Tan solo unas horas después de que Yamil Acevedo murió en un hospital, los trabajadores de una funeraria —vestidos con trajes de protección personal— amarraron su ataúd en la caja de una camioneta pick-up, lo llevaron a un cementerio y lo enterraron en la oscuridad de la noche.
Por toda Nicaragua, las familias se están viendo obligadas a tener estos “entierros exprés”, funerales apresurados a todas horas de la noche, sin tiempo para llamar a un cura o comprar flores.
Los servicios se realizan de manera tan rápida y aleatoria, que a los familiares les preocupa que puedan ocurrir errores.
“El doctor dijo: ‘Si pueden enterrarlo lo más pronto posible, háganlo’”, dijo Amani Acevedo, la hija de Yamil Acevedo. “Ni siquiera sé si la persona que estaba dentro del ataúd era él”.
Afuera de los hospitales hay largas filas, y se han agotado las medicinas básicas en las farmacias. La popular temporada de béisbol ha sido suspendida, y los jugadores se están rehusando a entrar al campo.
Por todas partes se ven señales de que el coronavirus está arrasando Nicaragua.
Sin embargo, el gobierno nicaragüense insiste en que el virus está bajo control, con el número de víctimas más bajo por COVID-19 en Centroamérica.
Nicaragua, una nación de 6,4 millones de personas, es uno de los últimos países que se ha resistido a aceptar las medidas estrictas que se han desplegado por la mayor parte del mundo para detener la propagación de la enfermedad. Nunca cerró sus escuelas. No cerró los negocios. En el transcurso de la pandemia, el gobierno no solo permitió eventos masivos, sino que los organizó.
Las familias aseguran que se están enterrando las consecuencias de estas decisiones —literalmente—, al amparo de la oscuridad. Sin realizar ninguna prueba de COVID-19, les dicen que sus seres queridos murieron de neumonía y —por temor al contagio— los instan a enterrarlos lo más pronto posible.
Las organizaciones sanitarias están teniendo problemas para obtener una cifra precisa de los casos. Las pruebas son limitadas y están controladas por el gobierno. Los doctores y activistas que observan cómo las enfermedades respiratorias se propagan por la nación se están preparando para un desastre, apenas dos años después de que los levantamientos antigubernamentales en contra del presidente Daniel Ortega se tornaron violentos.
Frente a una crítica devastadora, el lunes 25 de mayo, el gobierno divulgó un informe en el que aseveró que las críticas estaban sembrando el caos, y que la gran mayoría de la gente del país, el segundo más pobre del hemisferio, no podía darse el lujo de no ir a trabajar a causa de un estricto cierre de emergencia.
En el documento, el cual fue publicado en línea, el gobierno comparó su estrategia con la de Suecia, desafió las tácticas de “una solución única para todos”, y arguyó que la respuesta de cada país frente a la pandemia debía ser diseñada con base en su propia realidad.
“A los países que han cerrado totalmente su economía les incomoda el ejemplo de los países que no aplican un cierre draconiano y no destruyen su economía para afrontar la pandemia”, dijo el gobierno en el documento.
El informe no mencionó a cuánta gente se le habían realizado pruebas del virus ni explicó por qué el gobierno había permitido que se llevaran a cabo eventos masivos según lo planeado: como festivales de comida y una marcha llamada “Amor en tiempos del COVID-19”.
Durante un evento preparado y televisado por el gobierno, Paul Oquist, un asesor de Ortega nacido en Estados Unidos, dijo que la gente del campo no podía resguardarse en casa porque estaba ocupada ordeñando vacas, recogiendo los huevos de sus gallinas y recolectando leña. Más o menos el 80 por ciento de los trabajadores de las ciudades nicaragüenses tiene un empleo informal, afirmó Oquist, y si no trabajan, no comen.
Oquist agregó que el sistema de salud del país estaba preparado para el brote porque el gobierno de Ortega había aumentado la cantidad de hospitales y doctores durante los últimos trece años. Se designaron 19 hospitales para responder al coronavirus y había una campaña masiva para desinfectar taxis, autobuses, escuelas y mercados.
Durante casi dos meses, el gobierno reportó tan solo un puñado de infecciones. No obstante, a finales de mayo, a medida que se volvieron más evidentes las señales de la propagación del virus, el conteo del gobierno aumentó diez veces y actualmente el Ministerio de Salud ha confirmado 759 casos y 35 muertes.
El Observatorio Ciudadano, un grupo anónimo de 90 doctores, epidemiólogos y otros voluntarios del sector público de la salud que formaron una organización clandestina para monitorear los casos en Nicaragua, aseguró que el número de muertes en ese país era de 805. Hasta el sábado habían contado 3725 casos.
El gobierno asegura que los casos rutinarios de neumonía, los cuales no superan la media normal, se están confundiendo con el coronavirus.
Acevedo dijo que lo absurdo del diagnóstico de neumonía dado a su padre, un asistente ejecutivo jubilado que murió después de dos semanas de enfermedad, fue resaltado por la hora de su funeral: la medianoche.
