La técnica castrochavista en la primera etapa de sus gobiernos es dividir la oposición y la opinión pública nacional e internacional entre los que confían en el gobierno y los que no. Hacer creer que el gobierno no es una amenaza, que será “controlable” hasta que venza su mandato y que se lo puede educar e incluso ayudar.
La formación del gobierno de Castillo con su gabinete cuestionado, las crisis y renuncias e inestabilidad que esto ha producido, deben ser vistos como mecanismos que están midiendo la consistencia de la opinión pública y de un parlamento en manos de una oposición fraccionada. Se trata de provocar para paralizar al Poder Legislativo o hasta que Castillo como Presidente pueda usar la facultad constitucional de disolver el parlamento, evitando hasta tanto una mayoría que pueda declarar la vacancia presidencial.
El plan del castrochavismo para el Perú está confesado y es clarísimo, se trata de instalar en Perú el modelo impuesto en Bolivia. Castillo lo ha expresado sin lugar a dudas al plantear la “constituyente para establecer un estado plurinacional”, anunciar confiscaciones y expropiaciones de industrias como el gas con el aviso de la “nacionalización de Camisea” y empezar la apertura a los cultivos ilegales de coca que son la base para el incremento de la producción de cocaína.
La instalación de un estado plurinacional busca la “destrucción de la nación peruana” para reemplazarla por numerosas nacionalidades que permiten la división, la confrontación y la manipulación. Este modelo ha sido exitosamente ejecutado en Cuba. Bolivia y Venezuela, en el marco de la estrategia de multiplicación de los ejes de confrontación. En el caso peruano como en el boliviano se incentiva el indigenismo para fraccionar la base social.
Lo que denominan nacionalizaciones son confiscaciones o expropiaciones para pasar a control del gobierno industrias rentables que en el caso del Perú son el gas, eventualmente la pesquería y la minería. El resultado siempre ha sido la liquidación de la industria y más dependencia y pobreza para los pueblos. La dictadura de Cuba acabó la industria azucarera; la dictadura de Venezuela ha destruido la industria petrolera; la dictadura Bolivia ha deshecho la explotación de gas.
Los regímenes del socialismo del siglo XXI son constructores de narcoestados porque usan el poder político y el gobierno para hacer, favorecer, proteger y de cualquier forma participar en el narcotráfico. Fidel Castro lo hizo teniendo como socios al colombiano Pablo Escobar y al boliviano Roberto Suarez y para tapar sus crímenes llegó al fusilamiento del general Ochoa. Hoy Venezuela es el eje del narcotráfico que articula la producción de cocaína de Bolivia, las FARC y ELN de Colombia. Bolivia con el cocalero Evo Morales ha legalizado cultivos de coca destinados a la cocaína, ha expulsado a la DEA y aumentado la producción de droga.
Perú es el segundo productor de coca en el mundo. El primero es Colombia y el tercero Bolivia. Con la “legalización de los cultivos en las cuencas cocaleras” ya propuesta, Perú podría ser el primero y con la repetición de los sistemas de “lucha soberana contra el narcotráfico” impuestos en Bolivia, será en breve otro narcoestado.
Fuente: Diario las Américas