Uno de los principios fundamentales de los Estados Unidos es la “igualdad de la justicia ante la ley”, o el principio de que no importa quién sea usted o qué represente, tiene derecho a una oportunidad justa de presentar su caso ante una corte judicial. Es por eso por lo que la estatua de la Dama de la Justicia, a las puertas de la Corte Suprema, lleva una venda en los ojos y sostiene una balanza: la venda simboliza su imparcialidad e inmunidad frente a influencias externas, y la balanza simboliza su ponderación objetiva de la evidencia que tiene por delante.
Desafortunadamente, este principio fundamental del modelo de autogobierno estadounidense se ha puesto en peligro por el juicio contra el presidente Donald Trump, que actualmente se está llevando a cabo en Nueva York. Aunque la mayoría de los estadounidenses esperan que nuestros jueces sean árbitros neutrales de la ley, el juez Juan Merchán, el letrado que supervisa este juicio contra el presidente Trump, es todo lo contrario.
Resulta que dos importantes clientes demócratas de la hija del juez Merchán han recaudado más de $93 millones de dólares en donaciones de campaña a través de su firma, utilizando varias veces el mismo caso que el juez Merchán está presidiendo, en sus presentaciones de recaudación de fondos. Merchán, la hija, que previamente trabajó para la campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris, actualmente funge como presidenta de Authentic Campaigns, una firma de consultoría política de izquierda, con sede en Chicago. Dos de los principales clientes de Authentic incluyen al candidato al Senado y congresista Adam Schiff, el demócrata radical de California, que se hizo famoso por sus mentiras al impulsar el engaño de la confabulación rusa, y el PAC [Comité de Acción Política] de la Mayoría del Senado, un importante recaudador de fondos para las campañas demócratas al Senado.
Según los registros financieros de la campaña de Schiff han entrado a las arcas más de $20 millones de dólares, desde que comenzó a recaudar fondos a partir de la acusación contra el presidente Trump en abril pasado, y el PAC de la mayoría del Senado ha recaudado la friolera de $73 millones de dólares. Una inmersión más profunda en los informes financieros de campaña muestra que Authentic Campaigns recibió más de $10 millones de la campaña de Schiff, durante el año pasado y más de $15 millones del PAC de la mayoría del Senado desde 2019.
El hecho de que las campañas demócratas y sus consultores afiliados se estén beneficiando enormemente de la persecución política contra el Presidente Trump no debería sorprender a nadie que siga el dinero en la política, pero el hecho de que un familiar directo del juez que preside este caso también lo sea, representa un atroz conflicto de intereses.
Cuando se considera el hecho adicional de que el juez Merchán hizo todo lo posible para contribuir personalmente a la campaña del presidente Biden en 2020, cualquier observador razonable de este asunto concluirá que permitir que el juez Merchán continúe participando en este caso es insostenible, y será una flagrante indignación para todos los estadounidenses que creen en la igualdad de la justicia ante la ley, al tiempo que socava en gran medida la credibilidad del caso.
En una orden en la que se negó a recusarse el verano pasado, el juez Merchán dijo que “examinó su conciencia” y confiaba en su capacidad para fallar de manera justa e imparcial. ¿Pero quién podría creerle?
Si la propia hija del juez Merchán se está beneficiando sustancialmente del caso que él preside, ¿cómo se puede confiar en que será justo e imparcial en sus fallos? Si decenas de millones de dólares no son suficientes para estimular una recusación basada en un conflicto de intereses -o al menos, en la apariencia de un conflicto de intereses- entonces, ¿qué lo es?
Por supuesto, este no es el único caso pendiente contra el presidente Trump que está plagado de conflictos de intereses y violaciones éticas. Los procedimientos recientes en Georgia demuestran que la fiscal Fani Willis contrató a su amante, Nathan Wade, para gestionar el procesamiento de Trump, a pesar de que tenía poca experiencia como fiscal. En los últimos años, Fani Willis le ha pagado más de medio millón de dólares, de dinero de los contribuyentes, a través de la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton, dinero que luego Wade utilizó para llevarla a vacaciones de lujo por todo el mundo.
En los casos federales presentados por el Fiscal Especial del Departamento de Justicia (DOJ), Jack Smith, el fiscal general del presidente Biden, Merrick Garland, nombró y autorizó a Smith para utilizar toda la fuerza y los recursos del gobierno federal, con el fin de investigar y acusar a su principal oponente político, con énfasis sobre forzar que las fechas de los juicios entraran directamente en conflicto con las elecciones generales.
Estas cacerías de brujas con fines políticos son el tipo de cosas que esperamos ver en regímenes autoritarios corruptos en el extranjero, no aquí en nuestra república constitucional. Mientras los estadounidenses siguen observando cómo se desarrollan las consecuencias de estas acusaciones falsas, nuestros funcionarios públicos están causando un daño incalculable a la integridad de nuestro sistema de justicia y al concepto del Estado de Derecho.
Como dijo una vez John Adams, nuestro sistema constitucional construye un “gobierno de leyes y no de hombres”. Cuando los agentes políticos y los partidarios radicales utilizan el sistema de justicia como arma para aplastar a sus oponentes políticos y mantenerse en el poder, todo nuestro sistema de republicanismo democrático corre peligro.
Los cargos falsos que enfrenta el presidente Trump deberían retirarse de inmediato, pero, como mínimo, los jueces activistas y políticamente sesgados cuyas familias se benefician personalmente del caso, no tienen lugar presidiendo un juicio de esta magnitud. El juez Merchán debería haberse alejado de este caso, para que podamos volver a ponerle la venda a la Dama de la Justicia.