El Socialismo del siglo XXI ―hoy encumbrado en los gobiernos de Bolivia, Perú, Venezuela y Nicaragua― se sostiene sobre el saqueo de los países. Y es que las tiranías no producen, sino que, aplicando el terrorismo de Estado, le roban al sector privado la riqueza.
Desde que el castrochavismo, allá por el año 2003, capturó a la República de Bolivia, se perdió toda institucionalidad democrática y el respeto a los derechos fundamentales. Lo que trajo como consecuencia la corrosión acelerada de las libertades económicas y políticas.
Por ejemplo, en el ranking Doing Business 2021 el país se sitúa en el puesto 172 entre 178 países analizados (apenas unos cuantos escaños por encima de Corea del Norte, Cuba y Venezuela). Por otra parte, el estudio titulado Paying Taxes 2019 nos ubicó entre los peores infiernos fiscales del mundo (el lugar 186 de 189). Asimismo, la Fundación Heritage, en su Índice de libertad económica del año 2020, coloca a Bolivia en el puesto 172 de 178 economías analizadas.
La posición que el país ocupa en los tres rankings deja claro una cosa: Bolivia no es un lugar propicio para los emprendimientos privados. Ya que, hagas lo que hagas, el Estado usará el aparato burocrático para extorsionarte.
Con todo lo anterior, es normal que los capitales bolivianos busquen refugios en jurisdicciones más seguras. Socavando la posibilidad de generar nuevas inversiones y la creación de mayores empleos.
¿Y el «milagro» económico boliviano?
A partir del 2006 ―año en que se comienzan a expropiar las empresas productoras de hidrocarburos y el Estado se apropia de la renta gasífera―, el gobierno nacional empezó el mayor programa de gasto estatal en varias décadas. Por lo tanto, el «crecimiento económico» de la economía boliviana fue, a lo mucho, una mera ilusión sustentada en el precio internacional de las materias primas.
El economista Mauricio Ríos García, en su libro Incautos, describe la situación de la economía boliviana de la siguiente manera:
La burbuja estatal, alimentada fundamentalmente por la cotización extraordinaria de commodities y la carrera del gasto público, que a su vez han permitido incrementar el número de atribuciones y competencias del Estado sobre la economía, en todos sus niveles administrativos; la burbuja financiera, alimentada primero por el gasto público a través del sistema bancario y financiero, y luego por la nacionalización monetaria y el crédito artificialmente barato; y la burbuja productiva, caracterizada por un público inducido a sobreendeudarse para acometer errores generalizados de inversión que jamás hubieran sido posibles en condiciones de libre competencia.
Adicionalmente, los ingresos que otorgaban los commodities han sido reemplazados por ingentes cantidades de deuda (externa e interna). Arce Catadora pasará a la historia como el personaje que hipotecó el futuro del país.
Pero los males causados por el Socialismo del Siglo XXI no se circunscriben al ámbito económico, sino que abarcan a la justicia, la política, la libertad de prensa y las fuerzas de seguridad.
En el año 2009, Evo Morales, con el discurso que había fundado El Estado Plurinacional de Bolivia, promulgó una nueva constitución.
Con su texto constitucional bajo el brazo, Morales puso en marcha el plan para someter a todas las instituciones bolivianas a su dominio. Aunque ese plan no era más que la hoja de ruta que el castrochavismo ya había aplicado en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y la misma Cuba. En su libro, Dictaduras del Siglo XXI, Osvaldo Hurtado (expresidente del Ecuador) describe la estrategia castrista para la toma y retención del poder:
Los socialistas del siglo XXI se permiten burlar las leyes, ejercer un poder ilimitado, someter las funciones legislativa y judicial, subordinar los órganos de control, restringir libertades y derechos, limitar el pluralismo, eludir la rendición de cuentas, obstaculizar la alternancia política y manipular los procesos electorales.
La ausencia de institucionalidad democrática en Bolivia tiene múltiples efectos. Verbigracia, en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2020, elaborada por Reporteros sin Fronteras, el país ocupó el puesto 114 de 180 países.
De manera similar a lo acontecido con los índices de libertad económica, Bolivia comparte los peores puestos con países como Malí ―una nación que experimenta una guerra civil―, Nicaragua ―otra patria secuestrada por el castrochavismo― y Afganistán ―un refugio para yihadistas y terroristas―.
