SANTIAGO.- La justicia chilena ordenó este prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción en contra de Daniel Jadue, excandidato presidencial y una de las máximas figuras del Partido Comunista, partido que integra la coalición de gobierno.
Jadue, alcalde del municipio de Recoleta, en el norte de Santiago, fue acusado como autor de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la administración de las llamadas «Farmacias Populares», que impulsó como competencia de las cadenas comerciales.
La jueza Paulina Moya dictaminó la prisión preventiva al estimar que la libertad de Jadue «resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad», en la línea con lo solicitado por la Fiscalía.
«Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. ¡Apelaremos a esta medida desproporcionada!», reaccionó Jadue, en su cuenta de X.
La defensa del alcalde, que puede recurrir la decisión ante la corte de Apelaciones, sostiene que el caso forma parte de una persecución política.
Jadue es una de las figuras más prominentes del Partido Comunista de Chile, que integra la coalición de gobierno del presidente Gabriel Boric.
Sin embargo, el alcalde es un fuerte crítico del mandatario, quien lo derrotó en una elección primaria en julio de 2021.
Antes de entregar la medida cautelar, la jueza Moya afirmó que el tribunal «no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión».
La Fiscalía acusa a Jadue por sus acciones a la cabeza de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), creada por el alcalde en 2016 para ofrecer medicamentos a más bajo costo.
Durante la pandemia del COVID-19 fueron comprados insumos médicos que terminaron almacenados. Uno de los proveedores presentó una demanda por una deuda de casi un millón de dólares y acusó a Jadue de pedirle que le entregara insumos al Partido Comunista como pago por ganar la licitación, entre otros ilícitos.
La Fiscalía argumentó que cuando el alcalde era candidato presidencial en 2021 «era necesario encubrir todas las acciones fraudulentas» de las farmacias populares, ya que «su trayectoria política» podía ser desvirtuada por una mala gestión.