Estados Unidos arma las piezas del rompecabezas de corrupción que construyó el chavismo en dos décadas con los mismos que una vez lo integraron. La justicia norteamericana protege y beneficia a quienes colaboran y castiga a quienes le fallan.
La confirmación de la cooperación de Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás detenido en una cárcel federal de Miami acusado de liderar una red de lavado de dinero de 350 millones de dólares es la más reciente evidencia de la estrategia norteamericana para resolver el entramado que ya registra 316 complots de desfalco al patrimonio público venezolano.
El nombre del empresario colombiano destaca ahora junto al de los otros seis informantes -conocidos públicamente- que ha tenido la DEA para avanzar en las investigaciones, entre ellos, el extesorero de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, su exguardaespaldas y la esposa de este, Leamsy Salazar y Anabel Marina Linares, el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, Rafael Isea, exgobernador del estado Aragua y el general Clíver Alcalá Cordones.
Sin embargo, la periodista Carla Angola, asegura en Twitter que “entre el Distrito Sur de Florida y Distrito Sur de New York, hay aproximadamente 42 colaboraciones activas de funcionarios del régimen”.
Datos claves
Con sus datos y otros indicios recabados por instancias internacionales hay en este momento 108 procesos iniciados por fiscalías y parlamentos de 21 países para investigar las irregularidades revela un informe de Transparencia Venezuela.
Estados Unidos figura como el país con mayor número de causas abiertas por delitos de corrupción perpetrados por redes sofisticadas en 48 tramas criminales. Le siguen Argentina, con 15 casos y otros cinco en España. En cuarto lugar, están Portugal, Brasil y Ecuador, con cuatro juicios abiertos, mientras que en Suiza hay tres procesos.
Solo en Estados Unidos hay 306 propiedades vinculadas a hechos de corrupción venezolana entre 2009 y 2021, es decir, un promedio de 26 por año. Los años con más casos son 2019, que registra 106; le sigue 2021 con 76; 2018 con 55, y el pandémico 2020 con medidas judiciales contra 27 bienes. La lista de bienes identificados incluye 111 inmuebles (36%); 66 casos de dinero en efectivo (21%); 58 cuentas bancarias (19%), 35 relojes de lujo (11%), 17 caballos de salto (6%), 15 vehículos (5%) y 2 yates (0,6%), entre otros.
Un tesorero con suerte
Para llegar a estas incautaciones y tejer vínculos, la DEA ha contado con Alejandro Andrade, extesorero de Hugo Chávez que se convirtió en uno de los colaboradores más estrechos de Washington en las investigaciones sobre corrupción en Venezuela.
Este miércoles recuperó su libertad después de recibir en octubre una reducción del 65% de su condena original de diez años de prisión al declararse culpable por haber participado en una asociación ilícita para lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos.
Andrade permanecía detenido desde febrero de 2019 y de acuerdo con el sitio de la Oficina Federal de Prisiones, el 16 de febrero salió de la Institución Correccional Federal de Loretto, en Pensilvania. Su liberación es un mensaje claro de la justicia EEUU a miembros del régimen de Maduro. Si fallan, serán detenidos pero si colaboran y aportan información tendrán nueva oportunidad de vida.
El guardaespaldas dispuesto
El capitán de corbeta Leamsy Salazar, quien integró el primer anillo de seguridad de Hugo Chávez y fue asistente de Diosdado Cabello está en Washington colaborando como “testigo protegido” de la DEA desde 2014.
Su acercamiento con la oficina de Administración para el Control de Drogas comenzó a mediados de 2013, pocos meses después de la muerte del presidente y de acumular una gran cantidad de documentos que comprometerían a varios miembros de la cúpula del régimen.
En su acuerdo, aceptó someterse a la prueba del polígrafo para comprobar sus dichos con sus reacciones fisiológicas. Su esposa, Anabel Marina Linares, capitán del Ejército venezolano, quien desempeñó como directora suplente del Banco Bicentenario y formó parte del equipo del exministro de economía, finanzas y banca pública, Rodolfo Marco Torres, también colabora con la instancia.
Su aporte está relacionado con las irregularidades e ilícitos en las instancias gubernamentales donde esta oficial que se graduó en la Academia Militar de Venezuela en 2006 y recibió su sable de manos del presidente Hugo Chávez estuvo a cargo.
Ambos usaron su viaje de “luna de miel a España para luego salir rumbo a Estados Unidos bajo la protección de la DEA en un avión privado” asegura RunRunes debido a la resolución del Ministerio de la Defensa que regula las salidas del país de sus funcionarios y los obliga a notificar, con al menos un mes de antelación, cualquier viaje que tengan previsto hacer al exterior.
