El ordenamiento jurídico que han creado las dictaduras del castrochavismo en el siglo XXI para Venezuela, Bolivia y Nicaragua es imposición, copia y perfeccionamiento del sistema que oprime al pueblo cubano desde hace 63 años. Es la tragicomedia de vestir de legalidad la comisión de delitos de acusación y denuncia falsa, falsificaciones de pruebas, supresión de derechos, violación de derechos humanos, torturas, concusión, extorsiones, prevaricación, secuestros, encarcelamientos, persecuciones y más. De esto se trata el “estado de dictadura” que es la institucionalización del crimen organizado al servicio del terrorismo de Estado.
Desde los fusilamientos que la dictadura de Cuba realizó a partir de 1959 hasta los juicios con penas abominables contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 y siguientes, la denominada justicia cubana solo ha violado los derechos humanos y cometido crímenes de lesa humanidad con la vergonzosa máscara de autodenominarse justicia. Este exacto método de terrorismo de Estado se repite por los regímenes de Venezuela, Bolivia y Nicaragua como lo certifican las listas de presos políticos, torturados, asesinados en prisión y exiliados.
Este tenebroso sistema logra efecto internacional porque las acusaciones, fallos y sentencias de los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se remiten a otros países como actuados de derecho de esos estados y dan lugar a la internacionalización de la persecución política y la operación del “asesinato de la reputación” de las victimas de las dictaduras. De esta forma las dictaduras atribuyen sus crímenes sus víctimas y construyen narrativas falsificadas, que cuanto menos terminan por poner en cuestión a los verdaderos defensores de la libertad.
Este método funciona con la participación de investigadores, fiscales, procuradores, jueces, magistrados de tribunales de apelación, integrantes de las denominadas cortes supremas de justicia y tribunales de control constitucional. Se trata de individuos de existencia real, en su mayoría abogados o licenciados en derecho, individuos con formación académica en Derecho cuya base es el conocimiento y estudio de los derechos humanos, el concepto de justicia y la noción de estado de derecho.
Los funcionarios de la represión de las dictaduras -mal llamados sistemas de justicia- en lugar de ser garantes de la libertad y los derechos fundamentales en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, son “verdugos”, violadores conscientes y reincidentes de los derechos humanos que han convertido los juicios en linchamientos, pero no son anónimos, firman sus atrocidades y además ostentan beneficios públicos en las dictaduras. Son “fiscales y jueces infames” porque “carecen de honra, proceden con maldad y vileza”.
Para defender del linchamiento judicial a las víctimas de casos como los que están sucediendo ahora mismo en Cuba contra los manifestantes del 11-J, o los presos y perseguidos políticos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, hay que identificar y publicar los nombres de los fiscales y jueces infames, documentar cada uno de los casos en que violan los derechos humanos y procesarlos internacionalmente porque sus acciones y omisiones son “crímenes de lesa humanidad” integrados en el “terrorismo de Estado” de las dictaduras.
Fuente: Diario las Américas