Un informe preliminar sobre la empresa Monómeros, filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven) que opera en Colombia, emitido esta semana por la comisión especial de la Asamblea Nacional venezolana electa en 2015, asegura que una serie de acciones condujeron con premeditación a su inviabilidad financiera para que Nitron Group, uno de sus principales proveedores, asumiera el control de la compañía. La pregunta es: ¿Quiénes son los responsables? Esto ha desatado una pugna interna en la oposición venezolana que se ha agudizado con la aprobación de este documento por presuntamente omitir nombres vinculados a las irregularidades. Y aquí surge otra interrogante: ¿A quién encubre el informe?
En el documento que se elaboró con información obtenida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia –que recientemente intervino en la investigación a la compañía– informes, dictámenes, resoluciones y entrevistas al personal, precisan que “Nitron Group tendió lazos estrechos con algunos de los principales funcionarios de la administración de Monómeros”, entre ellos, la presidente de la junta directiva, Carmen Elisa Hernández; el gerente financiero, William Otero Gracia; la gerente de contrataciones, Ailyn Paola Herrera; y el contratista Jorge Luis Pacheco.
El hallazgo es una hecatombe administrativa que apunta directamente al dirigente de Voluntad Popular, Juan Guaidó, porque su interinato presidencial designó a ese equipo de funcionarios que aparecen incursos en una “maniobra ejecutada de forma tan evidente que luego de prestar 28 servicios de alta gerencia para Monómeros hoy trabajan para Nitron Group, Nitromon S.A.S. y Nitrofert S.A.S, el grupo empresarial que se convirtió con su colaboración, en el principal acreedor de Monómeros”.
Una estrategia «hostil»
El objetivo de la jugada entre la directiva de Monómeros designada por Guaidó y el proveedor era –según el informe– lograr la “toma hostil” del activo de Venezuela en el exterior, que desde 2019 administra el opositor con una estrategia conocida en el mercado como “loan to own”, que consiste en hacerse con la mayoría del pasivo externo de una compañía en aprietos financieros, para luego convertir esas deudas en acciones durante un proceso de insolvencia.
Con el panorama al descubierto, la comisión parlamentaria afirma que “hay elementos que permiten sostener de forma razonable, que han participado personas que cumplían funciones gerenciales y la situación tiene que ser profundamente investigada y, de comprobarse, debería tener consecuencias jurídicas en lo civil, administrativo e incluso en el ámbito penal”.
Al mismo tiempo advierte que es “pertinente el análisis de la declaración de responsabilidad política de todos los venezolanos implicados en la descripción de hechos. En gran medida, aquellos que pudieron haber generado ex profeso un clima de desconfianza, suministrando información errónea y ejecutado maniobras contra los intereses patrimoniales y reputacionales de Monómeros”.
Lavándose las manos
Juan Guaidó desde sus redes sociales se muestra dispuesto a cooperar. Le toca. No tiene otra opción. Reconoció este jueves en un hilo en su cuenta de Twitter que no puede evitar la existencia de “una manzana podrida”, pero vociferó que es su deber “encontrarla, establecer responsabilidades y aplicar justicia con transparencia”. Además planteó una “reestructuración de la directiva en funciones y garantizar una auditoría profunda e imparcial”. También llama la atención que pidió «no encubrir a ningún funcionario».
Sin embargo, una fuente cercana al caso aseguró a PanAm Post que su partido Voluntad Popular (VP) jugó adelantado al pedir que se excluyeran del informe sobre Monómeros a Leopoldo López y Yon Goicoechea –ambos dirigentes de VP– a quienes el exembajador en Colombia, Humberto Calderón Berti, responsabilizó por el descalabro de la empresa. Su solicitud escaló y Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo aceptaron.
Aún con la omisión de estos nombres, Voluntad Popular no aprobó el informe que por otro lado, el bloque parlamentario 16 de Julio, denuncia que “encubre de forma celestina” los actos que ha ejercido o ha dejado de ejercer la junta directiva porque no hay una evaluación de su desempeño, ni positivo ni negativo, pese a “las firmas de contrataciones que violan los estatutos de la empresa y las leyes venezolanas y colombianas”. Así lo difundió el diputado José Luis Pirela en representación de esta bancada.
Una pugna visible
En la falta de acuerdos para aprobar el informe está el epicentro de la pugna opositora por la administración de los activos en el extranjero que llevó a Primero Justicia a retirarse, incluso, de la mesa de negociación en México con el régimen de Nicolás Maduro cuando se abordara este asunto.
La tolda que tiene entre sus principales figuras a Henrique Capriles y Julio Borges alegó en una carta pública la “falta de receptividad” del dirigente de Voluntad Popular, Juan Guaidó, para establecer garantías de “transparencia, independencia y buenas prácticas” sobre el patrimonio estatal que “jamás debe ser negociado con gobiernos o empresas”.
Quizá ahí radica el quiebre y la ausencia de la firma del partido de Guaidó en el resumen de 52 páginas que sugiere la realización de una auditoría financiera externa por parte de una empresa auditora internacional para el período correspondiente a la asunción del control de Monómeros por la Asamblea Nacional legitima que permita no solo conocer el estado actual de las finanzas de la empresa, sino además determinar cuáles fueron las decisiones económicas y gerenciales generadoras de la situación de crisis en Monómeros, una compañía que provee productos químicos básicos e intermedios al sector agropecuario con un promedio de ingresos operacionales que alcanzan un billón de dólares.
Fuente: PanamPost