La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este martes al Estado de Bolivia a «cumplir con su obligación» de proteger a las niñas y adolescentes de la violencia sexual y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, después de la polémica por el embarazo de una niña de once años que sufrió abusos sexuales en la ciudad de Yapacaní.
En un comunicado, la CIDH señaló que la violencia sexual contra niñas y adolescentes es un «tipo particular de agresión» basada en el género y una «forma de discriminación» que impide el goce de otros derechos humanos y puede afectar «por completo» a los proyectos de vida de las niñas.
Asimismo, puntualizó que las víctimas de violencia sexual deben acceder «pronta y oportunamente» a los servicios de salud y a toda la información científica para que tanto ellas como sus familias «puedan tomar decisiones y dar el consentimiento sobre cualquier procedimiento, sin que esto represente un riesgo para sus vidas o afectación a otros derechos».
«El Estado debe además garantizar la confidencialidad y privacidad, blindándolas de cualquier tipo de opiniones y o información no científica por parte de personas que se desempeñan como funcionarias de instituciones públicas y/o de terceros que pueda interferir en sus decisiones», ha agregado la CIDH.
Bolivia registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región que, según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), es de 88 por cada 100 habitantes entre 15 y 19 años, en tanto que el promedio regional es de 70. Por su parte, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2021 se registraron 22.221 embarazos de adolescentes, con una proyección de aumento para el segundo semestre del año.
Al respecto, la CIDH destaca que el Estado de Bolivia cuenta con un marco normativo de protección a las niñas y las adolescentes que son víctimas de violencia sexual y embarazo forzado, que debe implementarse atendiendo «de forma estricta el interés superior, entendiendo que la negación de la interrupción voluntaria segura y oportuna del embarazo en determinadas circunstancias puede constituir una vulneración a sus derechos fundamentales, en especial, los derechos a la vida, integridad personal, salud y, en general, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación».
Lo anterior resulta especialmente relevante en el contexto de Bolivia, donde según información recibida, una de cada tres niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años. Además, según los datos de la Fiscalía especializada en delitos de género y juvenil, se registraron 561 casos de violación contra niñas, niños y adolescentes, hasta abril de 2021.
La familia de la niña que sufrió abusos sexuales rechazó el aborto y logró el apoyo de la Iglesia Católica. Fue trasladada la semana pasada a un centro de acopio de la Iglesia Católica, donde recibirá atención física y psicológica para continuar con el embarazo, situación que levantó la polémica en Bolivia, con partidarios y detractores de la decisión.
En un principio, acudió con su madre a una clínica para practicarse un aborto, pero ambas cambiaron de parecer. La niña está «emocionalmente estable» y manifestó que quiere al bebé, como también su madre. El agresor es el ‘abuelastro’ de la víctima.
Fuente: Diario las Américas
«El Estado debe además garantizar la confidencialidad y privacidad, blindándolas de cualquier tipo de opiniones y o información no científica por parte de personas que se desempeñan como funcionarias de instituciones públicas y/o de terceros que pueda interferir en sus decisiones», ha agregado la CIDH.
Bolivia registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región que, según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), es de 88 por cada 100 habitantes entre 15 y 19 años, en tanto que el promedio regional es de 70. Por su parte, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2021 se registraron 22.221 embarazos de adolescentes, con una proyección de aumento para el segundo semestre del año.
Al respecto, la CIDH destaca que el Estado de Bolivia cuenta con un marco normativo de protección a las niñas y las adolescentes que son víctimas de violencia sexual y embarazo forzado, que debe implementarse atendiendo «de forma estricta el interés superior, entendiendo que la negación de la interrupción voluntaria segura y oportuna del embarazo en determinadas circunstancias puede constituir una vulneración a sus derechos fundamentales, en especial, los derechos a la vida, integridad personal, salud y, en general, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación».
Lo anterior resulta especialmente relevante en el contexto de Bolivia, donde según información recibida, una de cada tres niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años. Además, según los datos de la Fiscalía especializada en delitos de género y juvenil, se registraron 561 casos de violación contra niñas, niños y adolescentes, hasta abril de 2021.
La familia de la niña que sufrió abusos sexuales rechazó el aborto y logró el apoyo de la Iglesia Católica. Fue trasladada la semana pasada a un centro de acopio de la Iglesia Católica, donde recibirá atención física y psicológica para continuar con el embarazo, situación que levantó la polémica en Bolivia, con partidarios y detractores de la decisión.
En un principio, acudió con su madre a una clínica para practicarse un aborto, pero ambas cambiaron de parecer. La niña está «emocionalmente estable» y manifestó que quiere al bebé, como también su madre. El agresor es el ‘abuelastro’ de la víctima.
Fuente: Diario las Américas