En los años recientes, se ha multiplicado la sevicia de las autoridades de Trinidad y Tobago, TT, en perjuicio de los refugiados venezolanos. Familias enteras, niños y jóvenes, en particular, que huyen con sus padres del apocalipsis desencadenado por la satrapía encabezada por Maduro Moros.
“Cecodap”, ONG defensora de los derechos de los menores y adolescentes, ha documentado episodios atroces. Para referirnos, a uno, tan solo. El de noviembre de 2020, con 27 venezolanos, entre ellos, 16, impúberes, detenidos y constreñidos, en medio de una tormenta, a poner proa de regreso hacia Venezuela pese al evidente riesgo de naufragio. Tras la negativa de los tripulantes, se produjo un largo forcejeo que culminó con sendos mandamientos judiciales desacatados una y otra vez, por los envalentonados órganos de seguridad. Hasta que los matarifes, a causa del clamor público mundial, muy a regañadientes, permitieron a los venezolanos, permanecer en TT. Pero en lugar de socorrerlos, darles de comer, restañar sus heridas, los encarcelaron, niños y jóvenes incluidos.
En virtud del principio de legalidad penal, sólo es posible castigar por lo que se ha hecho, no por lo que se es o por la sola pertenencia a determinado grupo de personas.
Las modalidades de tratos crueles e inhumanos, lindantes con la tortura, ejecutados por las autoridades trinitarias, en perjuicio de los expatriados venezolanos, se multiplican. Por si fuese poco, a los muy contados, que logran de ACNUR, sus certificaciones como refugiados, los agentes de seguridad locales les desconocen tal estatus mediante la vía expedita de hacer trizas sus credenciales.
El ius migrandi, inherente al instinto de supervivencia, es un derecho inalienable. En el envés de la atribución de cada Estado de velar sus fronteras, existe la obligación de respetar las garantías fundamentales de los migrantes forzosos.
TT., es Estado firmante (10 de noviembre de 2000) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y del Protocolo que lo complementa (1967). Además, es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que está obligado “a proteger los derechos de éstos que se encuentren en su territorio, independientemente de sus nacionalidades”.
Kant reivindicó de manera explícita no solo el “derecho a emigrar” sino también el “derecho a inmigrar”, que formuló como “tercer artículo definitivo para la paz perpetua”. Nos enseñó hace tres siglos- “que es un derecho y no una filantropía. La hospitalidad (Wirthbarkeit) concreta, la expectativa legítima de todo extranjero a no sufrir trato hostil por la sola circunstancia de haber llegado a territorio distinto al de su nacimiento”. En situaciones, como las actuales, emigrar, constituye la única opción de sobrevivencia para millares de mis compatriotas.
En febrero de 2021, el “Parlamento Internacional para los Derechos Humanos” (PIDH), otra destacada ONG, en la materia denunció que en los casos de los expatriados venezolanos, el gobierno de, Keith Rowley, Primer Ministro de TT., ha “violentado diversos instrumentos internacionales, entre otros, el Estatuto de Roma”.
Rowley, a su nutrido prontuario ha sumado, a partir del sábado antepasado, el de infanticida. Los ilícitos penales, aberrantes, los ha venido cometiendo por años, contumaz, sin solución de continuidad, generalizados o sistemáticos, con conocimiento de parte, como política de Estado, contra grupos de venezolanos con legítimo derecho a refugio. Sus perpetraciones, muchas veces jactanciosas, generan a todas luces colaboración -en el menos grave de los supuestos- con el criminal de lesa humanidad que desmanda en Caracas.
«El liderazgo equivocado de Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha sido el único responsable por desencadenar la actual situación de Venezuela». A tanto, se ha atrevido el Primer Ministro de TT., al despachar con argumento tan frívolo, la hecatombe compatriota.
Ahora, para evadir su evidente responsabilidad por el asesinato, el cinco del presente febrero del bebé venezolano, hijo de los esposos, también venezolanos, Yermi Santoyo y Darielvis Sarabia -esta última también herida- ha invocado la eximente de temor razonable o insuperable. Como si una balsa destartalada, con 20 hambrientos a bordo, que apenas podía mantenerse a flote, fuesen de temer. Menos aún, por la curtida marinería de la turbonave guardacostas, TTS Scarborough, de 60 metros de eslora por 11 de manga, con equipos de última generación, visores nocturnos, de visualización de cartas, GPS, sensores electrónicos, miras asistidas por rayos láser, a un costo total de US $54 millones, por lo que, ante el supuesto pánico que infundían los aspirantes a refugio resultó imperioso dispararles varias ráfagas de ametralladoras calibre .50.
