sábado, marzo 2, 2024
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Chile deporta migrantes irregulares por colapso de venezolanos en la frontera

El frío no los detuvo. Caminaron con un par de abrigos, los zapatos desgastados, sus hijos a cuestas, sin comida y los bolsillos vacíos desde Bolivia hasta el desierto gélido de Chile donde su arribo colapsó a las instituciones gubernamentales, los servicios públicos y la seguridad ciudadana de la comuna fronteriza de Colchane en la región de Tarapacá.
Es un balance complejo. Desde el 1 de febrero, las autoridades migratorias chilenas intentan responder a la petición de asilo de los 1800 venezolanos que llegaron a su territorio huyendo del régimen de Nicolás Maduro para sobrevivir a la crisis económica y política del país.

Luna Ramírez, directora de la Red de Apoyo Solidario en Chile, declaró a PanAm Post que “el principal responsable de lo que está sucediendo es la narcodictadura de Nicolás Maduro. La migración venezolana se desbordó en América Latina por las pésimas condiciones de vida que existen en el país”.
 
A su vez, admite que “Colchane es la evidencia de una crisis humanitaria que necesita respuestas”. Y es que este conmovedor escenario que se vive en la frontera de Chile tiene una explicación. De acuerdo con Ramírez,  en la actualidad “lo que ocurre es una migración irregular y no una migración ilegal”.
Esto va más allá.  “Quienes huyen ahora son desplazados, no son migrantes. Los migrantes planifican, investigan su destino y eligen a donde ir. Esto no se da ahora. (Estas personas) son venezolanos que huyen en condiciones vulnerables y en algunos casos hasta indocumentados o sólo con su cédula, sin pasaporte”, afirma Ramírez a PanAm Post.

Destino incierto

Lo cierto es que el tema migratorio se ha vuelto un problema para la región y Chile está aplicando sus propias medidas para frenarlo. Mañana despegará el primer vuelo con los 100 primeros expulsados por el gobierno chileno informó T13. Lo harán en un avión de las Fuerzas Armadas y con ellos se iniciará el «Plan Colchane» que se activará para mitigar el acceso por pasos no habilitados.

Así se cumple la palabra del presidente Sebastián Piera, quien había advertido que el país sería “abierto con las personas que vienen de forma legal” pero su gobierno “cerrará la puerta a la migración ilegal, a los que entran sin cumplir las leyes».
La postura del mandatario es “ordenar la casa”. Bajo ese lineamiento las dependencias de salud instalaron campamentos para establecer cuarentenas preventivas luego del registro de dos muertes entre los migrantes.
La gestión de alternativas para el grupo que duplica a la cantidad de habitantes de la zona crispó a La Moneda. La comuna de Colchane carece de electrificación estable. No hay supermercados ni red de alcantarillado y el único consultorio médico superó su capacidad al recibir 260 pacientes diariamente después de un promedio de 30 visitas, reporta BBC.
Sobrepoblación por un lado y sobrecarga laboral de los funcionarios por el otro tensan dicha situación. Hasta ahora para enfrentar tal inconveniente hay varias opciones, pero se descarta al momento una medida humanitaria.
En medio del drama se reportan ocupaciones ilegales de los espacios públicos y privados. Sin embargo, para la representante de la Red de Apoyo Solidario en Chile son “hechos aislados” y reconoce la discrecionalidad, así como también autonomía del gobierno de Piñera para decidir la expulsión y deportación.
Con cuatro años a cargo de la promoción de la integración y desarrollo de los migrantes Ramírez también afirma que “se necesita una nueva ley en sintonía con las vivencias migratorias actuales basado en el respeto y la dignidad”.

Unas señales equivocadas

Desplegar a las Fuerzas Armadas para el control de la migración ilegal que entra por medio de pasos no habilitados en el norte del país es una medida que el Servicio Jesuita Migrante reprocha.
Waleska Ureta, directora de la organización en conversación con CNN Chile, advirtió que esta disposición constituye una “criminalización de las fronteras” cuando “el llamado es a hacer procesos de regularizaciones masivas de personas que no tengan antecedentes penales”.
Para ella, el gobierno solo responde desde el control fronterizo pero deja a un lado acciones integrales porque hay “una crisis humanitaria y es importante tomarla desde distintos puntos de vistas basados en un enfoque de derechos”.  De lo contrario, se genera la “sensación” de que los migrantes están relacionados con el “crimen organizado”.
Sin embargo, ya no hay retroceso. Los uniformados están en la zona.  La Contraloría General de la República de Chile aprobó el decreto emanado por Piñera que amplió las facultades de las Fuerzas Armadas. Esta acción tiene varias lecturas, entre ellas se interpreta como “una señal que va en contra de la inclusión, de la posibilidad de acoger a personas que están pasándolo muy mal en sus países, que caminan días y noches con sus hijos” afirma Ureta a la cadena de noticias.
Piñera se defiende. Alega que “el objetivo de este decreto es otorgar a las Fuerzas Armadas el control de fronteras para evitar el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas».  En su gestión rechazan a quienes no ingresan a “contribuir al desarrollo del país».
El ministro de defensa chileno, Alfonso Vargas, confesó sus pocas expectativas de éxito porque “usted puede cubrir 10 ó 20 kilómetros para cuidar que no ingresen, pero sencillamente las personas dan una vuelta un poco más larga y van a entrar igual al país” difunde Infobae.

Una salida  

El Servicio Jesuita de Migrantes insta a las autoridades a aplicar la ley de refugio “cuando las personas solicitan asilo, porque vienen de situaciones complejas en sus países. Chile tiene la posibilidad de proteger a esta persona e incluirla en la sociedad, pero la ley se aplica muy poco, hay pocas solicitudes”.
Llegar a esa aceptación tampoco está fácil. El debate al respecto ha sido largo e infértil. La actual Ley Migratoria es una de las más antiguas de Latinoamérica que data de 1975 y se promulgó durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) pero ahora Piñera insiste en la necesidad de aprobar en marzo un proyecto de ley de migración más estricto, que se presentó durante su primer mandato, en 2013, y que enfrenta ahora los últimos trámites para su entrada en vigor.

Mientras esto ocurre, la oposición estima que el endurecimiento de las fronteras es la causa de que los migrantes en Chile crucen por pasos no habilitados con la ayuda de “coyotes» o «pasadores» quienes cobran a los interesados por guiar la movilización de un país a otro.

Un número con frenos

En Chile ya se reportan 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población. Para impedir que el número aumente la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) se coordina con las policías colombiana, peruana, boliviana y ecuatoriana para desbaratar bandas dedicadas al paso ilegal de migrantes, reveló Infobae.
La cancillería chilena contactó a los ministerios de relaciones exteriores de los países mencionados para formar una mesa de trabajo que permita acuerdos para combatir el tráfico de migrantes bajo las reglas del Convenio de Palermo.
Según la PDI citada por el portal argentino, hasta diciembre del 2020 se registraron 13000 denuncias por extranjeros que ingresaron a Chile usando lugares no habilitados. La cifra entregada por la policía civil es un 69 % mayor que la del 2019 en el mismo periodo, cuando se identificaron a 8084 personas en esta situación.
Las denuncias presentadas por las autoridades chilenas son el primer paso que podría terminar en una expulsión futura. Mientras dura el proceso, la persona que se denuncie o auto denuncie podrá seguir en Chile. En lo que ha corrido del 2021, la PDI informó que cerca de 2000 personas indocumentadas han sido denunciadas hasta el momento.
Fuente: PanamPost

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