontera entre México y Estados Unidos están bajo la custodia de ese organismo y están sujetos a un antiguo acuerdo, supervisado por tribunales, que establece estándares para su tratamiento, resolvió un juez.
El tema de cuándo los niños están oficialmente bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza es particularmente importante debido al acuerdo judicial de 1997 sobre cómo deben ser tratados los niños migrantes bajo la custodia del gobierno estadounidense. Dichos estándares incluyen un tiempo límite para la detención de los menores y el suministro de servicios como retretes, lavabos y controles de temperatura.
La decisión del miércoles significa que el Departamento de Seguridad Nacional debe procesar rápidamente a los niños y colocarlos en instalaciones “seguras e higiénicas”.
Los campamentos fronterizos se han convertido en un punto álgido entre los grupos proinmigrantes y el gobierno federal. Estados Unidos ha dicho que los traficantes envían a los migrantes a los campamentos y han argumentado que los niños no están todavía bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza porque no han sido arrestados.
Y es que según los defensores de los inmigrantes indocumentados, el gobierno estadounidense es responsable de los niños y que la Patrulla Fronteriza suele conducir a los migrantes a los campamentos, a veces, llevándolos en vehículos.
Los niños que viajan solos deben ser entregados en un plazo de 72 horas al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Generalmente, ese organismo los entrega a familiares en Estados Unidos mientras un juez de inmigración considera la posibilidad de darles asilo. Las familias que buscan asilo suelen ser liberadas en el país mientras sus casos recorren los tribunales.
“Esta es una victoria tremenda para los niños en centros de detención al aire libre, pero sigue siendo una tragedia que el tribunal tenga que instruir al gobierno a hacer lo que la decencia humana básica y la ley exigen claramente”, dijo en un comunicado Neha Desai, directora de inmigración del Centro Nacional de Justicia Juvenil. “Esperamos que el organismo de Aduanas y Protección Fronteriza cumpla rápidamente con la orden del tribunal, y seguimos comprometidos con hacer responsable a ese organismo de satisfacer las necesidades más rudimentarias de los niños bajo su custodia legal, incluidos los alimentos, alojamiento y atención médica básica”, con fondos que son pagados por los contribuyentes.
CBP reacciona
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que está revisando la orden de la corte y que “seguirá transportando a individuos vulnerables y a niños hallados en la frontera a sus instalaciones lo más rápidamente posible”.
El fallo de la jueza de distrito Dolly Gee podría tener implicaciones de amplio alcance debido a los cambios que ha habido en las características de las personas que llegan a Estados Unidos. Hace décadas, la persona que típicamente intentaba ingresar al país era un hombre adulto procedente de México que trataba de conseguir trabajo. En la actualidad, es cada vez más frecuente que familias con niños realicen peligrosos viajes hacia Estados Unidos con la esperanza de tener una vida mejor.
Presión a oficiales fronterizos
El tener que cuidar a niños les pone distintos niveles de presión a agencias federales que históricamente se dedicaban más a tratar con adultos.
Gee dijo que había “evidencia significativa” de que la CBP, a la cual pertenece la Patrulla Fronteriza, tiene control físico sobre los menores en las instalaciones al aire libre. Por ejemplo, vehículos de la CBP transportan ocasionalmente a migrantes o los dejan en los campamentos y, durante algún tiempo, les dieron brazaletes para organizarlos según la fecha en que habían llegado.
La jueza falló que el coordinador juvenil de la CBP debe llevar registros de los menores que estén bajo custodia de la agencia durante más de 72 horas, y eso incluye cualquier tiempo que los menores pasen en los campamentos. La dependencia debe asegurarse de que el trato de los menores en las instalaciones al aire libre se apegue al acuerdo de 1997, escribió Gee.
Gee estableció una fecha límite del 10 de mayo para que el coordinador juvenil presente un informe provisional sobre el número de menores detenidos en instalaciones al aire libre y cómo la agencia cumple con la orden de la jueza.