CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN,
Sin ningún elemento esencial de la democracia, con más de 300 presos políticos, sin separación e independencia de poderes, sin Estado de derecho, con aplicación del sistema de terrorismo de Estado de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el gobierno de Bolivia sigue siendo tratado como democracia.
Aun suponiendo legitimidad democrática de origen por las elecciones del año 2020, el régimen de Luis Arce no tiene legitimidad ni legalidad democrática de ejercicio y debe ser reconocido como una dictadura del socialismo del siglo XXI.
La Carta Democrática Interamericana, en su artículo primero, establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.
El artículo tercero de la misma Carta determina que son “elementos esenciales de la democracia el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. Esto significa que la falta de estos elementos señala la inexistencia de democracia.
Dictadura es “el régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”. El concepto de dictadura coincide con la ausencia de los elementos esenciales de la democracia, pues la concentración del poder hace desaparecer el estado de derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la posibilidad de elecciones libres y justas, y la represión de los derechos humanos libertades individuales resulta su método imprescindible.
Con este marco conceptual y de derecho internacional mandatorio y vigente, no resulta discutible el determinar si un gobierno y en consecuencia el país que administra es una dictadura. Se trata solamente de observar la realidad del país, la conducta del gobierno, la existencia o inexistencia de elementos esenciales de la democracia. La determinación de si un país es democracia o dictadura tiene efectos sustanciales.
Hay que repetir una evidencia triste para las Américas. En plena vigencia de la Carta Democrática Interamericana, Cuba la única dictadura de la región se ha expandido estableciendo su modelo en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia y tiene una organización criminal trasnacional llamada socialismo del siglo 21 o castrochavismo. Ecuador ha recuperado y sigue luchando por su democracia y Bolivia sigue siendo tratada como democracia cuando los hechos notorios muestran que es gobernada por un régimen satélite de Cuba y Venezuela, que tiene más presos políticos que Venezuela y Nicaragua, que obedece en sus relaciones internacionales los mandatos de Cuba, que está entregando su territorio y recursos estratégicos a Rusia, China e Irán como parte de la operación que el socialismo del siglo 21 adelanta y que es un narcoestado.
La Bolivia en que detentan el poder Luis Arce y Evo Morales se gobierna con una constitución que ha creado el denominado estado plurinacional, impuesta con falsificaciones, crímenes y masacres incluso certificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese texto ha hecho desaparecer la República de Bolivia, la igualdad de los ciudadanos, la garantía a derechos humanos y el voto universal, entre otras cosas. Es instrumento de simulación que permite “elecciones en dictadura” con padrón electoral manipulado, si jueces imparciales, con presos y exiliados políticos, con oposición funcional…sin democracia.
Se pretende democrático el gobierno de Luis Arce por su elección en 2020 luego de que la renuncia de Evo Morales produjera la formación del gobierno interino de Jeanine Añez que llevó a Bolivia a elecciones con el mismo padrón electoral falsificado, con las mismas leyes de la dictadura y respetando la impunidad del régimen repudiado por el pueblo, condiciones en las que Morales impuso su candidato que pasó de tener una favorabilidad de voto cercana al 20% a “ganar las elecciones en primera vuelta con el 55,11%”.
Aun suponiendo la legitimidad de elección -aunque sin consentirla- el gobierno actual de Bolivia no tiene legitimidad ni legalidad de ejercicio, porque tiene más de 300 presos políticos, más de 10.000 exiliados como perseguidos políticos, opera el mismo sistema de terrorismo de estado de Cuba y Venezuela bajo dirección y ejecución de esas dictaduras, no ejerce el poder en “estado de derecho”, todos los poderes del Estado sirven al régimen como lo prueba la impunidad de Evo Morales y sus cómplices.
Por interés propio, las democracias de las Américas y del mundo deben revisar la realidad de Bolivia y reconocerla como una dictadura, ahora integrada a la amenaza contra la paz y seguridad internacionales por su entreguismo a Rusia, China e Irán.