martes, mayo 21, 2024
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Luis Ugalde y los pactos políticos

Luis Beltrán Guerra,

Este escritor publicó hace ya algún tiempo un artículo titulado “Ugalde Asambleísta” (El Universal, Caracas, 17 Dic. 2016), a fin de resaltar el compromiso asumido para con Venezuela por el rector jesuita de la Universidad Católica Andrés Bello (1990-2010), Individuo de Número de la Academia de Ciencias políticas y Sociales y Premio Nacional de Periodismo (1977). El tocayo, para los venezolanos, ha sido, por tanto, mucho más que “el mediador religioso entre Dios y el hombre y al servicio inmediato de la deidad”. Ha excedido con creces la propia definición de la Real Academia Española “hombre ordenado para celebrar el sacrificio de la misa y realizar otras tareas propias del ministerio pastoral”. Evidencias, unas cuantas, la más leída “Luis María Ugalde Olalde es un teólogo e historiador jesuita venezolano nacido en España”.

Es, tal vez, esta última calificación, entre otras, tan importantes como ella, la que a nuestro juicio más identifica a Don Luis con uno de sus últimos ensayos, que ha denominado “La transición política que necesitamos” (Marzo 2023) y que llevan a este comentarista a proponer un peldaño más en la objetiva descripción que intentamos en el ensayo arriba citado “Ugalde, asambleísta”, experimentando el deber de escribir en esta ocasión “Ugalde, Presidente”. No hay venezolano, en nuestro criterio, por demás modesto, que difícilmente manifieste su desacuerdo con nuestra apreciación. Tampoco dudas de que seríamos ingratos y bastante.
La modestia de Ugalde, quien por supuesto sabe que la “ingratitud es hija de la soberbia y un pecado mortal”, con toda seguridad que rezaría a favor de los infractores de la ley de Dios, pero seguiría luchando por Venezuela, convertida con décadas en su primera patria.

La consigna, “yo voy hasta el final” la justificaría Luis y mucho más cuando se trate de una Venezuela unida que la grite, convencido, como lo ha escriturado: 1. “Las grandes transiciones políticas producen cambios partiendo de enfrentamientos radicales entre el régimen reinante y la realidad naciente, 2. Ejemplos, como en Polonia, España y Chile, que pasaron de la dictadura a la democracia, demuestran que al comienzo no parecía posible ningún cambio pacífico, 3. Pero visto en perspectiva, sorprende gratamente el inspirado en el “milagro” de una evolución en la que conviven y colaboran los perseguidos y perseguidores de ayer, 4. Descubren que unos y otros no sólo son tolerables, sino que son necesarios para la alternativa”.

Leyendo, como neófitos, al egregio representante de Dios, nos preguntamos si se trataría de un pacto para “un gobierno de integración nacional” sin perseguidos ni perseguidores, esto es, “LA INDISPENSABLE CONCERTACIÓN!, la cual demandaría: 1. Un llamado al entendimiento de los partidos y agrupaciones políticas, para adelantar “un gobierno de integración nacional”, camino para poner término a las diferencias entre los venezolanos y alcanzar la unidad que tanto se demanda, 2. El proceso electoral apegado a la Constitución y a las leyes, así como a las pautas democráticas que han de regirlo, lo cual corresponde garantizar al propio Gobierno, como al Consejo Nacional Electoral y demás organismos públicos, así como a los candidatos y sus partidos, 3. Un reconocimiento a la gesta ciudadana adelantada por María Corina Machado y sus seguidores y la invitación a que se incorpore con sus equipos a la lucha que se adelantará para una democracia moderna y la conformación del gobierno de integración, 4. En igual sentido se convocaría a los dirigentes de los partidos y otras organizaciones políticas, pues la unión será determinante para una estrategia conjunta en aras de que logremos un camino de esperanza, dignidad y respeto en actividades productivas, en beneficio de la Nación y de quienes la integramos, 5. Un programa económico fundamentado en las reglas del mercado, bajo una adecuada coordinación por parte del Estado, conforme al respeto, la observancia y vigencia de los cánones relativos a la libre concurrencia, en procura del verdadero Estado Social de Derecho, como lo dicta la Constitución vigente, 6. La invitación al ciudadano Presidente de la República, a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia y demás poderes públicos, así como a todos los partidos políticos y demás organizaciones, en lo concerniente al respeto, observancia y acatamiento del Estado de Derecho, en aras del entendimiento entre los venezolanos, así como el reconocimiento de las naciones que integran la comunidad internacional, 7. Mensaje a la Fuerza Armada Nacional de acatamiento a las previsiones de la Constitución de la República y su plena incorporación al proceso de transición a una verdadera democracia, 8. La definición de las pautas conforme a las cuales se adelantaría un proceso de justicia transicional con plenas garantías al debido proceso. No habrá perseguidos ni perseguidores, pero sí observancia de la Ley y garantía de reparación y no repetición, 9. La proposición de la convocatoria a un proceso electoral objetivo para la renovación del Presidente y demás cargos de elección popular, la cual tendría lugar finalizado el segundo año del sexenio constitucional y 10. Entiéndanse que se trataría de una convocatoria amplia y plural dirigida a materializar el Estado democratico y social de Derecho y de Justicia, conforme a los valores superiores pertinentes a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. La República, sin dudas, ganaría bastante en lo concerniente al apego a una Carta Magna elaborada y promulgada por el Presidente Hugo Chávez, en cuyas arengas expresaba que se había logrado la metodología para la consolidación de Venezuela como nación importante, tanto en el contexto nacional, como internacional. O de pronto regresar a la Carta Magna de 1961, cuyo carácter libertario es innegable.

