CARACAS.- En medio de un controvertido panorama político en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro profundiza el patrón de criminalización y persecución a la oposición, disidencia y la sociedad civil con una nueva ley “contra el fascismo” que impone cárcel, inhabilitación política y multas a quienes piensen y opinen distinto.
El proyecto de ley presentado por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional al servicio del régimen, comprende una serie de 30 artículos diseñados para sancionar severamente cualquier acción considerada por la dictadura chavista como promotora del fascismo.
Este se da dentro de un contexto político electoral en el que el chavismo pretende afianzar la violación de las garantías electorales y consolidar el control absoluto sobre las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio en el país suramericano, en la que la tiranía no ha dejado postular a la líder opositora María Corina Machado, ni a su abanderada Croina Yoris.
La denominada “Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares”, que fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional a servicio de la dictadura, pero deberá pasar por una segunda para entrar en vigencia, abre camino a la ilegalización de partidos políticos, la disolución de ONG y partidos políticos, además de inhabilitaciones «por adoptar posturas que la ley contempla como fascistas o neofascistas».
Sectores de la oposición venezolana, la sociedad civil, abogados y activistas de derechos humanos, han advertido que el proyecto de ley busca criminalizar la disidencia en pleno año de comicios electorales. Consideran que tiene el objetivo de aniquilar a los adversarios que pueden disputarse el poder con Nicolás Maduro.
Machado, quien se encuentra inhabilitada por el régimen de Maduro para ejercer cargos públicos por 15 años, a pesar de haber arrasado en las primarias opositoras con el 92% de lo votos para ser la candidata de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) a los comicios electorales, alertó este miércoles sobre el riesgo que corre de ser detenida de manera «injustificada», tras la aprobación de este proyecto de ley.
En los últimos meses, el chavismo ha emprendido una fuerte arremetida contra la organización política de Machado, Vente Venezuela, y encarceló a varios de sus miembros bajo acusaciones de estar implicados en supuestas conspiraciones para asesinar a Maduro.
Entre ellos Henry Alviárez, coordinador nacional y Dinora Hernández, secretaria política nacional de esa organización de la tolda política, quienes tienen más de 15 días raptados por la dictadura.
Situación que llevó a seis colaboradores de Machado a refugiarse en calidad de huésped en la embajada de Argentina en Caracas, luego de la orden de captura en su contra como parte del asedio del chavismo. Estos son Pedro Urruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales del comando de campaña; Magalli Meda, jefa de campaña; Humberto Villalobos, coordinador electoral de campaña; Claudia Macero, jefa de comunicaciones; Omar González, jefe de campaña de Machado.
Como un adelanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez destacó que el eslogan electoral de Machado «Hasta el final», en referencia a recuperar la libertad y la democracia en esa nación, sería delito para la nueva ley. «En la frase está el germen de la violencia, el odio y el exterminio», aseveró.
Las sanciones de la ley
En su artículo 12, la normativa prohíbe las reuniones y manifestaciones públicas que promuevan el fascismo y faculta a las autoridades públicas a tomar medidas para disolverlas o evitarlas.
Desde ocho a 12 años de prisión e inhabilitación política por el tiempo de la condena hasta multas muy elevadas se aplicarán contra quienes se atrevan incluso a convocar o promover manifestaciones.
Otra prohibición contemplada en el artículo 13 del documento, es la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales, políticas o de derecho privado que hagan “apología” al fascismo.
Además, establece la creación de una comisión contra el “fascismo” y de una red internacional de agrupaciones, movimientos e instituciones comprometidas dirigida por militantes chavistas para juzgar a la sociedad civil.
Medios y redes sociales también se verían afectados
En la ley también se observa cómo el chavismo pretende cercenar el derecho a la libertad de expresión. El artículo 11 de la ley prohíbe a medios de comunicación como la radio, TV, prensa escrita, medios digitales y comunitarios difundir mensajes que promuevan actos fascistas, incluyendo la divulgación por redes sociales.
La “transmisión de mensajes prohibidos” por radio o televisión será sancionada con la revocación de la autorización de transmisión, como ya se ha hecho con más de 300 emisoras en las últimas dos décadas, mientras que los “medios electrónicos o impresos” serán multados por la cantidad de hasta 100.000 dólares.
En la exposición de motivos de la ley se toman en consideración las protestas de 2014 y 2017 contra la crisis política, económica y social instaurada por la tiranía de Maduro como actos de fascismo provocados por actores políticos con la complicidad de factores extranjeros que derivaron en violaciones de derechos humanos contra el pueblo.