El gobierno de Javier Milei está dejando al descubierto muchas de las cosas que todo el mundo sabía, pero que se miraba para otro lado. En el marco de la reducción del gasto público y la auditoría de los recursos fiscales que reciben las mal llamadas “agrupaciones sociales” se confirmó que muchas veces los líderes piqueteros venden los alimentos y que extorsionan a los más necesitados para apoyarlos políticamente. Como si esto fuera poco, también se supo que casi la mitad de los comedores y merenderos eran falsos. Incluso, uno de ellos terminó siendo un domicilio particular de una casa en un country. Es decir, un barrio privado para personas de alto poder adquisitivo.
Históricamente, desde que irrumpieron en el escenario político de la mano del kirchnerismo, estas agrupaciones extorsionaron a todos los gobiernos para conseguir dineros públicos. Desde el Estado les otorgó siempre las demandas, sin auditorías ni controles. La contraprestación siempre fue exclusivamente “la paz social”. Es decir, que no protesten políticamente ni corten las calles.
Claro que, como era de esperar, buena parte de estos recursos tenía otra finalidad que la ayuda a las personas necesitadas. Sin embargo, esto se aceptó como una de las tantas irregularidades de la política argentina. Algo con lo que se lidiaba y listo. Así pasó la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019, sin hacer cambios en estas problemáticas reales, que son una lisa y llana amenaza a la democracia y una estafa a los contribuyentes.
Ante las auditorías realizadas desde la gestión libertaria, varios dirigentes piqueteros tuvieron que salir a reconocer las evidentes irregularidades. En lugar de aceptar que el sistema está fallado, señalan a sus colegas que fueron agarrados “con las manos en la masa”. La idea es clara: tratar de mantener el sistema y argumentar que corruptos hay en todos lados y que no es bueno que justos paguen por pecadores.
Sin embargo, lo que aquí tiene que discutirse son las cuestiones de fondo. Para empezar, reconocer que todos los mecanismos semejantes, donde el Estado pone dinero sin control en manos de dirigentes políticos, la corrupción será siempre moneda corriente. Es una cuestión de incentivos. Si el daño que se ha hecho en Argentina es tan profundo que hacen falta años de asistencia social, sería necesario ir a un modelo privado, donde empresas liciten y cobren por el servicio, ya sea de comederos y merenderos o lo que sea que se brinde. Siempre esto será más barato, más eficiente y menos corrupto.
Después, terminar con la entrega de fondos a organizaciones políticas que nada tendrían que ver con estas cuestiones. Todos recordamos el escandaloso caso de corrupción de Hebe de Bonafini y sus Madres de Plaza de Mayo, con el defalco en la construcción de “viviendas sociales”. Bonafini murió impune, solamente por su activismo político, que la hizo intocable durante los años del kirchnerismo.
Como dijo en campaña Javier Milei, hay que terminar con el problema de “las manos porosas de los políticos”, donde los fondos públicos desaparecen y comenzar a pensar en soluciones más limpias y eficientes que pueda ofrecer el sector privado. Por ejemplo, en materia de obra pública e infraestructura.