El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria exigió al régimen de Cuba que libere e indemnice a los activistas Josiel Guía, Marbel Mendoza e Iván Amaro por considerar que fueron detenidos de forma arbitraria por razones políticas en base a cargos «sumamente vagos» y que no disfrutaron de un juicio justo.
La decisión del Grupo de Trabajo, órgano dependiente de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se adoptó en noviembre -aunque no se hizo pública hasta este lunes- y responde a una denuncia realizada el año pasado por Cuban Prisoners Defenders sobre estos tres casos.
Josiel Guía, presidente del Partido Republicano de Cuba, fue detenido en diciembre de 2016 por «pretender trabajar por la consecución de elecciones libres, sufrió daños físicos por el accionar violento» de los agentes del régimen cubano, de acuerdo con la denuncia.
En agosto de 2017, fue condenado a cinco años de cárcel por los delitos de desacato y desórdenes públicos.
En el caso de Marbel Mendoza, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue acusada por la dictadura cubana de «peligrosidad social predelictiva«, un cargo que «no requiere pruebas, solo la sospecha de que el acusado puede estar en un futuro hipotético involucrado en actividades contrarias a la ‘moral socialista», según denunció Cuban Prisoners Defenders. En diciembre de 2017, fue condenada a dos años y medio de prisión, pena que se amplió a seis meses más por desacato.
Iván Amaro, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue encarcelado en agosto de 2016 por llevar una camiseta en la que podía leerse: «Democracia sí, dictadura no» y «Abajo quien tú sabes». En marzo de 2017, recibió tres años de cárcel por desacato y atentado.
«Su estado de salud es extremadamente precario y está siendo sometido a golpes y burlas de los funcionarios, quienes le niegan la asistencia sanitaria», alertó la ONG
Además de estos hechos, la ONG denunció ante la ONU que ninguno de los tres prisioneros políticos había recibido un juicio justo porque solo pudieron acceder a abogados que dependían jerárquicamente del Ministerio de Justicia.
Régimen se lava las manos
El régimen cubano, en su respuesta, afirmó que en la isla caribeña «no se detiene, persigue, hostiga, amenaza o intimida a nadie por el ejercicio de los Derechos Humanos», negando así el estatus de activistas políticos de Guía, Mendoza y Amaro, y asegurando que en sus juicios «no se quebrantaron las garantías previstas».
Sin embargo, el Grupo de Trabajo recordó que «la carga de la prueba recae en el Gobierno» y que «la sola afirmación de que se han seguido los procedimientos legales establecidos no es suficiente para desvirtuar las alegaciones presentadas en cada caso».
Detenciones arbitrarias
Así, la ONU logró determinar que «las autoridades cubanas privaron de su libertad al señor Guía, la señora Mendoza y el señor Amaro como resultado del ejercicio de sus derechos a la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión, de expresión, de asociación y de participación política, (…) lo que la hace arbitraria (la detención)».
La ONU ha considerado asimismo que «los tipos penales de desacato, desórdenes y peligrosidad social y atentado, contenidos en el Código Penal (cubano), carecen del requisito de precisión suficiente para dotar de certeza legal a la población».
«Al ser sumamente vagos (los argumentos del régimen para encarcelar a los activistas), no permiten precisar su significado ni identificar la conducta a regular, por lo que contravienen las obligaciones internacionales de Cuba y los invalida como base jurídica del arresto, lo cual hace imposible invocar fundamento legal para justificar la detención, convirtiéndola en arbitraria», explica en sus argumentos la ONU.
El Grupo de Trabajo de la ONU recalcó que el arresto de los tres activistas se produjo «en el marco de detenciones arbitrarias sistemáticas contra opositores políticos cometidas por las autoridades cubanas en los últimos años».
LA ONU afirma que «no hay bases proporcionales que justifiquen la detención y, por ende, el juicio penal», pese a lo cual procedió a analizar «si durante el curso de dichos procedimientos judiciales se han respetado los elementos fundamentales de un juicio justo, independiente e imparcial».
A este respecto, la ONU concluyó que «el Ministerio de Justicia (cubano) ejerce extensivas funciones reglamentarias y de supervisión sobre la profesión legal», indicando que «en casos recientes los detenidos no han contado con la garantía fundamental de acceso a un abogado que pueda ejercer su defensa sin limitaciones o interrupciones». «El Grupo de Trabajo inclusive ha recibido casos de abogados que han sido sometidos a detención arbitraria», ha apuntado.
En consecuencia, sostiene, que «no contaron con la garantía fundamental de una asistencia legal independiente que haya representado los derechos y ejercido la defensa de los acusados de manera libre, de conformidad con los estándares internacionales», por lo que «las autoridades cubanas inobservaron de manera grave las normas internacionales relativas a un juicio justo».
Liberación, indemnización e investigación
El Grupo de Trabajo ha urgido a Cuba a «poner al señor Guía, a la señora Mendoza y al señor Amaro inmediatamente en plena libertad y a concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el Derecho Internacional».
También ha pedido a las autoridades cubanas que «lleven a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de estas personas» y que «adopten las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos».
Por último, anunció que ha remitido estos tres casos a los relatores especiales de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y sobre la independencia de los magistrados y abogados.
Además, sugirió al régimen del designado gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel «que considere favorablemente invitar al organismo al país para llevar a cabo una visita oficial» que, entre otras cosas, podría servir para hacer seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas, para lo cual le ha dado un plazo de seis meses.
Por su parte, Prisoners Defenders ha expresado su deseo de que «Cuba comprenda que la mejor salida a esta situación, y la de todos los presos políticos de su lista -129 a 1 de febrero de 2020- es la realización de una auditoría de los casos» que, «en un acto de rectificación judicial», acabe con la absolución de los reos, así como con «el resarcimiento de los daños y perjuicios que se les han ocasionado».
