Jorge Enrique Gómez Pardo,
El domingo 21 de abril de 2024 se llevaron a cabo las posiblemente más masivas marchas que recuerde Colombia, desde las marchas contra las FARC (y Chávez) durante el gobierno de Álvaro Uribe. Ahora, tuve de nuevo la oportunidad de asistir y de percibir esa poderosa energía que se siente al estar junto a miles de compatriotas unidos en unos sentimientos y unas causas comunes.
Sentimientos y causas comunes que para esta marcha resumiría en la defensa de la libertad y de la democracia, y en la defensa de lo que hemos construido como país durante tantas décadas con tanto esfuerzo. Por ejemplo, su sistema de salud, su sistema pensional basado en la libertad y en la propiedad, así como su tejido empresarial. Todos susceptibles de mejora, pero todos indudablemente buenos y queridos por la inmensa mayoría de los colombianos.
Mi respeto y agradecimiento a los políticos y activistas que la promovieron, y, especialmente, a todos los ciudadanos que asistieron. En mi última columna señalé que esta sería la marcha más importante porque marcaría el tono de la defensa de la libertad y de la democracia en Colombia en esta nueva etapa de radicalización total de Petro. El resultado fue inmejorable.
Ahora bien, el lunes 22 de abril de 2024 se dará en el Senado de la República, a su vez, una de las discusiones más importantes de la historia de Colombia. No es la constituyente de Petro, tampoco es un proyecto de reelección.
Se trata sobre si el Senado en la votación de la reforma pensional pondrá en riesgo el factor de estabilidad más importante que ha tenido Colombia durante los últimos casi 35 años por su constancia e impacto. Me refiero a la estabilidad macroeconómica, cuyo principal baluarte institucional ha sido el Banco de la República.
Durante estas décadas el país ha sufrido gravísimos problemas de seguridad interna que probablemente no había tenido otra democracia occidental hasta ese momento, al punto de poner en entredicho la viabilidad misma del Estado.
También hemos vivido grávisimos problemas políticos y constitucionales que desafiaron los consensos políticos existentes en el país -las reglas no escritas-, y los principios de la democracia liberal establecidos expresamente en la Constitución y en la jurisprudencia. Estos problemas crearon peligrosísimos precedentes y llevaron a Colombia grados de polarización tristísimos y absurdos por innecesarios.
En todos esos momentos el país siempre pudo contar, casi sin percatarse de ello, con el liderazgo constante, confiable y silencioso para la inmensa mayoría de la población del Banco de la República.
Esta casi augusta institución tiene a cargo principalmente la función de controlar la inflación y mantenerla en niveles bajos, y así, lo propio con los precios de los productos y servicios que todos consumimos día a día. Entre muchísimos ejemplos, desde cuando compramos los alimentos día a día en la tienda de la esquina o el supermercado, hasta cuando pagamos el arriendo para darle un techo a nuestras familias.
Una alta inflación también frena el crecimiento y, por lo tanto, las posibilidades de tener empleo, y que ese empleo sea de calidad. Como lo señala un documento del propio Banco, “la inflación genera una gran incertidumbre”, por lo que los empresarios “dejan de hacer muchas inversiones que podrían contribuir al desarrollo del país”.
Sin inversión no hay empresas, y sin empresas no hay empleos, y menos empleos de calidad. Así como los particulares procuramos no arriesgar nuestros ahorros si no sabemos qué pueda pasar, lo mismo hacen los empresarios.
El Banco de la República realiza su función mediante varios instrumentos interdependientes. Entre ellos, las decisiones sobre la emisión de nuevos billetes y monedas que circulen en el país, la regulación de las tasas de interés que impactan directamente los intereses que nos cobran en los bancos por los créditos que solicitamos, o políticas cambiarias para mantener a una tasa razonable y estable el precio del dólar.
La inflación descontrolada ha sido la causa de la llegada o consolidación de extremismos, o de muchísimo dolor a los países. Fue clave, por ejemplo, para el ascenso de Hitler y ha sido instrumental para la consolidación de Maduro pues al mismo tiempo que la población se empobrece es cada vez más dependiente de las ayudas del gobierno.
