Arrancó el segundo periodo de sesiones de la LXV Legislatura en el Congreso y con ello se prenden los reflectores para difundir lo que ocurra en esa arena política, particularmente sobre dos temas que no son prioridades de la población, sino de los políticos, más de los que están en el poder.
No crea estimado lector que se va a debatir sobre la crisis económica, sanitaria y de salud, además de los niveles inéditos que presentan los índices delictivos, la inflación, corrupción o el desabasto de medicamentos; no, lo que predominará en la discusión legislativa es la reforma electoral impulsada por el gobierno en la cual se buscará terminar con la autonomía e independencia del INE y en una de esas, bajarle las prerrogativas a los partidos políticos de oposición, así como eliminar la figura de legisladores plurinominales, fórmula que le da voz y voto a las minorías.
Desde luego, todo aquello que afecte la democracia va en detrimento de la gente y de su participación en las decisiones gubernamentales y por supuesto, de elegir a sus representantes; empero, en aras de abaratar el costo de la democracia y de hacerla más funcional, se aplicará la cegadora legislativa para acabar con el INE y sus consejeros incómodos, como Lorenzo Córdova o Ciro Murayama, mediante acusaciones penales como ya se intentó recientemente con la denuncia interpuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
De igual manera, la revocación de mandato es una trampa desde donde se vea ya que en una carambola de tres bandas busca, ratificar en su cargo al presidente, desgastar al INE por su incapacidad para organizar la consulta, sin considerar que no le dieron los recursos presupuestales para organizarla y que en la conformación de las firmas que apoyaron la revocación, signaron difuntos y personas que fueron sujetos de un robo de sus datos personales.
La tercera banda es convertir al Instituto Electoral en un apéndice de la Secretaría de Gobernación.
El otro tema fundamental en ambas cámaras es la reforma eléctrica que a pesar de los argumentos que esgrimen los expertos, la iniciativa privada, el PAN, PRI, MC, PRD y algunos legisladores del Morena y el PVEM, avanzará hasta obtener la aprobación del Congreso para después, ante el cúmulo de amparos, y las acciones para impulsar las controversias constitucionales, se cancelará y si este dique no es suficiente, varios gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos y España, entre otros, alzarán su voz para que este engendro quede sin efecto.
La estatización busca restablecer el monopolio en el sector energético no obstante que tanto PEMEX y CFE representan un barril sin fondo en eso de desperdiciar recursos públicos en su rescate.
Dirán algunos que por eso mismo se requiere un nuevo entramado legal para salvar a esas empresas de la bancarrota, sin embargo, con la iniciativa presidencial, se acelera la quiebra, al tiempo de subir las tarifas eléctricas y los precios de los combustibles.
La democracia participativa que impulsa los foros que se llevan en la cámara de diputados para que, todos los interesados viertan sus puntos de vista y que en lo general se oponen a la reforma eléctrica, por desgracia servirán solo para el anecdotario y en el mejor de los casos para compilarlas en un libro que sirva como prueba y testimonio de que se advirtió sobre los daños que provocaría la aprobación de la misma.
En estos dos temas y los que surjan de la coyuntura política estará la atención de los tres poderes de la Federación, en un dispendio de tiempo.
Ante los comicios que se llevarán en seis entidades federativas para elegir gobernadores y con la trifulca que se dará por los resultados de la revocación de mandato, pues el encontronazo de trenes en ambas cámaras solo servirá, al final del día, para posponer las acciones que mejoren la calidad de vida de los mexicanos.