José Antonio Dias Toffoli, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), ordenó iniciar una investigación contra la organización independiente Transparencia Internacional sobre sus actividades en el país sudamericano. Argumenta que se investigará “una posible malversación de recursos públicos” por parte de la organización y “sus respectivos responsables” en relación con dinero derivado de multas pagadas en los acuerdos firmados por el caso Lava Jato.
Sin embargo, la decisión —basada en un informe presentado por el diputado federal petista, Rui Falcão— se conoce pocos días después de que Transparencia Internacional publicara el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 que ubicó a Brasil 10 posiciones más abajo en comparación con 2022. Se trata justo del primer año del tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.
El ranking, basado en entrevistas a empresarios de distintas industrias, lógicamente fue visto por el gobierno socialista. Y es que de ocupar la posición 94 de 180 países en el año 2022, Brasil obtuvo el lugar 104 un año después. Seis días más tarde, el magistrado menciona que “es dudosa la legalidad de crear una fundación privada para gestionar recursos derivados del pago de multas a las autoridades brasileñas”.
Más señales de autoritarismo
No hay mayor aclaración del STF sobre la orden de investigación. Pero Transparencia Internacional indicó en un comunicado que “nunca ha recibido ni recibirá, directa o indirectamente, ninguna apelación del acuerdo de indulgencia del grupo J&F ni de ningún acuerdo de indulgencia en Brasil”.
El texto en cuestión se refiere al conglomerado que controla el frigorífico JBS, el mayor procesador de carne del mundo y que fue multado por su participación en el mega caso de corrupción Lava Jato. Si bien la organización emitió recomendaciones “de mejores prácticas de transparencia y gobernanza para la asignación de recursos compensatorios” en aquel momento, ahora niegan lo que argumenta el magistrado integrante de un STF controlado en su mayoría por miembros designados por el Partido de los Trabajadores (PT).
Por eso la investigación hace ruido. El gobierno de Lula da Silva viene avanzando entre señales de autoritarismo y persecución contra opositores mientras que designa a hombres cercanos en posiciones de confianza y poder. Así lo hizo con su amigo y exministro de Justicia, Flavio Dino, designado como nuevo magistrado del STF, y con Ricardo Lewandowski, a quien lo sacó de la cárcel cuando era magistrado del STF y fue nombrado como nuevo ministro de Justicia. En esas aguas se mueve el gobierno socialista de Brasil en apenas un año de gestión.
¿Persecución al estilo de Daniel Ortega?
Aunque el camino legal determinará si hay responsabilidades o no, que el mayor organismo judicial de Brasil decida investigar a una organización independiente luego de destacar el aumento de la corrupción, recuerda el caso de Nicaragua, donde guardando las distancias, se criminaliza a grupos cuyas labores no agradan a la dictadura de Daniel Ortega.
Más de 3000 organizaciones no gubernamentales habían sido cerradas hasta finales de 2023 por el régimen. El 49 % son nacionales y 10 % internacionales, según la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG. Los motivos de Ortega para criminalizarlas son tan amplios como sus maniobras para permanecer en el poder: las acusa de “incumplir con sus obligaciones” de acuerdo con la Ley Contra el Lavado de Activos, entre otras legislaciones, o de estar “en estado de abandono”. Las excusas sobran.