El Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE), al servicio de la dictadura de Nicolás Maduro, envió un claro mensaje de parcialidad y complicidad con la dictadura al haber elegido este 5 de marzo —día de la muerte de Hugo Chávez, según el régimen— para anunciar que las elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de julio, día del nacimiento del fallecido dictador. Sin sorpresas, el chavismo demostró una vez más que maneja las instituciones a su antojo y conveniencia, apelando a fechas simbólicas —de manera orquestada y como ha sido costumbre— para incentivar la movilización de su mermada militancia.
El cronograma para estas elecciones en Venezuela es tan ajustado que el antichavismo apenas tiene 20 días para definir cómo afrontar la inconstitucional inhabilitación de María Corina Machado, ya que el lapso de postulación de candidaturas será del 21 al 25 de marzo y el Registro Electoral cierra el próximo 16 de abril.
En otras palabras, nuevamente el chavismo pretende dejar sin margen de maniobra a la oposición, pues de forma premeditada busca restringir la participación de los venezolanos en el exterior con un calendario que dificulta la inscripción masiva de nuevos electores. Según el presidente del CNE, Elvis Amoroso, todo el cronograma fue aprobado de manera “unánime” por la directiva del organismo electoral. Así queda evidenciada la falta de voluntad de la dictadura para permitir la celebración de unas elecciones libres, como se había acordado en Barbados bajo la observación de Estados Unidos.
Se hace “inviable” el voto desde el exterior
Con la fecha de cierre del registro electoral “se hace prácticamente inviable que la mayoría de los venezolanos en el extranjero puedan actualizar sus datos en el padrón de votación”, asegura el periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez. Además, la campaña de los candidatos tendrá también un periodo corto que va del 4 al 25 de julio. Sin embargo, nadie duda del uso y abuso de los recursos del Estado por parte del régimen de manera ilimitada y sin ningún tipo de contraloría.
En palabras de Amoroso, el pasado 1 de marzo recibió de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista (AN), 27 propuestas de fechas para las elecciones presidenciales donde además se plasmaron “principios generales y ampliación de garantías electorales”. Palabras más, palabras menos, se trataba de un circo ya montado con premeditación, pues habría que ser demasiado ingenuo para creer que la fecha de la elección coincide con el día de nacimiento de Chávez por mera casualidad.
El ajustado cronograma para estas elecciones presidenciales en Venezuela juega en favor de los intereses del chavismo para garantizar su permanencia en el poder. Nada nuevo. Con menos de cinco meses entre la convocatoria y la elección no solo se acorrala a la oposición, que tiene apenas 20 días para decidir cómo hacer frente al hecho de que a la candidata electa por una abrumadora mayoría en las primarias del 22 de octubre no se le permitirá inscribirse ante el CNE, como ya lo ha ratificado la dictadura. También se ponen grandes obstáculos logísticos que impiden una inscripción masiva de venezolanos en el exterior y se hace inviable la presencia de observadores internacionales.
Mientras tanto, desde Washington solo se ha anunciado que el alivio de sanciones al petróleo y el gas venezolano llega a su fin en abril, cuando se cumple el periodo de seis meses otorgado en el marco de los fallidos acuerdos de Barbados.