QUITO — Los vínculos del presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa (2007 – 2017), dieron paso a una serie de acontecimientos que derivaron en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador.
Desde 2019, el presidente López Obrador, que gobierna uno de los países más violentos a causa del narcotráfico y cuya política es de «abrazos no balazos» con el crimen organizado, ha acogido a al menos siete exfuncionarios del correísmo, procesados penalmente por los delitos de corrupción y relaciones con narcotraficantes.
El exvicepresidente Jorge Glas ha sido el último correísta al que el presidente López Obrador pretendía cobijar bajo sus alas, al recibirlo, primero, en la sede de la misión diplomática mexicana en Quito en calidad de “huésped ilustre” y, luego, concederle el asilo diplomático, pese a que sobre él pesan dos sentencias firmes por delitos de corrupción.
Glas, hombre de confianza de Correa, prófugo de las justicia en Bélgica, ha intentado vender su caso judicial como uno de “persecución política” y el gobierno mexicano ha dado respaldo a su argumentación. Esto, pese a que en 2017 fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht y en 2020, tres años más tarde, fue condenado a ocho años más de cárcel por ser coautor del delito de cosechó pasivo agravado en el caso “Sobornos 2012 – 2916”, el mismo caso por el dictaron una pena de ocho años de prisión a Correa.
El exvicepresidente, cuyas penas fueron unificadas en 2023, fue trasladado la mañana de este sábado al Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N° 3, cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en Guayaquil, tras años de maniobras para evitar ir a prisión.
Violación de medidas cautelares
Desde 2022 cumplía la pena en una especie de libertad condicional, por una medida cautelar otorgada por el juez de Emerson Curipallo, detenido y procesado desde diciembre pasado por el caso ‘Metástasis’, que revelaba la instauración de la “narcopolítica” en la nación suramericana, según declaraciones de la fiscal general ecuatoriana, Diana Salazar.
Desde esa fecha, debía presentarse semanalmente ante las autoridades. Sin embargo, desde diciembre pasado, cuando se refugió en la embajada de México, no cumplía con la medida cautelar de presentaciones.
Por este motivo, la juez penitenciaria Melissa Muñoz revocó la medida y se emitió una orden de captura para que completará su pena. A esta, se le sumó en enero otra orden de prisión preventiva por el delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, que investiga la Fiscalía ecuatoriana por sus intervenciones como exvicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo.
Asilo ilícito
Glas se refugió en la embajada mexicana tres días después de que estallará el caso Metástasis el 14 de diciembre, se le negará la petición de prelibertad y se le citará a declarar por el caso Manabí, por el cual emitieron una orden de aprehensión un mes después.
Desde esa fecha, el gobierno mexicano evaluaba la solicitud de asilo diplomático, que le fue concedido el viernes 5 de abril, días después que iniciara una crisis diplomática entre México y Ecuador, que declaró persona non grata a la embajadora mexicana, Raquel Serur.
Desde un primer momento, Ecuador calificó de “ilícito” el asilo otorgado por el gobierno de López Obrador, que se había negado en marzo el acceso de las autoridades ecuatorianas a su embajada para detener a Glas.
Con su decisión, México había violado el artículo III de la Convención de Viena sobre el asilo diplomático, que establece que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas”.
Refugio de bandidos
Este apartado, de acuerdo con el abogado constitucionalista José Chalco-Salgado, fue vulnerado incluso antes de conceder el asilo. Lo hizo al recibir en sus instalaciones a un ciudadano que tenía dos sentencias penales firmes en su contra.
Según dicho artículo, el gobierno mexicano debió invitar a Glas “a retirarse” o entregarlo al Estado ecuatoriano para que cumpliera con la justicia de ese país.
“Las relaciones internacionales se basan en el principio de reciprocidad y en el principio de actuación soberana y unilateral. ¿Cuál es la reciprocidad que nos ha dado México de contribuir con la justicia? México ha obstruido la administración de justicia del Estado ecuatoriano, eso no se puede permitir”, señaló en una entrevista a un canal ecuatoriano.
A su juicio, las “embajadas son para el servicio diplomático, no para el refugio de bandas o de bandidos”, por lo que el gobierno del presidente Daniel Noboa tiene que “actuar” acorde con la Constitución, haciendo valer el artículo 425 de la Carta Magna ecuatoriana, que establece la supremacía del ordenamiento constitucional por encima de los tratados internacionales.
“¿Qué pasa si no se respeta el Estado y su Constitución? Que mañana cualquier embajada en su ciclo diplomático servirá para desnaturalizar y dar refugio a bandas y a bandidos”, aseveró.
México, el paraíso de los correístas
México, azotado por las bandas del narcotráfico, se han convertido en un paraíso para los correístas. Desde 2018, el gobierno de AMLO ha acogido a al menos nueve exfuncionarios de Rafael Correa, entre ellos, al excanciller Ricardo Patiño.
También a los legisladores Gabriela Rivadeneira, Sofía Espín, Viviana Bonilla, Carlos Viteri, Luis Molina, Soledad Buendía, y a su esposo, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Edwin Jarrín.
Además, López Obrador ha recibido en su país al exsuperintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, y al exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís. Todos ellos han sido acusados y procesados penalmente por el delito de corrupción, por los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016.
“Glass no es un perseguido político. Es el subjefe de una mafia de la narcopolítica, un delincuente juzgado, procesado y sentenciado, con orden de prisión por autoridad competente”, recalcó el exminitro de Turismo ecuatoriano, Hernan Plaza, en un video publicado en X.
¿Complicidad de AMLO?
El gobierno ecuatoriano enfrenta actualmente una lucha contras las mafias del narcotráfico y que, según han revelado investigaciones de la Fiscalía, han permeado las instituciones del Estado y la política nacional.
Aunque Glas no aparece directamente relacionado en el caso Metástasis, según reseña el diario Primicias, sí era tema de conversación del narcotraficante Leandro Norero, que dio origen a esta investigación, por la que han detenido y procesado a 52 personas.
A final de la tarde de este sábado, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld aseguró que el gobierno decidió irrumpir en la embajada mexicana ante el “riesgo real de fuga inminente” de Glas, a quien México se negaba a entregar.
Al momento de la irrupción policial, el cuerpo diplomático de México se encontraba a la espera de un avión militar, en el saldría del país la embajadora Serur. De acuerdo con el consultor ecuatoriano, Héctor Galarza, Glas fue detenido cuando se encontraba en el auto de la embajada con el jefe encargado de la misión mexicana, Roberto Canseco.
“Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías… con ladrones que entraron por la noche en la embajada”, reconoció el propio Canseco en declaraciones a la prensa, en la que se muestra bastante alterado tras el altercado que protagonizó cuando intentó evitar la detención del exvicepresidente.
En medio de todo este escenario, el gobierno de Noboa ha defendido este accionar como un “acto de soberanía”, ante el “abuso de los privilegios” que la Convención de Viena otorga a las misiones diplomáticas. “Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad”, resaltó en un comunicado.