La responsabilidad penal, personalísima, del referido Primer Ministro, como el más alto eslabón de la cadena de mando en el infanticidio del hijo de la familia, Santoyo-Sanabria, perpetrado el sábado antepasado, clama al Cielo. Imposible quedarse de brazos legales cruzados.
Fuente: Diario las Américas
Las modalidades de tratos crueles e inhumanos, lindantes con la tortura, ejecutados por las autoridades trinitarias, en perjuicio de los expatriados venezolanos, se multiplican. Por si fuese poco, a los muy contados, que logran de ACNUR, sus certificaciones como refugiados, los agentes de seguridad locales les desconocen tal estatus mediante la vía expedita de hacer trizas sus credenciales.
El ius migrandi, inherente al instinto de supervivencia, es un derecho inalienable. En el envés de la atribución de cada Estado de velar sus fronteras, existe la obligación de respetar las garantías fundamentales de los migrantes forzosos.
TT., es Estado firmante (10 de noviembre de 2000) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y del Protocolo que lo complementa (1967). Además, es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que está obligado “a proteger los derechos de éstos que se encuentren en su territorio, independientemente de sus nacionalidades”.
Kant reivindicó de manera explícita no solo el “derecho a emigrar” sino también el “derecho a inmigrar”, que formuló como “tercer artículo definitivo para la paz perpetua”. Nos enseñó hace tres siglos- “que es un derecho y no una filantropía. La hospitalidad (Wirthbarkeit) concreta, la expectativa legítima de todo extranjero a no sufrir trato hostil por la sola circunstancia de haber llegado a territorio distinto al de su nacimiento”. En situaciones, como las actuales, emigrar, constituye la única opción de sobrevivencia para millares de mis compatriotas.
En febrero de 2021, el “Parlamento Internacional para los Derechos Humanos” (PIDH), otra destacada ONG, en la materia denunció que en los casos de los expatriados venezolanos, el gobierno de, Keith Rowley, Primer Ministro de TT., ha “violentado diversos instrumentos internacionales, entre otros, el Estatuto de Roma”.
Rowley, a su nutrido prontuario ha sumado, a partir del sábado antepasado, el de infanticida. Los ilícitos penales, aberrantes, los ha venido cometiendo por años, contumaz, sin solución de continuidad, generalizados o sistemáticos, con conocimiento de parte, como política de Estado, contra grupos de venezolanos con legítimo derecho a refugio. Sus perpetraciones, muchas veces jactanciosas, generan a todas luces colaboración -en el menos grave de los supuestos- con el criminal de lesa humanidad que desmanda en Caracas.
«El liderazgo equivocado de Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha sido el único responsable por desencadenar la actual situación de Venezuela». A tanto, se ha atrevido el Primer Ministro de TT., al despachar con argumento tan frívolo, la hecatombe compatriota.
Ahora, para evadir su evidente responsabilidad por el asesinato, el cinco del presente febrero del bebé venezolano, hijo de los esposos, también venezolanos, Yermi Santoyo y Darielvis Sarabia -esta última también herida- ha invocado la eximente de temor razonable o insuperable. Como si una balsa destartalada, con 20 hambrientos a bordo, que apenas podía mantenerse a flote, fuesen de temer. Menos aún, por la curtida marinería de la turbonave guardacostas, TTS Scarborough, de 60 metros de eslora por 11 de manga, con equipos de última generación, visores nocturnos, de visualización de cartas, GPS, sensores electrónicos, miras asistidas por rayos láser, a un costo total de US $54 millones, por lo que, ante el supuesto pánico que infundían los aspirantes a refugio resultó imperioso dispararles varias ráfagas de ametralladoras calibre .50.
La responsabilidad penal, personalísima, del referido Primer Ministro, como el más alto eslabón de la cadena de mando en el infanticidio del hijo de la familia, Santoyo-Sanabria, perpetrado el sábado antepasado, clama al Cielo. Imposible quedarse de brazos legales cruzados.
Fuente: Diario las Américas