El número 2
Salazar o “Testigo 2” declara en la causa de la DEA contra el exjefe de inteligencia del chavismo detenido en España, Hugo “El Pollo” Carvajal. En el documento asegura que “a mediados de 2008 proporcionó la seguridad en una reunión organizada por Chávez en su rancho, a la que asistieron, entre otros, el ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, y el cabecilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’”.
Durante la reunión, el Testigo 2 “escuchó a Márquez describir la necesidad de apoyo logístico, como uniformes, barcos y computadores, y Chávez indicó que los fondos serían provistos a las FARC por Petróleos de Venezuela (PDVSA)”.
El Testigo 2 “oyó a Chávez hablando por teléfono de Carvajal. Durante la llamada, escuchó a Chávez referirse a Carvajal por su apodo, el ‘Pollo’ y ordenarle que suministrara armas a las FARC”.
Magistrado desertor
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte huyó en 2012 también bajo la condición de testigo protegido para suministrar a la DEA información que comprometía a altos oficiales del Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el tráfico de drogas y a las autoridades de los poderes públicos con corrupción.
Sin revelar su identidad, la DEA se refiere a él como el Testigo 1 en el expediente de Carvajal donde señala que “asistió a una reunión en la casa del entonces presidente Chávez (Palacio de Miraflores). En ella estaban Carvajal, Chávez, el general Henry Rangel Silva (en ese entonces jefe de la agencia venezolana de inteligencia conocida como DISIP), Cabello (para ese momento gobernador del estado Miranda) y El Aissami (quien era diputado a la Asamblea Nacional)”.
Y “durante la reunión, Chávez instó al grupo a promover sus objetivos políticos, incluido combatir a Estados Unidos ‘inundando’ el país de cocaína. Chávez les ordenó a Carvajal, Cabello, Rangel Silva y otros coordinarse con las FARC, y asignó al Testigo 1, entre otros, evitar que las autoridades del orden público interfirieran con estas actividades. El Testigo 1 más tarde se enteró de que este grupo se reunía mensualmente y asistió aproximadamente a cuatro encuentros mensuales”.
Un gobernador clave
Rafael Isea, ex gobernador del estado Aragua y ex ministro de Finanzas, estuvo del lado del chavismo hasta 2012 cuando comenzó a ser vinculado con casos de corrupción. En septiembre de ese año se convirtió en un testigo protegido de la DEA para proveer información sobre el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales por parte de autoridades venezolanas a EE UU.
General con beneficios
Cuando Washington ofreció diez millones de dólares por la captura del general Clíver Alcalá Cordones, este decidió entregarse en 2020 Colombia y llegó al aeropuerto al aeropuerto White Plains, en Nueva York, en un avión de la DEA.
Una de las fuentes del Wall Street Journal afirmó que el exmilitar ha cooperado con la DEA durante años, pero que no dijo toda la verdad, lo que quedó al descubierto tras hablar con otros testigos.
Un funcionario de la DEA, consultado por el rotativo, dudó de las afirmaciones del propio Alcalá Cordones y aseguró que el general retirado puede ser una buena fuente de información sobre los vínculos entre Caracas y las FARC. Quizá por ello el año pasado EEUU lo removió de su lista sancionados.
Dos más en camino
La Audiencia Nacional de España acordó enviar a Estados Unidos desde Madrid a Claudia Díaz, extesorera de Venezuela y enfermera de Hugo Chávez. Ella engrosaría la lista de colaboradores junto al exjefe de inteligencia del régimen, Hugo Carvajal, cuya extradición desde España a suelo norteamericano también está autorizada pero dilatada ante la apelación de la solicitud de asilo que presentó después de Washington entregar las garantías judiciales y humanitarias requeridas por Madrid para trasladarlo.
Carvajal vocifera que tiene “información clasificada”. Es probable considerando que estuvo una década con el régimen e integra desde 2008 la lista negra del Departamento del Tesoro por “proteger los envíos de droga de su captura por las autoridades venezolanas antinarcóticos” y de proveer armas e identificaciones a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”.
En el caso de Díaz y su pareja, Adrián Velásquez, exguardaespaldas de Chávez son señalados por comprar 250 lingotes de oro -valorados en más de 9,5 millones de dólares a través de una compañía fantasma establecida en paraísos offshore del Caribe.
Maduro ha intentado evitar su posible colaboración con la justicia estadounidense solicitando la extradición a Venezuela con gestiones del fiscal, Tarek William Saab pero hasta ahora no hay ninguna respuesta.
La Asamblea Nacional legítima calcula que la trama de corrupción en torno al chavismo supera los 400.000 millones de dólares asociados principalmente a Petróleos de Venezuela. Sólo el escándalo de la Banca Privada de Andorra involucra 2.300 millones de dólares en sobornos por contratos con PDVSA mientras que otros 1.500 millones de dólares estarían congelados en cuentas y propiedades en Estados Unidos.
Fuente: PanamPost