CIUDAD DE GUATEMALA.- El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo llevó personalmente al Congreso un proyecto de reforma legal destinado a destituir a la fiscal general del país, Consuelo Porras.
La fiscal Porras, sobre quien pesan sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea al considerarla «corrupta», puso en jaque la transición presidencial de enero pasado al emprender en 2023 acciones judiciales contra la elección de Arévalo y su partido Semilla.
«La fiscal general ha ignorado casos graves de corrupción y narcotráfico y se ha enfocado en atacar la democracia y la voluntad del pueblo plasmada en las elecciones. El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya», según el gobernante izquierdista.
Este movimiento se produce en medio de crecientes tensiones entre el gobierno y la Fiscalía, con Porras enfrentando acusaciones de corrupción, que ejecuta acciones legales contra la elección de Arévalo y su partido en 2023 señalada de irregularidades.
Arévalo destacó la necesidad de que Porras rinda cuentas y sea removida de su cargo, aunque carece de la autoridad para hacerlo directamente. Su proyecto de reforma busca restablecer los criterios constitucionales para la destitución del fiscal general, revirtiendo una medida tomada por el Congreso en 2018.
El presidente advirtió a los legisladores que oponerse a esta reforma sería, según él, «perpetuar la corrupción e impunidad» en el país, aunque el Congreso está dominado por partidos que podrían tener intereses contrarios a la medida.
Por su parte, Porras presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, argumentando que las acciones del presidente podrían poner en peligro su integridad física y la de otros funcionarios de la Fiscalía.