La esposa del precandidato presidencial nicaragüense, Félix Maradiaga, denunció que los presos políticos en ese país están sufriendo diversos abusos físicos y psicológicos por parte de su custodios. quienes obedecen órdenes del dictador Daniel Ortega.
En una entrevista transmitida por CNN, Berta Valle asegura que en particular su marido ha perdido más de 11 kilos de peso y que desde fines de agosto que no tenía ninguna noticia de él. «Después de estar 3 meses desaparecido. No sabíamos si estaba vivo, el régimen permitió 20 minutos para que un familiar lo visitara».
Valle, quien está exiliada en Miami junto a su hija de 8 años y la madre de Félix Maradiaga, aseguró que por fin cuando su cuñada logró ver al excandidato presidencial y pudo constatar los tratos crueles e inhumanos a los que ha sido sometido durante su secuestro, y lo llama así porque el político fue llevado por agentes de seguridad, cuando fue interceptado por una «patrulla policial, sacado violentamente, golpeado y se lo llevaron”.
Destaca que fue una visita vigilada, porque constantemente estaban tomando videos y fotografías, pero en la que se pudieron percatar que han estado sufriendo tortura psicológicos y también torturas físicas. «Las condiciones físicas a las que están expuestos han hecho que pierdan peso. Desde el 31 de agosto que fue la visita hasta la fecha no hemos vuelto a saber de él. No hemos podido verle y eso es parte de las violaciones de los derechos humanos que el régimen comete contra nuestros familiares»·
Realidad que no cambia
Hoy todavía existen 150 presos políticos, incluyendo los 36 que han sido secuestrados en la última ola de arrestos a partir de finales de mayo.
Ante los claros hechos de violencia y horror, ese 1 de diciembre de 2019, Almagro ante el consejo permanente decía que estaba que claro de que en #Nicaragua no hay estado de derecho, que el uso de la fuerza del régimen es desmedido, que existe represión, que hay presos políticos, que el pluralismo político se asfixió, no hay separación de poderes, y que por esos hechos invocaban la Carta Democrática.
Cuánta razón tenía desde 2019 Almagro, al afirmar que el pluralismo político se asfixió en Nicaragua. Casi dos años más tarde y en un año electoral lo estamos viendo desde finales de mayo con siete aspirantes presidenciales presos, mientras una candidata a la vicepresidencia fue inhibida de participar y hoy se enfrenta al aparato represivo judicial por llamar al voto masivo para salir de la dictadura, algo sin precedentes.
Los siete aspirantes y la candidata son juzgados por presunto lavado de dinero y traición a la patria, a través de un paquete de Leyes que Ortega aprobó en la Asamblea Nacional a finales de 2020, para reprimir a la oposición, leyes que aplica a través del sistema judicial al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ortega a través de la represión con el respaldo de la Policía, el Ejército y grupos paramilitares, el sostén de su poder, ha logrado neutralizar a la oposición. Canceló a través del CSE integrado por militantes sandinistas y aliados, la personería jurídica a tres partidos políticos. Una de las líderes políticas fue despojada de la ciudadanía nicaragüense que por derecho le corresponde por ser hija de un ciudadano nicaragüense. Ortega despoja de su ciudadanía a nicaragüenses, pero da refugio a prófugos de la justicia por corrupción y los protege otorgándoles la ciudadanía nicaragüense para evitar su extradición, casos claros son los expresidentes de El Salvador Mauricio Funes y más recientemente Salvador Sánchez Cerén. La Constitución nicaragüense prohíbe la extradición de nacionales.
Con información de Judith Flores
Fuente: Diario las Américas
Destaca que fue una visita vigilada, porque constantemente estaban tomando videos y fotografías, pero en la que se pudieron percatar que han estado sufriendo tortura psicológicos y también torturas físicas. «Las condiciones físicas a las que están expuestos han hecho que pierdan peso. Desde el 31 de agosto que fue la visita hasta la fecha no hemos vuelto a saber de él. No hemos podido verle y eso es parte de las violaciones de los derechos humanos que el régimen comete contra nuestros familiares»·
Realidad que no cambia
Hoy todavía existen 150 presos políticos, incluyendo los 36 que han sido secuestrados en la última ola de arrestos a partir de finales de mayo.
Ante los claros hechos de violencia y horror, ese 1 de diciembre de 2019, Almagro ante el consejo permanente decía que estaba que claro de que en #Nicaragua no hay estado de derecho, que el uso de la fuerza del régimen es desmedido, que existe represión, que hay presos políticos, que el pluralismo político se asfixió, no hay separación de poderes, y que por esos hechos invocaban la Carta Democrática.
Cuánta razón tenía desde 2019 Almagro, al afirmar que el pluralismo político se asfixió en Nicaragua. Casi dos años más tarde y en un año electoral lo estamos viendo desde finales de mayo con siete aspirantes presidenciales presos, mientras una candidata a la vicepresidencia fue inhibida de participar y hoy se enfrenta al aparato represivo judicial por llamar al voto masivo para salir de la dictadura, algo sin precedentes.
Los siete aspirantes y la candidata son juzgados por presunto lavado de dinero y traición a la patria, a través de un paquete de Leyes que Ortega aprobó en la Asamblea Nacional a finales de 2020, para reprimir a la oposición, leyes que aplica a través del sistema judicial al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ortega a través de la represión con el respaldo de la Policía, el Ejército y grupos paramilitares, el sostén de su poder, ha logrado neutralizar a la oposición. Canceló a través del CSE integrado por militantes sandinistas y aliados, la personería jurídica a tres partidos políticos. Una de las líderes políticas fue despojada de la ciudadanía nicaragüense que por derecho le corresponde por ser hija de un ciudadano nicaragüense. Ortega despoja de su ciudadanía a nicaragüenses, pero da refugio a prófugos de la justicia por corrupción y los protege otorgándoles la ciudadanía nicaragüense para evitar su extradición, casos claros son los expresidentes de El Salvador Mauricio Funes y más recientemente Salvador Sánchez Cerén. La Constitución nicaragüense prohíbe la extradición de nacionales.
Con información de Judith Flores
Fuente: Diario las Américas