WASHINGTON- El aumento de casos por violaciones a los derechos humanos, caracterizados como una represión sistemática y generalizada que se ejecuta bajo la mirada impasible del Estado venezolano es la prinicipal denuncia contenida en el nuevo informe anual sobre los «Crímenes de Lesa Humanidad 2023-2024», presentado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, DC, este 2 de mayo.
El informe, que contiene seis capítulos, incluye las recientes revelaciones del fiscal chileno, Héctor Barrios, quien lleva el caso del secuestro y posterior asesinato del expreso político venezolano, tte. Ronald Ojeda, asilado en Chile desde 2017 y quien fue sacado de su vivienda en la madrugada del 21 de febrero de 2024, para ser asesinado presuntamente por el grupo delictivo «Tren de Aragua», que según Barrios, se trató de un crimen político planeado desde Venezuela.
Además, la investigación menciona las detenciones arbitrarias orquestadas por el fiscal venezolano, Tarek William Saab, contra un sinnúmero de ciudadanos, criminalizando su profesión o solo por ser opositores o realizar activismo político; una práctica que se ha ido intensificando a medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 28 de julio.
«Entre la OEA y el Instituto Casla existe un memorándum de entendimiento en un marco de cooperación en que el Instituto aporta a la OEA información sobre crímenes de lesa humanidad en el hemisferio. Esos aportes son relevantes para el panel de expertos independientes que analizan los casos y para nosotros es importante la sistematización que hace Casla», dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien tuvo participación en el evento.
La directora del Instituto CASLA, Tamara Sujú, declaró a este rotativo que esperan este nuevo informe, que ya fue entregado a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, sume respaldo a las denuncias hechas anteriormente.
«Este informe habla de los nuevos hallazgos como: nuevos patrones de tortura, nuevas víctimas, denunciamos una unidad clandestina del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) que dirige directamente el presidente de la República», además puntualizó Sujú, que el informe incluye la denuncia a Cuba ante la CPI, por crímenes Lesa Humanidad contra Venezuela.
Según se lee en el informe, un testigo militar de alto rango venezolano, clasificó la penetración cubana en tres etapas: Posicionamiento en instituciones públicas, no armadas; Posicionamiento en instituciones militares y policiales del país, Integración popular y conformación de agrupaciones nacionales bajo esquemas de la revolución cubana.
El Instituto Casla obtuvo con carácter de exclusividad para el informe-denuncia entregado a la CPI, ocho acuerdos firmados entre Cuba y Venezuela el 26 de mayo de 2008. Los tres primeros tienen que ver con la parte de inteligencia y contrainteligencia y de cómo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se transformó en «el monstruo torturador a cargo del comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional y el Presidente de la Republica», según se lee en el reporte.
¿Qué esperan que suceda con la entrega de este nuevo informe?
«Esperamos justicia. Que la investigación que actualmente realiza la CPI sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por Venezuela, avance».
¿Cómo está la situación con respecto al informe anterior?
«Está peor. En cuanto a represión, persecución, encarcelamiento. El régimen está desatado con miras a las elecciones presidenciales», señaló la defensora de derechos humanos.
«En cuanto a cuán avanzado va el caso ante la CPI, se está determinando quienes son los responsables en la Fiscalía de la Corte por eso es importante que las víctimas sepan que el caso, continua», afirmó Sujú aclarando que, los tiempos de la justicia internacional son diferentes a los de un tribunal nacional dado que «en este caso se va a juzgar a altos responsables».
Según información de la OEA, este es el séptimo informe de este tipo que el Instituto CASLA presenta ante el organismo regional con el objetivo de denunciar «ante nuestro continente y el mundo entero los crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela».
El informe explica el proceso de investigación en curso en la Corte Penal Internacional haciendo énfasis en la demanda por justicia de las víctimas y sus familiares.
Se detallan también los patrones de injerencia cubana en este sistema represivo y como evidencia se presentan testimonios de militares y civiles además de las víctimas.
«Nos hemos dedicado no solo a escuchar a las víctimas y a recopilar los casos y a denunciarlos, también investigamos, por ejemplo, cuáles son las cadenas de mando de los culpables, quienes son en última instancia los responsables y particularmente en estos dos últimos años, hemos complementado esa información.
Como en informes anteriores, en éste también se presenta evidencia sobre los tormentos a los que son sometidos los venezolanos día a día bajo el régimen de Nicolás Maduro.
La recopilación detalla los patrones de tortura: desaparición forzada temporal; violación del derecho a la defensa, Impedimento por parte de los abogados de confianza de solicitar diligencias de investigación; en varios casos los organismos de inteligencia han ido a buscar a familiares de los detenidos; sometimiento a torturas físicas y torturas psicológicas, amenazas de muerte; amenazas contra las familias, traslados a centros clandestinos de torturas, violencia sexual y de género y proporciona evidencias de la estrecha coordinación que existe entre el presidente Maduro y las cadenas de mandos de los organismos de seguridad.
En este esquema destaca el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), responsable entre otras agencias por la tortura y el abuso de los detenidos.
En el informe además se menciona la “Guía de instrucción básica en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial para aspirantes a detectives” que utiliza el SEBIN.