La Fiscalía además destacó que en cuarenta años de su existencia «nunca» se había abierto una investigación contra un jefe de Estado en funciones y que la fiscal Avalos Rivera «es la primera» en tomar esta decisión, tanto ahora con Castillo, como con el expresidente Martín Vizcarra.
Resaltó que los tres casos en los que estaría implicado Castillo –irregularidades en la construcción del Puente Tarata, en la subasta pública de un contrato con la estatal Petroperú y por presiones en una serie de ascensos militares–, «están siendo investigados» y ya tienen abiertas diligencias.
La fiscal Avalos Rivera sostuvo su decisión de posponer la posible imputación de delitos amparándose en el Artículo 117 de la Constitución peruana, el cual indica que el jefe del Estado solo puede ser acusado durante su mandato en casos de traición a la patria, disolución del Congreso o impedir que se celebren elecciones.
Fuente: Diario las Américas