El proceso que se iniciara el 2 de febrero de 1999, con la asunción del gobierno por parte del coronel, no dejó, ni ha dejado de ser un estremezón al “status quo” de una democracia, también, constitucional, estatuida en enero de 1961, la cual presentaba manifestaciones de decaimiento, escenario que pretendió superarse con un “Tsunami político”, cuyas consecuencias sorprendieron a muchos, incluyendo a la propia masa que sufragara por el comandante.

Hoy, 25 años después, el grado de irritabilidad, o sea, como leemos, “una de las propiedades fundamentales de los seres vivientes que los induce a identificar cambios desfavorables y a reaccionar ante los mismos”, ha generado una desunión entre los venezolanos. Nos miramos los unos a los otros y lo que brota son expresiones cercanas al descontento y a ambientes, inclusive, más calamitosos. Seguro estamos que Luis Ugalde, sacerdote católico y sobrado conocedor de la filosofía ha de preocuparle y con razón, pues sabe que “la irritabilidad” forma parte de los mecanismos para alcanzar un equilibrio que les ayude a adaptarse a cambios tan bruscos. Hasta el extremo que hay quienes afirman que la patria de Bolívar está fuertemente afectada por una opinión pública dividida en dos extremos, pero también, en el interno de los partidos políticos. En criterio de unos cuantos “una sociedad gravemente enferma”, y la enfermedad está a punto de dejarnos de lado y con muy pocas excepciones.

Es por las razones expuestas que la postura de Luis Ugalde, además de valiente es por demás oportuna, pues contempla un camino para entendernos sin la daga de un ser superior y extraño, quien blandiendo el fuete nos guie, no a las esferas de nuestro beneficio, sino de terceros ubicados en las esquinas para aprovecharse de las consecuencias y arroparse, como lo revela la historia, con la obtusa túnica del “gendarme necesario” ductores del país en su propio beneficio, con migajas al socialmente excluido y la parte más significativa del botín a las arcas de las cúspides. La vieja historia del acontecer venezolano no puede repetirse y solo un acuerdo como el que propone el venezolano por ius solis y español por el sanguinis, nos conducirá a otro camino, el de la libertad y el progreso.

En los regímenes políticos va implícito el mandato de que la Carta Magna es de obligatorio cumplimiento, por lo que desconocerla si no es delito es una conducta reprochable, particularmente, para quienes gobiernan y aquellos que han hecho de la política su arte, profesión y oficio, pero que no corren con la suerte de mandar. Los opositores, imprescindibles en la democracia.

La justificación del “pacto político” que plantea Luis Ugalde es un llamado a leer la Carta Magna, a efectos de hacer un examen de cómo la hemos cumplido y corregir sus transgresiones si ese ha sido el caso. Para ello bastaría que gobierno y oposición conjuntamente o cada una por su lado se detengan en el Preámbulo del 17 de noviembre de 1999: 1. Estatuir una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentraliza, 2. Consolidar los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley, 3. Asegurar el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, 4. La cooperación pacífica entre las naciones y la integración latinoamericana y 5. La garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable. De seguidas el Texto tipifica a Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. La soberanía reside en el pueblo, al cual hay que escuchar, no únicamente a través del sufragio, también de sus reclamos. La observancia o no de los anhelos del constituyente terminarán definiendo la tipología de los gobiernos, siendo la dualidad más común la de democráticos y dictatoriales.

Una democracia sin aquiescencia ciudadana, sucumbirá. Y para que ello no suceda los acuerdos políticos, si bien es cierto que no son una panacea, la propia humanidad revela que han sido mecanismos eficientes para una verdadera democratización. En lo atinente a Venezuela, los pactos de Punto Fijo y de Ancha Base fueron mecanismos definitorios del régimen de libertades estatuido en el Texto constitucional de l961.

En el escenario de crispación que vivimos la propuesta de Luis Ugalde ha de ser bien recibida.

Fuente: Panampost

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