CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN,
La agresión permanente de las dictaduras para desestabilizar y suplantar la democracia ha usado siempre métodos delictivos como la sedición, la conspiración, la difusión de noticias falsas, el asesinato de reputación, el terrorismo, la guerrilla, el secuestro, la extorsión, los asesinatos y más. La realidad objetiva muestra que las dictaduras del socialismo del siglo 21 en las Américas han incrementado como sus herramientas fundamentales el narcotráfico y el crimen.
La conspiración del grupo dictatorial hoy llamado socialismo del siglo 21 o castrochavismo comienza siempre exacerbando los problemas de una comunidad, asesinando la reputación de líderes, organizaciones y partidos políticos, promoviendo crisis institucionales y amplificando el descontento para luego pasar a la violencia o a la manipulación electoral. Instalan la insatisfacción con propuestas populistas de izquierda y falsifican narrativas mientras destrozan liderazgos, historia y estructura de la sociedad.
La demagogia es la base estructural del populismo y define como la “estrategia usada para conseguir poder político apelando a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular, utilizando la retórica, la desinformación, la agnotología (la ignorancia o duda inducida con datos erróneos o tendenciosos) y la propaganda…”.
Empezando el siglo XXI la región sufrió la expansión de la dictadura de Cuba iniciada con los recursos de Venezuela y del país entero que Hugo Chávez entregó a Fidel Castro, comenzando con llamado “populismo bolivariano” que consolidó el “castrismo del siglo XX” como el “castrochavismo del siglo XXI”.
Establecer y sostener una dictadura solo es posible haciendo desaparecer la libertad, violando los derechos humanos, extinguiendo el estado de derecho o cumplimiento de la ley, concentrando todos los poderes en manos del jefe o del grupo que detenta el poder, anulando la libertad de organización social y política y manipulando la voluntad popular. Para eso con operaciones delictivas de dominio público ha instituido constituciones dictatoriales que liquidan la libertad, falsificado seudo legislativos que solo producen “leyes infames”(que violan los derechos humanos), convertido a los jueces en verdugos de la dictadura, creado la “dictadura electoralista” en la que el pueblo vota pero no elige y los “opositores funcionales”.
La realidad prueba que todo acto de los dictadores y sus entornos es delito. Desde la falsificación de narrativas, la corrupción, la enajenación de la nación, las persecuciones, presos y exiliados políticos, las torturas y asesinatos, el sometimiento a potencias extranjeras, las farsas electorales y más. El detentar indefinida e impunemente el poder que ya es un crimen en sí mismo solo es posible con la comisión diaria de delitos que han institucionalizado mediante la aberrante fechoría del “constitucionalismo dictatorial”.
Los delitos de los jefes y operadores de las dictaduras del socialismo del siglo 21 establecidas en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, se ejercen en contra de sus pueblos y en contra de los estados democráticos de las Américas, sus pueblos y la comunidad internacional. Internamente el “terrorismo de Estado” es su instrumento básico; en el ámbito internacional siguen ejecutando “terrorismo diplomático”, conspiración, guerrilla, terrorismo, extorsión, asesinato de reputación, secuestros, asesinatos y más. Lo prueban el fallido golpe del presidente Castillo en Perú, la reinstalación impune de la dictadura en Bolivia, la supresión de nacionalidad a perseguidos nicaragüenses, la farsa electoral en Venezuela, el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador, el secuestro y asesinato del Teniente Ronald Ojeda refugiado venezolano en Chile y un largo etcétera de crímenes que se repiten sin cesar.
El socialismo del siglo 21 ha incrementado el uso del narcotráfico y el crimen común como sus herramientas para desestabilizar la democracia. La primera constatación es que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son NARCOESTADOS, esto es “países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales”. Buscan legalizar el narcotráfico como narrativa de Estado y repiten la proclama de Fidel Castro de “usar el narcotráfico como arma antimperialista”, hoy como “arma antidemocracia”.
Como la seguridad ciudadana es una de las necesidad y demandas esenciales de los pueblos, la crisis en este ámbito es generada por medio del auspicio, encubrimiento y sostenimiento del crimen común transnacionalizado, que basado en el narco producen efectos en los que la mano de las dictaduras se encubre con mayor facilidad. Veamos Ecuador, Argentina, Costa Rica…
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy