Trágico fue el inicio del siglo 21 para Bolivia. Pues los primeros años del nuevo milenio estuvieron caracterizados por la violencia, el desorden y la muerte. Veamos.
El año 2000, Evo Morales, Oscar Olivera y Felipe Quispe produjeron La guerra del agua y El bloqueo del altiplano contra el gobierno del presidente Hugo Banzer. El general Banzer no fue derrotado porque el movimiento no estaba totalmente articulado. Sin embargo, los subversivos usaron esos primeros episodios como entrenamiento para futuras revueltas ―gimnasia revolucionaria, los llamó Álvaro García Linera―.
En enero de 2002, Evo Morales organizó un cerco al mercado de la coca en Sacaba. En esas violentas jornadas, el teniente Marcelo Trujillo, el subteniente Saúl Coronado Gastelú y el policía Antonio Gutiérrez fueron cruelmente asesinados mientras eran evacuados en una ambulancia desde Sacaba a Cochabamba. Varios testigos, entre ellos el cocalero Félix García Cáceres, acusaron a Morales como autor intelectual del linchamiento a los oficiales del orden. Con esas pruebas, varios parlamentarios pidieron el desafuero de Evo Morales, y logró ser expulsado del Congreso por un corto tiempo. Empero estos casos jamás llegaron a proceso. Se retiró las acusaciones a cambio de la paz en el Chapare.
Las elecciones del año 2002 fueron ganadas por Gonzalo Sánchez de Lozada. El nuevo gobierno asumió funciones en medio de una crisis económica y ―al igual que lo que sucedía en Venezuela, Nicaragua y otros países― una feroz campaña contra los partidos «tradicionales» y los líderes «neoliberales».
El 06 de agosto de 2002, el mismo día de la posesión de nuevo gobierno, Evo Morales convocó al pueblo a derrotar al «gringo» ―término despectivo que usaban los subversivos para referirse a Sánchez de Lozada―. Por su parte, el nuevo gobierno buscaba unidad y acuerdos políticos para superar la crisis económica.
En enero de 2003, Evo Morales organizó bloqueos en la zona cocalera para paralizar el gobierno y perjudicar al pueblo, firmó acuerdos cuando fue derrotado y de inmediato volvió a conspirar. El motín policial y el intento de asesinato del presidente en febrero de 2003 debilitaron al gobierno. En septiembre empezaron nuevos hechos de violencia, que cobran fuerza con el secuestro masivo de más de 1000 turistas nacionales y extranjeros producido en Sorata. Además, de la subsecuente emboscada armada a los turistas, a los policías y militares que los custodiaban de retorno a La Paz.
Nota aparte: en su libro La caída de Goni, el fallecido dirigente campesino Felipe Quispe dice lo siguiente: «En la emboscada de campesinos en la población altiplánica de Warisata, en el departamento de La Paz, participaron personas armadas con instrucción guerrillera y tenía el objetivo principal de matar al entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, conocido como el ‘Zorro’».
Sin embargo, el personaje que determinó el curso de los acontecimientos fue el entonces vicepresidente Carlos Mesa. Quien, con un gran sentido de oportunidad, envió una carta de renuncia. Aunque nunca llegó a hacerse efectiva, fue la señal que esperaban los revoltosos para acabar con el gobierno de Sánchez de Lozada.
En su ensayo, La dictadura Bolivia del siglo 21, Carlos Sánchez Berzaín relata lo siguiente: «La caída de Sánchez de Lozada era un tema que Mesa venía preparando. En enero del año 2003, Mesa me visita en mi casa y me propone llevar adelante un proyecto para separar a Goni del poder y que él (Carlos Mesa) se quede de presidente y que yo me quede a cargo de todo el Gobierno».
Finalmente, el 17 de octubre de 2003, Sánchez de Lozada renunciaba a la Presidencia, y asumía Carlos Mesa.