Y ha llevado a desafíos económicos intolerables para un país del potencial humano y económico de Argentina. En buena hora el presidente Javier Milei, con total decisión e inteligencia, está revirtiendo esta situación de manera, para usar la expresión que utilizó hace poco el FMI, “impresionante”.
Como en su momento lo explicó el propio presidente argentino, “después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia” recibió “un país que ha emitido dinero por más de 20 puntos del PIB para financiar ese gasto público y que ahora producto de esa emisión desenfrenada, enfrenta su peor crisis inflacionaria en 40 años. Un país que iba camino a enfrentarse con una inflación anual del 15 mil por ciento”.
Esa emisión de nuevos billetes y monedas que circulan en Argentina la realizó el Banco Central de ese país, que es el equivalente a nuestro Banco de la República. La diferencia es que mientras el nuestro ha sido independiente de los gobiernos de turno, el de ellos no.
Y allí es precisamente en donde se encuentran los riesgos que representa la reforma pensional para la estabilidad macroeconómica y, por lo tanto, económica, social, política y constitucional de Colombia. No solo para nuestras pensiones, sino para la estabilidad misma del país, la cual nos permite continuar generando ingresos para alimentarlas.
Cuando se creía que los peores peligros para la patria estaban contenidos con el hundimiento de la reforma a la salud y la completa inviabilidad de la constituyente del presidente Gustavo Petro, en los últimos días se revivió la posibilidad política de la aprobación de la reforma pensional.
Entre otros, establece que quienes coticen hasta 2,3 salarios mínimos pasen obligatoriamente a Colpensiones, es decir, al sistema público de pensiones, cuya cabeza la determina el presidente de la República. Los demás sí seguirían teniendo la libertad de escoger si cotizan en el sistema público o en los fondos privados.
Ante las más que justificadas preocupaciones de que el presidente Petro utilice esos recursos para gastarlos en su acción política, un grupo de respetados académicos -a quienes leemos permanente y detenidamente para comprender la situación económica del país- con las mejores intenciones propusieron que esos dineros estuviesen administrados por el Banco de la República. Su gestión -agregaron- debiera estar supervisada por un Comité integrado en su mayoría por miembros expertos e independientes.
¿Suena bien no? Parece bastante razonable que la institución posiblemente más respetada de Colombia maneje esos recursos. Y si a ello se le suma un Comité supervisor cuya mayoría serían expertos e independientes pues mejor aún.
De hecho, parece existir en el país un consenso sobre ello. Tan es así que Semana en su edición impresa de este sábado señaló que “el debate continuará el lunes, cuando se retomará el artículo nuevo que ha generado consenso entre todas las bancadas: el que autoriza que el Banco de la República maneje el fondo de ahorro pensional”.
Sin embargo, desde hace dos días cuando la opinión pública se enteró de esta propuesta y de su avance en el congreso me he opuesto vehementemente a ella.
La razón es porque considero que lo único peor a que el gobierno Petro maneje los recursos directamente a través de Colpensiones es que lo haga indirectamente a través del Banco de la República. Con ello ya no sólo se pondrían en riesgo esos recursos de los colombianos, sino que se pondría en riesgo la independencia del Banco de la República y, así, reitero, la estabilidad macroeconómica, económica, social, política e institucional de Colombia.
Así lo aconsejan razones de tipo histórico propias de nuestro país, potenciadas por la naturaleza política del presidente Petro a la que me volví a referir en esta columna hace unos días, a la forma como, en consecuencia, ha gobernado, y a que en enero el gobierno podría tener mayorías en la junta directiva del banco.
En efecto, es evidente para cualquier persona informada en Colombia que esos recursos tienen el claro propósito de ser utilizados por Petro para cumplir los fines de su agenda política radical.
Suele ocurrir en Colombia que cuando a instituciones muy respetables se les han asignado funciones con excesivo impacto político, precisamente por ser tan respetables para que de alguna forma sirvan de guardianas del bien común, han terminado mal.