«Gestos así permitirían creer que hay en Cuba quien quiere salir de una situación de Derechos Humanos en la isla creada por la Seguridad del Estado que, de seguir así, sólo traerá más miseria y aislamiento para el Gobierno de Cuba», inidcó la ONG.
Fuente: Diario las Américas
En agosto de 2017, fue condenado a cinco años de cárcel por los delitos de desacato y desórdenes públicos.
En el caso de Marbel Mendoza, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue acusada por la dictadura cubana de «peligrosidad social predelictiva«, un cargo que «no requiere pruebas, solo la sospecha de que el acusado puede estar en un futuro hipotético involucrado en actividades contrarias a la ‘moral socialista», según denunció Cuban Prisoners Defenders. En diciembre de 2017, fue condenada a dos años y medio de prisión, pena que se amplió a seis meses más por desacato.
Iván Amaro, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue encarcelado en agosto de 2016 por llevar una camiseta en la que podía leerse: «Democracia sí, dictadura no» y «Abajo quien tú sabes». En marzo de 2017, recibió tres años de cárcel por desacato y atentado.
«Su estado de salud es extremadamente precario y está siendo sometido a golpes y burlas de los funcionarios, quienes le niegan la asistencia sanitaria», alertó la ONG
Además de estos hechos, la ONG denunció ante la ONU que ninguno de los tres prisioneros políticos había recibido un juicio justo porque solo pudieron acceder a abogados que dependían jerárquicamente del Ministerio de Justicia.
Régimen se lava las manos
El régimen cubano, en su respuesta, afirmó que en la isla caribeña «no se detiene, persigue, hostiga, amenaza o intimida a nadie por el ejercicio de los Derechos Humanos», negando así el estatus de activistas políticos de Guía, Mendoza y Amaro, y asegurando que en sus juicios «no se quebrantaron las garantías previstas».
Sin embargo, el Grupo de Trabajo recordó que «la carga de la prueba recae en el Gobierno» y que «la sola afirmación de que se han seguido los procedimientos legales establecidos no es suficiente para desvirtuar las alegaciones presentadas en cada caso».
Detenciones arbitrarias
Así, la ONU logró determinar que «las autoridades cubanas privaron de su libertad al señor Guía, la señora Mendoza y el señor Amaro como resultado del ejercicio de sus derechos a la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión, de expresión, de asociación y de participación política, (…) lo que la hace arbitraria (la detención)».
La ONU ha considerado asimismo que «los tipos penales de desacato, desórdenes y peligrosidad social y atentado, contenidos en el Código Penal (cubano), carecen del requisito de precisión suficiente para dotar de certeza legal a la población».
«Al ser sumamente vagos (los argumentos del régimen para encarcelar a los activistas), no permiten precisar su significado ni identificar la conducta a regular, por lo que contravienen las obligaciones internacionales de Cuba y los invalida como base jurídica del arresto, lo cual hace imposible invocar fundamento legal para justificar la detención, convirtiéndola en arbitraria», explica en sus argumentos la ONU.
El Grupo de Trabajo de la ONU recalcó que el arresto de los tres activistas se produjo «en el marco de detenciones arbitrarias sistemáticas contra opositores políticos cometidas por las autoridades cubanas en los últimos años».
LA ONU afirma que «no hay bases proporcionales que justifiquen la detención y, por ende, el juicio penal», pese a lo cual procedió a analizar «si durante el curso de dichos procedimientos judiciales se han respetado los elementos fundamentales de un juicio justo, independiente e imparcial».
A este respecto, la ONU concluyó que «el Ministerio de Justicia (cubano) ejerce extensivas funciones reglamentarias y de supervisión sobre la profesión legal», indicando que «en casos recientes los detenidos no han contado con la garantía fundamental de acceso a un abogado que pueda ejercer su defensa sin limitaciones o interrupciones». «El Grupo de Trabajo inclusive ha recibido casos de abogados que han sido sometidos a detención arbitraria», ha apuntado.
En consecuencia, sostiene, que «no contaron con la garantía fundamental de una asistencia legal independiente que haya representado los derechos y ejercido la defensa de los acusados de manera libre, de conformidad con los estándares internacionales», por lo que «las autoridades cubanas inobservaron de manera grave las normas internacionales relativas a un juicio justo».
Liberación, indemnización e investigación
El Grupo de Trabajo ha urgido a Cuba a «poner al señor Guía, a la señora Mendoza y al señor Amaro inmediatamente en plena libertad y a concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el Derecho Internacional».
También ha pedido a las autoridades cubanas que «lleven a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de estas personas» y que «adopten las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos».
Por último, anunció que ha remitido estos tres casos a los relatores especiales de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y sobre la independencia de los magistrados y abogados.
Además, sugirió al régimen del designado gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel «que considere favorablemente invitar al organismo al país para llevar a cabo una visita oficial» que, entre otras cosas, podría servir para hacer seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas, para lo cual le ha dado un plazo de seis meses.
Por su parte, Prisoners Defenders ha expresado su deseo de que «Cuba comprenda que la mejor salida a esta situación, y la de todos los presos políticos de su lista -129 a 1 de febrero de 2020- es la realización de una auditoría de los casos» que, «en un acto de rectificación judicial», acabe con la absolución de los reos, así como con «el resarcimiento de los daños y perjuicios que se les han ocasionado».
«Gestos así permitirían creer que hay en Cuba quien quiere salir de una situación de Derechos Humanos en la isla creada por la Seguridad del Estado que, de seguir así, sólo traerá más miseria y aislamiento para el Gobierno de Cuba», inidcó la ONG.
Fuente: Diario las Américas