Aunque los expertos dicen que no es necesario, la gente que muere de “neumonía atípica” está siendo enterrada rápidamente debido a un aparente temor al contagio, lo que hace obvio el diagnóstico incorrecto, dijo la familia.
¿Desde cuándo —preguntó Acevedo en una entrevista— los nicaragüenses entierran a sus muertos a esas horas? Los casos de neumonía en otros años no habían llevado a funerales apresurados y nocturnos.
La pandemia ha llegado en una época en la que hay poca confianza en el gobierno de Nicaragua. Hace dos años, los enormes levantamientos en contra de Ortega dejaron cientos de personas muertas o encarceladas.
En el documento divulgado el 25 de mayo, el gobierno aseveró que sus opositores querían usar la pandemia para forzar un colapso económico y socavar la administración de Ortega mientras la economía se sigue tambaleando a causa de los levantamientos, que según el gobierno costaron más de 150.000 empleos.
Algunos doctores mencionaron que temen alzar la voz, pues podría costarles sus trabajos —o algo peor—, como sucedió de manera rutinaria durante la crisis política.
Carlos Quant, director de la unidad de enfermedades infecciosas en el Hospital Manolo Morales en Managua, dijo que al menos 100 profesionales de la salud de su hospital estaban enfermos, pero que la institución había dejado de realizar pruebas de la enfermedad a los miembros del personal.
Quant señaló que no estaba claro si había fallas en las pruebas adquiridas por el gobierno, que ha centralizado la realización de los test, o si hay un cuello de botella en el proceso para realizarlas y que cabía la posibilidad de que pocos de los pacientes que tal vez murieron de COVID-19, tuvieran la causa de muerte correcta registrada en sus certificados de defunción.
Quant señaló que no estaba claro si había una escasez de pruebas o un atascamiento en las instalaciones que las realizan —las cuales están centralizadas por el gobierno—, pero que cabía la posibilidad de que pocos de los pacientes que tal vez murieron de COVID-19 tuvieran la causa de muerte correcta registrada en sus certificados de defunción.
“No sé si esto es con una mala intención de llevar un sub registro, de ocultar información u ocultar datos, pero es muy fácil para el gobierno decir; ‘no, estas son neumonías atípicas’”, comentó. “Y claro, son neumonías atípicas porque sencillamente no muestreás”.
Como el gobierno centraliza las pruebas, es difícil para los hospitales privados realizar sus propios exámenes.
“Ocultan la información y ocultan las pruebas”, dijo Luis C. Siero Alfaro, cuyo padre, Cristóbal Siero Huembes, de 59 años, piloto de una aerolínea, murió el 15 de mayo. “Las noches que mi padre estuvo en el hospital militar, sacaban de 15 a 20 personas por atrás cada noche. Podías verlo. Veías a la gente filmándolo”.
La vicepresidenta Rosario Murillo, quien es también la primera dama y la portavoz del gobierno nicaragüense, ha desestimado los vídeos y los ha ha calificado como “noticias falsas” filmadas en otros países.
Pero un video de Facebook Live que Siero tomó del cuerpo de su padre llevado de la morgue al cementerio al anochecer, muestra escenas inconfundibles de Managua, incluyendo las estructuras de los “Árboles de la vida” que Murillo instaló por toda la capital en 2013, y que muchos han descrito como un símbolo del despilfarro por parte del gobierno.
El video de Siero muestra a un sepulturero con el torso desnudo trabajando de noche, con una camiseta sobre su rostro. En el video, cuando Siero le pregunta a los trabajadores funerarios por qué conducían tan rápido hacia el cementerio, un trabajador dijo que estaba “siguiendo órdenes”, pero no dijo de quién.
“Desde el momento en que lo ingresaron hasta que murió, mi padre nunca tuvo un resultado de prueba para COVID”, a pesar de tener todos los síntomas, dijo Siero.
Murillo no respondió a una solicitud de comentarios, y un pedido para entrevistar a la ministra de Salud no tuvo respuesta.
Jarbas Barbosa da Silva, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, la división regional de la Organización Mundial de la Salud, señaló que las autoridades sanitarias internacionales estaban teniendo problemas para obtener datos precisos de Nicaragua. La mayoría de los países ofrece cifras diarias, mientras que Nicaragua tan solo publica cifras semanales.
Nicaragua no ha aceptado la oferta de la organización de enviar expertos internacionales a realizar un análisis epidemiológico y una evaluación de los servicios de salud nicaragüenses, dijo. Sin embargo, agregó que, en semanas recientes, el gobierno por fin había accedido a limitar el tamaño de los eventos masivos.
Aunque el gobierno no ha cerrado escuelas, la mayoría de los salones de clases están vacíos: los padres mantienen a sus hijos en casa.
“Todo mundo tiene que saber la verdad del crimen que está cometiendo el gobierno”, denunció Elena Cano, cuyo hijo de 46 años, Camilo Meléndez, administrador de las instalaciones del edificio de la Asamblea Nacional, murió el 19 de mayo después de haber intentado obtener atención médica varias veces.
Su certificado de defunción dice que murió de una falla respiratoria aguda como consecuencia de una “neumonía atípica grave”.