Aunque Carlos Mesa llamó a su gestión un «gobierno de ciudadanos» fue, en realidad, un cogobierno con Evo Morales. De hecho, al día siguiente de ser posesionado, Mesa, en la ciudad de El Alto, dirigió un discurso donde se comprometía a cumplir la agenda de octubre, y fijando como objetivos: 1) llamar a un referéndum sobre el gas, 2) convocar a una asamblea constituyente, 3) diseñar una nueva ley de hidrocarburos y 4) enjuiciar a Sánchez de Lozada y sus colaboradores.
A tan sólo dos semanas de jurar como presidente, Carlos Mesa firmó el decreto 27234, una amnistía para los violentos y subversivos que causaron terror durante la mal llamada Guerra del gas. El decreto luego es enmendado para especificar que la amnistía sólo aplica a los movimientos sociales, y no los miembros de las fuerzas del orden ni las autoridades del gobierno anterior.
Sin embargo, como quien juega con fuego siempre se quema, los mismos aliados de Carlos Mesa lo pusieron bajo presiones y, el 10 de junio de 2005, dejó el poder en manos de Eduardo Rodríguez (presidente de la Corte Suprema de Justicia). El nuevo mandatario tenía como única misión llamar a elecciones en un plazo no mayor a seis meses.
Las elecciones fueron ganadas por Evo Morales. Lo logró sobre el desprestigió del sistema político del país y con todo el apoyo de Cuba ―que desplegó todos sus mecanismos de inteligencia y publicidad―.
Una vez instalado en el poder, Morales destruyó cualquier vestigio de institucionalidad democrática. Para esto se guío en el modelo de Hugo Chávez y Fidel Castro, e instauró la Asamblea Constituyente, terminó con la independencia de poderes, descabezó las fuerzas del orden, afianzo el narcotráfico en el país, y metió sus garras en la renta gasífera.
Los efectos de la destrucción de los marcos institucionales en Bolivia son múltiples.
Por ejemplo, el 30 de septiembre pasado, la firma calificadora Moody’s redujo la calificación de Bolivia de estable a negativa. Eso se debe a la caída de los ingresos del país, erosión fiscal, menor ingreso de divisas por la venta de hidrocarburos y a la incertidumbre política.
Asimismo, la organización World Justice Project ―que elabora el Índice del Estado de derecho en el mundo― ubicó a Bolivia en la posición 29 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe; en la 29 de 35 entre países de ingreso mediano bajo; y el puesto 129 de 139 a nivel mundial.
Sobre el factor Límites al poder gubernamental, que mide si quienes gobiernan están sujetos a la ley, Bolivia ocupa el puesto 116 del ranking. Este factor incluye los mecanismos constitucionales e institucionales que limitan a los funcionarios y agentes del gobierno, y que les obligan a rendir cuentas. También incluye los controles no gubernamentales, como una prensa libre e independiente.
En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, en Bolivia, para el año 2003 existían tres mil hectáreas de coca ilegal y hoy –según investigadores como el periodista Manuel Morales Álvarez– alcanzan más de setenta mil. Aunque también debemos considerar hechos como la aprobación de la Ley N.- 907, que amplió la frontera cocalera de 12000 a 22000 hectáreas en el Chapare cochabambino.
En su trabajo, Hugo Chávez o espectro, el periodista Leonardo Coutinho reveló que Cuba, Venezuela y Bolivia han creado un puente aéreo para el tráfico de la cocaína tan grande y poderoso que –con el conocimiento de altos jefes militares y sin el menor de los reparos– los aviones de la Fuerza Aérea Boliviana aterrizan en la terminal presidencial de Nicolas Maduro. Es decir, que el gobierno –quien nos presenta caídas de pequeñas fábricas y derrotas a ciertos grupos de narcotraficantes– es el mayor productor y exportador de cocaína.
Frente a toda esa realidad objetiva, es más que evidente que Bolivia ya perdió todo marco institucional que garantice el mínimo de respeto a la vida, la libertad y la propiedad de los bolivianos. En resumen, la patria está secuestrada por el socialismo del siglo 21. Un cartel de delincuencia internacional que convirtió al país en un narcoestado.
Con todo, la esperanza de Bolivia está en su población, que ya en 2019 demostró que ama su libertad ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se rinde!
Fuente: PanamPost