CARACAS.- La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la ONG Provea cuestionaron la «falta de transparencia» del memorando de entendimiento que fue suscrito entre el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y Nicolás Maduro.
En un comunicado, las organizaciones criticaron que «hasta la fecha, tanto el memorando de entendimiento que establece las bases de la cooperación técnica al Estado venezolano, como el plan de trabajo conjunto son confidenciales».
«La FIDH y Provea lamentan la falta de publicidad de estos documentos y hacen un llamado para que no se instale una nociva lógica de confidencialidad en la cooperación y asistencia técnica destinada a construir e implementar políticas públicas dirigidas a fortalecer la administración de justicia en el territorio nacional, que deben ser discutidas de cara al país», señalaron en el texto.
Recordaron que el Estatuto de Roma de la CPI se basa en el principio de complementariedad según el cual corresponde a los Estados parte investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad, y si estos no lo hacen, corresponde al Fiscal de la CPI investigar estos crímenes.
«En la Situación de Venezuela I, los jueces de la Sala de Apelaciones han confirmado que el sistema judicial venezolano no cumple con esas funciones y han ratificado la apertura de la fase de investigación. Esta fase de investigación sobre los crímenes internacionales cometidos en Venezuela a partir de 2014 no ha sido suspendida. La misma se viene adelantando desde noviembre de 2021 y seguirá siendo competencia del equipo de la Fiscalía de la CPI en La Haya», puntualizaron.
Durante su cuarta visita a Venezuela, el fiscal Khan inauguró la oficina que fue acordada entre la Fiscalía de la CPI y el régimen de Maduro en junio de 2023, mediante un Memorándum de Entendimiento confidencial. Además, durante su visita el fiscal Khan participó en el lanzamiento de un plan de trabajo conjunto entre las autoridades y la Oficina de la Fiscalía de la CPI, con la participación de la Asamblea Nacional (AN) chavista, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La FICH y Provea señalaron que esperan que las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela «se concrete en corto plazo en las mismas condiciones y con el mismo mandato que ha tenido hasta ahora».
De acuerdo con los principios de “complementariedad y cooperación”, las actividades de la oficina tienen el objetivo de apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia en Venezuela y a aumentar aún más la presencia de campo de la oficina del fiscal jefe de la CPI.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el régimen. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. Khan anunció que su equipo regresará a Venezuela dentro de tres meses.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda “hacer más para cumplir sus obligaciones” en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el régimen de Maduro del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.