Un ejemplo de ello fue el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Al asignársele la coordinación de los inmensos recursos de las regalías lo desnaturalizaron. Pasó de ser el tanque de pensamiento de los gobiernos a ser una entidad politizada con permanente interacción con los congresistas. Hoy es incluso liderada por un exsenador cuyo perfil evidentemente no encaja con el que tradicionalmente tuvieron sus directores.
Otro ejemplo es la asignación de funciones electorales a los magistrados de las Altas Cortes. Con el fin de despolitizar el nombramiento de algunos funcionarios del Estado, la Constitución del 91 les asignó a estos jueces la facultad de postularlos o de nombrarlos directamente. Entre ellos, al fiscal general de la Nación, al contralor de la República, al Procurador General de la Nación, al Auditor General de la Nación o a magistrados de la Corte Constitucional o del Consejo Superior de la Judicatura.
Después de todo, la majestad de la justicia y la reputación de los magistrados siempre había sido intachable. Pero esas funciones en nada tienen que ver con la administración de justicia y en cambio sí contribuyó a su politización en algunos casos, tal como se lleva diciendo en el país en distintas publicaciones desde al menos hace 20 años.
A ello hay que agregarle que según un análisis de La República, “el presidente Petro lograría mayorías en la Junta del Banco de la República en enero”.
En línea con la propuesta de los respetados académicos, una senadora dijo para El Nuevo Siglo que “a través del Banco, se creará un comité administrativo, integrado por dos ministros, el de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el de Trabajo, Inés Ramírez. Del mismo, también harán parte el director de Planeación y cuatro asesores externos independientes, expertos en finanzas, en rendimiento, y quienes son elegidos por la junta directiva del Banco de la República”. “Ese comité -agregó la senadora- hará las veces de secretaría técnica para que el manejo de los recursos se dé a través del banco central, en el cual todos confiamos”.
¿Luego de la forma como Petro ha tratado a los técnicos en entidades completamente consolidadas como el Ministerio de Hacienda o la Creg, entre muchos otros ejemplos, será que el presidente nombrará a través de sus mayorías en la junta directiva del Banco de la República y con toda la fuerza de su poder por la importancia de esos recursos, a técnicos adecuados para hacer contrapeso a precisamente sus propios ministros?
La pregunta, por supuesto, es retórica a la luz de lo que el país ha visto a lo largo de su gobierno.
Sobre este punto, reitero, hay un consenso en el Senado, según lo han informado los distintos medios de prensa, tanto en los partidos que han apoyado a Petro como los que se le han opuesto. Y reitero que fue una propuesta realizada por algunos de los más respetados economistas del país.
La buena fe y el soporte técnico de la propuesta no deja entonces ninguna duda. Sobre las buenas intenciones Winston Churchill se pronunció en un bellísimo discurso sobre Neville Chamberlain tras su fallecimiento.
Chamberlain, quien siempre fue un muy hábil político y economista, pasó a la historia, sin embargo, por estar terriblemente equivocado respecto a Hitler y a la forma de proceder frente a él.
Churchill, no obstante, admiraba el coraje, la lealtad, la capacidad y la inteligencia de su antiguo rival. En su discurso se refirió a él entonces como “An English Worthy”, utilizando la expresión acuñada antes por Disraeli, mostrando un enorme respeto y admiración por él a pesar de las diferencias.
Que las palabras del Viejo León nos guíen también en este aspecto que como el lector y la lectora seguramente ya habrá notado, es crucial para el futuro de la patria. Permítanme entonces citar el siguiente extracto de su discurso:
“No está dado a los seres humanos, afortunadamente para ellos, porque de otro modo la vida sería intolerable, prever o predecir en gran medida el curso desplegable de los eventos.
En una fase los hombres parecen haber estado en lo correcto, en otra parecen haber estado equivocados.
