Con las limitantes a los donativos que se pretende imponer mediante la modificación al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), se promueve que solo el Estado pueda atender a los grupos vulnerables de la sociedad, cuando está visto que en los primeros tres años de este gobierno no solo no han podido, sino que los han afectado incluso al poner en riesgo sus vidas.
Calificada como una medida perversa que solo busca mayor captación de impuestos y monopolizar la asistencia social, desde el Congreso diversos grupos parlamentarios amenazan con impedir que este esquema fiscal vulnere aún más a esos grupos en estado de vulnerabilidad que el gobierno no atiende.
También la sociedad civil organizada alzó la voz contra esta medida represiva: Tania Ramírez, presidenta de la Red de Derechos de la Infancia en México (Redim), etiquetó la propuesta del Ejecutivo como medida con efectos regresivos en términos de derechos humanos. Recordó que ya hubo bajas entre este tipo de organizaciones cuando la actual administración decidió dejar de darles apoyo y puntualizó que 74 por ciento de las OSC reciben recursos en carácter de donatarias calificadas.
David Pérez Rulfo, presidente de Corporativa de Fundaciones, advirtió que la intención es un tema recaudatorio por parte del Ejecutivo, pero el gobierno no entiende que lo que se dona no es lo que el Estado deja de recaudar, ya que el trabajo de las OSC multiplica cinco veces ese valor a la hora de ayudar.
Kenji López, presidente de Cáncer Warrior, dijo que a mayor trabajo de la sociedad civil hay tristemente mayor restricción “Si no les dan, no les quiten” advirtieron los diputados del PRI, Idelfonso Guajardo, Laura Barrera, Yerico Abramo Masso, Ana Lilia Herrera, Norma Aceves García, Melissa Vargas, Jaime Bueno y Blanca Alcalá, quienes evidenciaron que con este tipo de acciones el gobierno de Morena muestra su insensibilidad, una vez más, con la labor social que realiza la sociedad civil en favor de grupos vulnerables y en temas que conciernen y benefician a todos los mexicanos.
La modificación propuesta el 8 de septiembre de 2021 por el Ejecutivo federal implica la limitación de los donativos de personas físicas a donatarias autorizadas, por la cantidad resultante menor a cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir 163 mil 467 pesos o 15 por ciento del total de ingresos del contribuyente, incluyendo los ingresos por los que no se pague impuestos.
Las y los legisladores estimaron que, de aprobarse estas modificaciones, implicarían una afectación a más de cinco mil organizaciones donatarias, constituidas por un total de 8 mil 221 millones 294 mil 801 pesos, perjudicando acciones de asistencia jurídica, orientación en problemáticas de maltrato y violencia, apoyo a personas con discapacidad y servicios médicos, atención a procesos educativos de niñas, niños y adolescentes, ayuda en sus tratamientos médicos y hospitalarios, así como apoyo en albergues y casas hogar.
Además, manifestaron su preocupación por la afectación que pueden tener personas en condición de discapacidad y las mujeres. Reclamaron que durante los últimos tres años el gobierno federal haya acorralado a estas organizaciones, reduciendo drásticamente sus recursos financieros.
Indicaron que aunque se trata de una medida que busca recaudar más impuestos, es poco lo que le representaría al erario y mucho para las organizaciones de la sociedad civil, ya que perjudicaría a 2 millones de familias en condición de vulnerabilidad.
La reforma al artículo 151 de Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) también propone que los donativos se sujeten a la limitante global en las deducciones personales, lo que desmotivaría a personas físicas a apoyar a organizaciones de la sociedad civil ante la restricción para descontar estas aportaciones.
También el PAN, PRD y MC han hecho público su rechazo a este engendro fiscal que pone en evidencia la falta de solidaridad y empatía del gobierno y sus legisladores con la gente que más sufre, por lo que anunciaron que este tipo de ocurrencias no pasaran en la Cámara de Diputados.