La dictadura boliviana utiliza la intimidación, el acoso y la represión hacia los medios de comunicación para, de esa manera, controlar lo que se puede decir y escribir públicamente. Los métodos incluyen ataques verbales públicos ―el propio Evo Morales lanza amenazas constantes a la prensa―, detenciones arbitrarias, campañas de descrédito ―la presentadora Mariel Rivero fue vetada por el gerente de la red televisiva ATB―, agresiones físicas ―el 2019 las turbas masistas quemaron la casa de la periodista Casimira Lema― y persecución contra los trabajadores de los medios de comunicación.
Imparcialidad, independencia e idoneidad son condiciones individuales esenciales en los jueces, y son principios institucionales imprescindibles del Poder Judicial. Penosamente, la realidad objetiva en Bolivia demuestra que la dictadura convirtió a la justicia en un mecanismo de persecución política. Además, que manipula el sistema judicial para garantizar impunidad para los actos de corrupción de las altas esferas del poder.
El jurista Carlos Sánchez Berzaín en su artículo, Poder Judicial sometido en Argentina y Bolivia, persecución e impunidad, manifiesta lo siguiente:
No hay precedente en la historia argentina ni boliviana, del nivel, cuantía y expansión de la corrupción con pruebas de enriquecimiento ilícito. En el caso de Morales los crímenes se agravan por narcotráfico, masacres sangrientas, y acusaciones de tráfico de menores y estupro. Su poder judicial protege a Morales, al extremo que el Procurador de Bolivia acaba de presentar una demanda en la Corte Penal Internacional alegando que la justicia en Bolivia está en manos de la dictadura.
Sin justicia independiente, los ciudadanos se encuentran en un estado de indefensión ante los abusos de la narcodictadura. Algo tipo: Ya lo tenemos preso. Ahora sola falta encontrarle un delito.
De la misma manera, Evo Morales ha desarrollado un sistemático desmantelamiento de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de Bolivia. El respeto por la antigüedad, la jerarquía y el mérito en el ascenso de jefes militares y policiales es cosa del pasado. Ahora, los comandantes están forzados a hacer política y someterse a la línea ideológica del gobierno. Por ejemplo, el General Antonio Cueto, en un acto militar el año 2010, se declaró «socialista» y «antiimperialista». Así, Morales ha humillado a las Fuerzas Armadas y las ha puesto ―o por lo menos lo ha intentado― al servicio del Socialismo del siglo XXI.
Similar situación sucede con la Policía de Bolivia. Institución que sufre todo tipo de atropellos.
Guadalupe Cárdenas, representante de las esposas de los policías, en redes sociales expresó lo siguiente: «la institución tiene una Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi) que se encarga de juzgar a quienes incumplieron la norma. Pero actualmente la justicia aprehende al policía, y lo somete a la justicia ordinaria». Ahí, otro ejemplo del sojuzgamiento del sistema judicial al poder político.
El desmantelamiento de la Republica de Bolivia, y su suplantación por El Estado Plurinacional ―nombre rimbombante para lo que en realidad es un narcoestado―, dejó al país a merced de los caprichos de Evo Morales y su entorno. Algo que, paradójicamente, perjudica al propio presidente Arce Catacora.
Incluso, ya estando fuera del poder por más de dos años, en los últimos días del 2021 Morales volvió a amenazar a Santa Cruz (el departamento más productivo de Bolivia).
El dirigente cocalero, en una actitud típica de mantón de barrio bajo, manifestó lo siguiente: «la derecha se cae a pedazos en Santa Cruz con el caso ítems fantasmas, que es el centro de la corrupción, es el mejor momento para estatizar la CRE, Cotas y Saguapac».
Las entidades nombradas por Morales son la esencia del desarrollo cruceño. Es obvio, que ―especialmente, ante el enorme hueco fiscal que arrastra el gobierno y la necesidad de conseguir financiamiento― el MAS va a intentar tomar los recursos privados de los de Santa Cruz, análogo a lo acontecido con los fondos de las AFPS.
En síntesis, el modus operandi del Foro de Sao Paulo, ahora rebautizado como Grupo de Puebla, no puede ser clasificado dentro de la acción política, sino del crimen organizado. Por eso, cualquier «opositor» que ofrezca dialogo, no es más que peón de los dictadores. Porque con las dictaduras no se dialoga, a las dictaduras se las combate.
Fuente: PanamPost