Luego, unos años después, cuando la perspectiva del tiempo se ha alargado, todo se presenta en un escenario diferente. Hay una nueva proporción. Hay otra escala de valores.
La historia con su lámpara titilante tropieza a lo largo del camino del pasado, tratando de reconstruir sus escenas, de revivir sus ecos y de encender con tenues destellos la pasión de días anteriores. ¿Cuál es el valor de todo esto?
La única guía para un hombre es su conciencia; el único escudo para su memoria es la rectitud y la sinceridad de sus acciones.
Es muy imprudente caminar por la vida sin este escudo, porque a menudo somos burlados por el fracaso de nuestras esperanzas y por el trastorno de nuestros cálculos; pero con este escudo, sin importar cómo jueguen los destinos, marchamos siempre en las filas del honor.”
Por supuesto que quien puede estar equivocado –terriblemente equivocado– soy yo. Pero a partir de lo que aquí he señalado tengo el más firme y sincero convencimiento que el riesgo simplemente no vale la pena. El impacto de su materialización en cualquier grado podría ser devastador para el futuro de Colombia.
No se trata entonces de darle gusto a Petro en el sentido de que, como algunos lo dicen o insinúan, dado que fue elegido tiene un mandato para hacer prácticamente lo que le provoque. No señor. Nadie tiene un mandato para destruir lo que el país en su conjunto ha construido en décadas con tanto esfuerzo.
Petro, por cierto, es el presidente que se ha elegido con el margen más estrecho en lo corrido de este siglo.
Además, el mandato para mantener a Colombia dentro de la moderación que siempre tienen los congresistas y todos los políticos en Colombia, comenzando por el presidente, quedó como vinos completamente revigorizado con las masivas y emocionantes marchas del domingo a lo largo y ancho del territorio nacional.
Bajo este gobierno Colombia simplemente no tiene la capacidad institucional para manejar esos recursos.
Pero ya habrá tiempo. Por ahora simplemente no se puede.
Lo más sensato, si se me permite, es entonces simplemente hundir esa reforma y esperar dos años y presentar una nueva bajo un gobierno normal dentro de lo que ha sido la tradición colombiana.
Y si no es posible hundirla, por lo menos no metan al Banco de la República en estas presiones políticas que probablemente lo terminarán desnaturalizando con un tristísimo y, reitero, devastador impacto para Colombia y para todos los colombianos.
Si es así, y a manera de propuesta, consideren mejor crear una nueva entidad que administre esos recursos cuya junta directiva esté conformada por los tres funcionarios del gobierno antes señalados y por tres representantes de los fondos privados, con una secretaría técnica en la línea de la que han planteado los expertos y de la que parece haber consenso en el Senado.
De este modo, se tendrían que poner de acuerdo en su gobierno organizacional, con lo que se mitiga, dentro de lo posible, el uso político de los recursos y no se pone en riesgo la integridad del Banco de la República y, por lo tanto, lo reitero una vez más, la estabilidad macroeconómica, económica, social, política y Constitucional del país.
A semejanza del Banco de la República sería una entidad independiente de las demás ramas del poder público, gozaría de autonomía administrativa, patrimonial y técnica, y estaría sujeta a un régimen legal propio.
Seguro habrá quienes se pregunten preocupados y molestos: —“¿más burocracia?”
Sólo les podría responder que comparto su preocupación y molestia, pero en estas circunstancias es un mal mucho menor.
En todo caso, y al margen de las críticas o bondades a esta propuesta alternativa, el asunto de fondo es no enredar al Banco de la República en estas discusiones políticas, comprometiendo su independencia y, así, poniéndose en riesgo la estabilidad del país.
Señores y señoras congresistas: los colombianos ya cumplimos con nuestra parte y salimos a marchar. Ahora les toca a ustedes. Para eso los votamos y para eso salimos a respaldarlos.
Las marchas anteriores fueron claves para hundir la primera reforma laboral y la reforma a la salud. Esta, la más masiva de todas, debe servir para hundir, o cuando menos, ajustar la reforma pensional.
El mandato que les dimos fue contundente.